Puertos saca a suplidor de combustible en Ceiba, justo cuando maniobras militares traen bonanza

Las prácticas del ejército en la antigüa base de Roosevelt Roads aumentaron la venta de combustible para aviones, y la intervención de la Autoridad de los Puertos.

La Autoridad de los Puertos (AP) consiguió desahuciar a un suplidor de combustible que opera desde el aeropuerto regional de Ceiba en lo que el suplidor catalogó como una medida específicamente ejecutada para que sea otro el que se beneficie de la bonanza de venta de combustible que han provocado las prácticas militares en el lugar.

La AP sometió una demanda de desahucio sumario contra Arlet Aviation LLC y la empresa ripostó con una demanda de interferencia torticera contra el director ejecutivo de la autoridad, Norberto J. Negrón Díaz, y al principal asesor legal de la entidad, Gabriel I. González Betancourt. NotiCel solicitó entrevista con Negrón Díaz, pero este no contestó.

Arlet es una entidad del inversionista residente Brock Pierce que opera en el hangar 379 del aeropuerto José Aponte de la Torre, en Ceiba, desde 2015 mediante contrato con la AP para ser un operador que provea servicios de aviación de todo tipo, incluyendo combustible. El contrato expiró en abril pasado, pero desde 2023 ambas partes estaban en conversaciones sobre la extensión del mismo. La Junta de Directores de la AP emitió una resolución aprobando la propuesta de Arlet para extender el contrato en 2024, bajo la Administración Pierluisi, pero no se formalizó el contrato antes del cambio de gobierno.

En febrero pasado, hubo una reunión de Arlet y la AP en la que González Betancourt reiteró que prepararía el contrato según autorizado por la Junta un año antes. Tras seguimiento insistente de la empresa, la entidad pública emitió una hoja de términos definitivos para preparar el contrato en mayo pasado, la que Arlet devolvió firmada inmediatamente.

Pasó junio y julio sin contrato escrito, pero con Arlet continuando su operación haciendo pagos mensuales que la autoridad le aceptó. Entonces, en agosto, comenzaron prácticas militares de la Fuerza Aérea, Marina, Infantes y otros. El 8 de septiembre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó las tropas en la isla y les reiteró que las maniobras en la isla no eran un entrenamiento sino un “ejercicio real en nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América” vinculado con el narcotráfico en el Caribe. La gobernadora Jenniffer González Colón tuvo un encuentro con el funcionario y le agradeció por “reconocer la importancia estratégica” de la isla.

Tres días después de esa visita, el 11 de septiembre, el director ejecutivo de la autoridad emitió una carta para desahuciar a Arlet.

“Arlet Aviation estima que los volúmenes de ventas de combustible de aviación a las unidades militares estacionadas en el Aeropuerto excederán diez millones de galones dentro de los próximos seis a nueve meses, lo cual incrementa considerablemente las proyecciones de ingresos para las distintas compañías que, al igual que Arlet Aviation, sirven las actividades aeronáuticas dentro del Aeropuerto”, indicó la empresa en su demanda.

“Por información y creencia, el Sr. Negrón y el Sr. González, por su propia cuenta, han negociado la entrega de las facilidades que Arlet Aviation presentemente posee en el Aeropuerto a un competidor de Arlet Aviation… han interferido torticeramente con el Contrato y han actuado en contra de las actuaciones y aprobaciones de la propia Autoridad con el objetivo de urgentemente desplazar a Arlet Aviation del Aeropuerto y que sea un competidor de Arlet Aviation quien termine beneficiándose de los altos volúmenes de ventas de combustible de aviación en el Aeropuerto (y demás servicios aeronáuticos ofrecidos en el Aeropuerto) tras el comienzo de las operaciones militares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América en esa localidad hace apenas unas semanas”, añadieron.

Tras un intento fallido de Arlet para que su demanda por interferencia torticera se uniera a la de desahucio, los abogados de la autoridad, el despacho Sydney Denson, argumentaron que, a pesar de la decisión de la Junta en 2024 y de otras acciones y representaciones, la empresa sencillamente no tiene contrato vigente porque la única extensión o renovación válida sería la que estuviera recogida en un contrato escrito, firmado y presentado ante la Oficina del Contralor, lo que no existe en este caso.

“La negativa de Arlet de desalojar los terrenos propiedad de la Autoridad le ocasiona daños y perjuicios en la medida que la corporación pública se ve limitada en sus derechos propietarios, lo que impide además que el Gobierno de Puerto Rico pueda beneficiarse del potencial económico que representa la explotación y desarrollo de dicho terreno estratégico”, indica la demanda de desahucio.

En una carta a la gobernadora el 21 de septiembre para pedir su intervención, la cual no ha ocurrido, Arlet le indicó que la movida de la AP provocaría no solo que la empresa cierre, sino que se afecte el suplido del combustible a las naves militares. En momentos en que el gobierno de Puerto Rico ha expresado apoyo a las maniobras, la AP debería estar enfocada en ese asunto de “defensa nacional” y no en estar “tramando para favorecer financieramente a un competidor privado de Arlet”, dijeron también, aunque sin mencionar el nombre de ese competidor.

El miércoles pasado, la jueza superior Sylmarí de la Torre Soto concedió el desahucio que pidió la AP.

“Independiente a si en efecto hubo o no un acuerdo verbal de extender el mismo, lo cierto es que no se cumplió con el ordenamiento jurídico en contratación gubernamental al no haber un contrato escrito y mucho menos referido a la Oficina del Contralor como surge claramente de la norma jurídica enunciada y establecida en el Contrato original de las partes”, concluyó.

Bajo el contrato de 2015, Arlet paga $6,477.35 mensuales. Bajo la propuesta que ambas partes acordaron en mayo, pagaría $16,750.89 mensuales por ocupar más espacio y hacer inversiones de infraestructura.

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