El controvertible plan en Cabo Rojo ha generado interés debido a los señalamientos públicos de potenciales daños a reservas naturales.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, sostuvo que, hasta la fecha, no existen razones válidas para que el proyecto Esencia no continúe en marcha.

El controvertible plan en Cabo Rojo ha generado interés debido a los señalamientos públicos de quienes se oponen a la intención de construir residencias para personas con alto poder adquisitivo en una zona protegida. De hecho, en el Capitolio varios legisladores lograron la aprobación de resoluciones para que se investiguen los potenciales efectos del proyecto y, además, los decretos contributivos concedidos que ascienden a $400 millones.

“Hay que recordar que es una finca privada, no del gobierno. (Los dueños) decidieron desarrollar un proyecto cumpliendo con la ley hasta el momento. Si el proyecto está en ley y orden, entendemos que no debe haber problemas con que transcurra”, aclaró Peña Payano.

Sin embargo, se le recordó que el gobierno es la entidad con la autoridad y responsabilidad de aprobar los requeridos permisos aun en fincas privadas con valor ecológico. Ciudadanos de la zona argumentan que la calidad de los servicios de agua potable y energía se verán afectados.

“Se escuchan esas quejas. Lo que hay ahora es una declaración de impacto ambiental, faltan muchas más etapas. Estos proyectos han pasado en Puerto Rico anteriormente con hoteles y hay que evaluarlo en su justa perspectiva en cómo afectan a las personas de la zona. Vivo en San Juan y no puedo opinar de lo que está pasando en Cabo Rojo si no me veré afectado. Uno lo veo de una perspectiva más amplia, pero considero que debemos esperar que las etapas transcurran y el gobierno seguirá escuchando a todas las partes”, afirmó.

El senador independiente Eliezer Molina desea que se investigue por medio de la Resolución del Senado 459 la capacidad actual y futura del sistema de agua en Cabo Rojo.

Además, la Resolución del Senado 9, presentada por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa, ordena investigar el proceso de evaluación con el fin de examinar la información sometida por los proponentes ante las agencias gubernamentales, la manera en que dicha información fue analizada y determinar la viabilidad real del proyecto.

Las aprobaciones de las resoluciones ocurrieron el siguiente día de una manifestación masiva que partió desde el Escambrón hasta La Fortaleza como método de protestar el desarrollo de residencias que superan los $2 millones, hospederías y campo de golf, entre otros.

“El desarrollo económico no tiene por qué excluir o ser contradictoria a la protección del medio ambiente. Esta administración ha promovido el desarrollo económico e inversión de diferentes jurisdicciones para mejorar las circunstancias económicas de Puerto Rico”, dijo Peña Payano.

“Hubo una protesta, se escuchó el reclamo que hubo al respecto. Transcurrió sin incidentes ni agresiones, así que extiendo mis felicitaciones a los protestantes porque se demostró que puede haber una libertad de expresión y el estado respetándolo”, continuó.

Peña Payano indicó que, a pesar de que la Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada, no significa que los interesados en el proyecto tienen luz verde para iniciar.

“Es parte de las etapas que tiene todo proyecto según dispone la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Hubo procesos de vistas públicas, reuniones con comunidades y esta es la etapa intermedia que tiene cualquier proyecto de desarrollo. No significa que se va a construir mañana”, concluyó.

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