La medida busca uniformar criterios y fomentar un mejor uso de estrategias tecnológicas.

El Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, en inglés) respaldó el Proyecto de la Cámara 142 (P. de la C.142) que busca enmendar el artículo 7 de la Ley 151-2004, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”.

“La iniciativa fomenta un gobierno más accesible, transparente y centrado en el cuidado, mediante uso estratégico de las tecnologías de información y más avanzadas. Esto se fundamenta en la función esencial de revisar y actualizar el marco jurídico vigente con miras de adaptar la gestión pública a las necesidades cambiantes en el gobierno, utilizando adelantos tecnológicos disponibles que disfrutamos todos los días”, señaló el ente en el memorial explicativo presentado durante la vista pública convocada por Comisión de Reorganización, Eficiencia y Diligencia, presidida por el representante Ángel Morey Noble.

La medida tiene la intención de consolidar las disposiciones relacionadas con la aplicación de la política pública y derogar la Ley 98-2002, conocida como “Ley de Información de Educación e Información al Usuario de Servicios Gubernamentales”. Esta establece que las agencias y corporaciones públicas que rinden servicios básicos a la ciudadanía deben instituir programas de información y educación sobre los planes y proyectos de mejoras que lleven a cabo; y para otros fines relacionados.

“La Ley 98-2002 estaba enfocada en varios servicios esenciales, donde cada agencia era responsable de llevar su estrategia de comunicación a los distintos medios. Dado a esto, se establece la Ley 151-2004, a la cual estamos incorporando los aspectos contemplados en la Ley 98-2002, para que todo recaiga uniformemente, haciendo más fácil los procesos y la información que el gobierno tiene que ofrecer a la ciudadanía de Puerto Rico”, explicó Morey Noble durante la vista.

Según PRITS, la iniciativa es acertada porque “esto permitirá uniformar criterios y asegurar el cumplimiento efectivo de esta política pública”, sostuvo el ente.

Asimismo, el representante popular Ramón Torres Cruz dejó de un lado las diferencias en la visión política al reconocer la importancia de trabajar proyectos como estos.

“Me parece meritorio mencionar que no podemos seguir viendo el gobierno como fincas privadas, por agencias. Tiene que ser una sola visión. Este proyecto de ley es el paso correcto en ese sentido.  Proyectos como este son los que deben bajar al cuerpo legislativo y ser aprobados por unanimidad, independientemente de todos los partidos que estemos allí”, abordó Torres Cruz.

Por su parte, la Oficina de Presupuesto Asamblea Legislativa (OPAL) también avaló el proyecto y brindó sus impresiones por escrito, indicando que “mover y derogar la Ley 98-2002 e incorporarla a la Ley 2004, no tiene ningún impacto fiscal. Ya que las disposiciones establecidas en la Ley 98-2002 serían incorporadas en la 151-2004. El deber de las agencias permanece inalterado con la propuesta legislativa”.

La Comisión de Reorganización, Eficiencia y Diligencia ordenó una vista ejecutiva para revisar el informe de la vista pública y llevar la medida a aprobación el próximo lunes, 15 de septiembre, a las 10:00 a.m.