El plan de ajuste fiscal propone una reestructuración de las agencias, cierre de escuelas, flexibilización en el uso de las alianzas público privadas para llevar a cabo obra y mayor generación de energía por parte de la empresa privada, según fuentes.

Habrá también una reforma laboral aunque se ha dicho que no se espera que sea tan drástica como lo que propuso la economista Anne Krueger en su informe sobre el estado fiscal de Puerto Rico. Entre algunas, destaca la eliminación de los bonos, limitaciones a la paga extra, reducción de vacaciones, aumento en el periodo probatorio para nuevos empleados, y eximir a Puerto Rico de tener que cumplir con las regulaciones de salario mínimo federal.

Tal como se anticipó, se crearía una Junta de Control Fiscal local para implantar el plan, pero las fuentes no saben cómo será la misma.

Se espera que el Gobernador reciba hoy, martes, el informe del Comité de Recuperación Económica para revisarlo. El mismo se haría público después porque el Gobernador podría haber cambios al mismo. Ya para octubre se enviarán medidas a la Legislatura.

Mientras, el alcalde de Comerío, José A. Santiago, sostuvo que aunque no tiene datos del plan pero ya se le anticipó a los municipios que habrán recortes, como la eliminación el bono navideño, del cual el gobierno paga el 50%.

También se ha planteado algún tipo de descentralización de servicios para que lo hagan los municipios y la consolidación de agencias gubernamentales. No obstante, la idea de que los municipios asuman la recolección del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) quedó en nada porque el Departamento de Hacienda ya anticipó que no puede compensarle a los municipios el cobro. Entretanto, ya se aprobó legislación para crear el llamado ‘IRS criollo’ que llevará a cabo la tarea de monitorear la recolección del IVU.

De otro lado, el economista Alejandro Silva dijo que la propuesta debe incluir un plan de desarrollo económico pero sin quitar beneficios a los trabajadores porque se limitaría su poder adquisitivo, afectando a su vez los recaudos del gobierno. Silva dijo que el gobierno debe hacer mayores esfuerzos por impulsar a los empresarios locales emergentes.

Entre los rumores de pasillo, se habla de cerrar unas 400 escuelas y reducir los beneficios y servicios de salud, dos de los gastos más grandes que tiene el gobierno.

El representante Luis Raúl Torres, quien ya anticipó que le votará en contra a cualquier iniciativa que le quite derechos a los trabajadores, sostuvo que espera que se haga una auditoría de la deuda porque ya eso está establecido en ley. Sin embargo, todavía no se han nombrado las personas que auditarán la deuda.

Según fuentes no se prevé que haya cierre de recintos pero si alguna reducción a los subsidios para la Universidad de Puerto Rico.

También se espera la privatización de algunos servicios del gobierno, como el Fondo del Seguro del Estado. Al igual, se espera que se expanda el que firmas privadas puedan generar energía.El senador Ramón Luis Nieves así como el representante Jesús Santa recordaron en entrevistas separadas que la ley de reforma energética ya provee para que se expanda la generación de energía en el sector privado.

Rivera dijo que ya la AEE produce energía con dos plantas que están en manos privadas y que se espera que ese tipo de acuerdo se expanda.

Santa, quien lidiaría con una reforma laboral, dijo que ‘no visualizó recorte de beneficios sino más flexibilidad’ a la hora de hacer negocios.