Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO en inglés) divulgado el miércoles coloca en la Administración Federal de Manejo de Desastres (FEMA) y en el Departamento de Energía federal (DOE) la responsabilidad principal por el hecho de que solo el 25% de las asignaciones federales para la reconstrucción de la red eléctrica se hayan desembolsado a nueve años del paso del huracán María.

La evaluación fue realizada para el congresista demócrata por California, Jared Huffman, quien lo publicó con una crítica a que el DOE quite a envejecientes fondos que les otorgarían sistemas solares y de baterías, para dárselos a New Fortress Energy (NFE) en la forma de un gasoducto para conectar la instalación de la empresa en la bahía de San Juan a la central de San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). “El pueblo de Puerto Rico lleva nueve años esperando para que el gobierno federal cumpla su palabra… Este informe deja claro que el gobierno federal le ha roto su promesa a Puerto Rico, y los demócratas del Comité seguiremos exigiendo rendición de cuentas hasta que eso cambie”, afirmó en un comunicado que suscribió también el comisionado residente, Pablo Hernández Rivera, quien tiene pendiente un proyecto congresional para crear un grupo de trabajo dedicado a la red en la isla.

Uno de los hallazgos del GAO hace eco de un señalamiento que está haciendo directamente desde 2024 el Centro para una Nueva Economía (CNE), a los efectos de que las tareas de reconstrucción de la red están sujetas a la intervención de demasiadas entidades, tanto del gobierno federal como el estatal. De hecho, para su evaluación, el equipo del GAO partió de 13 planes o informes relevantes a la reconstrucción de la red que han hecho ocho agencias o entidades distintas.

El informe también revela que la constante en el manejo de fondos federales para la red eléctrica en la isla es un “Recovery Support Function Leadership Group Energy Subgroup for the Caribbean” que se reúne todos los meses. Pero, “los oficiales de Puerto Rico no son miembros formales del grupo”. Las agencias que lo componen son FEMA, DOE, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), el Departamento del Interior, el Departamento del Tesoro y la Administración de Protección Ambiental.

Lo que daba algún tipo de guía en los trabajos era un memorando de entendimiento de 2022 que delineaba roles y responsabilidades para agencias, tanto federales como locales. Pero ese documento perdió vigencia con el cambio de administración en la presidencia, el equipo del DOE que manejaba Puerto Rico dejó de existir, algunas reglas a las que hacía referencia se eliminaron o cambiaron y ni la información de contacto de los participantes estaba actualizada.

La nueva administración del DOE le dijo al GAO que habían tomado la decisión de eliminar el memorando pero, a raíz de este informe, revirtieron y decidieron revisarlo para ponerlo en vigor nuevamente, lo que esperan que suceda para el fin de este año. Para la misma fecha, DOE dijo que también tendría en funciones un equipo técnico que pueda reunirse mensualmente y “ayudar a asegurar coordinación sostenida entre las entidades participantes”.

El informe identifica claramente posiciones contradictorias del DOE con relación a la reconstrucción de la red. El presidente Joseph Biden había designado a la exsecretaria de la agencia, Jennifer Granholm, para que fuera el frente federal en estos trabajos de la red. Una de las iniciativas que se completaron fue el estudio PR100, donde los técnicos del DOE identificaron escenarios para que la isla alcance el 100% de generación eléctrica con fuentes renovables para el 2050. Aunque el estudio lo financió FEMA y lo realizaron los científicos del DOE, la nueva administración de la agencia le argumentó a los auditores de GAO que la integración de energía renovable ha sido detrimental a la red y que la expansión del uso de ese tipo de energía no debe ser parte de los esfuerzos de recuperación y modernización.

Para el 2025, la mezcla energética para la generación de electricidad en la isla fue 62% petróleo, 23% gas natural, 8% carbón y 6% renovables. El actual secretario de Energía, Chris Wright, es un ejecutivo de la industria de combustibles fósiles.

En total, hay $17,100 millones disponibles para la reconstrucción de la red. Pero esa cantidad no es la base del análisis, sino los $14,300 millones que han sido, en efecto, comprometidos para ese propósito. De esos compromisos, siguen sin desembolsar el 75% de los $11,100 millones bajo FEMA; el 74% de los $2,300 millones bajo HUD; y el 73% de los $900 millones bajo el DOE.

En este último caso del DOE, lo que ocurrió fue que el cambio de administración trajo cancelación de iniciativas y reprogramación de fondos. De hecho, más allá del gasoducto con el que NFE llevaría gas natural de su instalación en el muelle a la central que controlan bajo su subsidiaria Genera PR, no se conoce en qué se usara el remanente de ese dinero. Originalmente, era para dotar de placas solares y baterías a instalaciones comunitarias, hospitalarias y a hogares individuales que tuvieran personas que dependen de equipos médicos eléctricos, entre otros criterios de elegibilidad.

Aparte de estos recursos, GAO anota que FEMA tiene otros $7,600 millones bajo el programa de mitigación de riesgos, que expira en septiembre de 2027 y del cual la AEE solo ha usado $661 millones. La agencia federal trabaja para comprometer y desembolsar más de estos fondos antes de su expiración. Sin embargo, los proyectos bajo este programa usualmente toman más tiempo, implican más involucración de FEMA y necesidad de más fondos para comenzarlos.

Una de las circunstancias inherentes de la red que ha atrasado el uso de fondos es que la capacidad de generación en las plantas termoeléctricas de la AEE que administra Genera PR está reducida, lo que hace complicado apagar alguna para hacerle tareas de mantenimiento. Además, son tan viejas que la entrega de piezas de reemplazo puede demorar hasta dos años.

Otro elemento es la incertidumbre y el cambio de personal tanto en FEMA como en la administración de la red. El infome recuerda que FEMA está bajo evaluación de Casa Blanca para una posible reforma, mientras que en la isla el operador de la red, LUMA Energy, y el gobierno tienen demandas que podrían resultar en la salida de LUMA como operador. En ambos lados ha ocurrido también cambio de personal (“turnover”), que afecta la efectividad de los trabajos. En FEMA, por ejemplo, no se han autorizado plazas nuevas y el periodo de adiestramiento para los que trabajan evaluaciones ambientales de los proyectos dura hasta un año.

Estas evaluaciones ambientales de FEMA son un foco de queja por lo que duran y porque no hay claridad sobre cuándo aplican y cuándo no. El propio grupo presidencial que recomendó reformas a FEMA las llamó un “embotellamiento” en el proceso. Aunque la Administración Trump emitió órdenes de emergencia bajo el DOE para acelerar los trabajos, el mismo Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos ha planteado que esas órdenes no eximen a LUMA o la AEE de cumplir con regulaciones ambientales y no hay certeza jurídica de hasta dónde se pueden usar las órdenes para eximir de las distintas evaluaciones de los proyectos.

Otro señalamiento es que el proceso para solicitar fondos de FEMA no provee para una solución holística que abarque toda la red eléctrica y, en vez, incentiva los proyectos de menor escala y más compartamentalizados que no propenden a una estrategia integral. “Los oficiales del DOE indicaron que la estructura de los programas de FEMA provoca que los solicitantes compitan por el financiamiento unos con otros y no necesariamente promueve las mejores soluciones generales para la red”, indica GAO, a la vez que aclararon que los mismos oficiales les aseguraron que esto ha mejorado porque la Oficina del Zar de Energía, Josué Colón, ha tomado pasos para darle orden de prioridad a los proyectos.