Agencias estatales afirman que la alarmante cifra de ahogamientos demandan acciones preventivas inmediatas.

Desde el mes de enero, autoridades han reportado más de 30 incidentes y muertes por ahogamiento en distintas playas, ríos o charcas de Puerto Rico. Las víctimas, en su mayoría, han sido turistas. Este hecho, ha levantado banderas entre distintas agencias de gobierno para procurar medidas preventivas.

En una vista pública reciente, la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes evaluó el Proyecto de la Cámara 605, de autoría de la representante Lourdes Ramos Rivera, que busca obligar a los arrendadores a corto plazo a incluir avisos de seguridad en las propiedades que rodean cuerpos de agua.

“Una vida que se pierda es demasiado”, manifestó la representante Lourdes Ramos Rivera, al justificar la necesidad de mecanismo para evitar más tragedias.

La propuesta exige que los arrendamientos incluyan advertencias sobre las condiciones peligrosas del mar, números de contacto de agencias públicas ante emergencias y planes de desalojo por fenómenos atmosféricos.

En su ponencia, el Departamento de Recursos Naturales elogió la medida como “un paso importante  para reforzar la seguridad en los arrendamientos a corto plazo”, pero advirtió que “conviene evaluar su integración con iniciativas vigentes como el Proyecto de la Cámara 828 y el Proyecto del Senado 661, para construir un esquema legal más amplio que promueva una política pública uniforme para proteger la vida y garantizar un turismo seguro”.

Por su parte, la CTPR reconoció la importancia de proyectar a Puerto Rico como destino seguro.  Sin embargo, otorgó un aval condicionado puesto que el fin principal es reforzar la seguridad de los turistas que se hospeden en arrendamientos a corto plazo, pero entiende que la aprobación de esta según presentada supone una nueva carga regulatoria a la agencia y esfuerzos administrativos adicionales.

Como alternativa, propuso aprovechar la plataforma digital Swimsafepr.com, cuyo diseño presenta en tiempo real las condiciones marítimas y climáticas en la isla.

“Entendemos que puede ser incorporada al esfuerzo”, enfatizó Raúl Márquez Hernández, en representación de la directora ejecutiva de turismo Willianette Robles Cancel.

Aunque la plataforma Airbnb no participó directamente en la discusión, presentó un memorial explicativo que objetó la medida. 

“Reconocemos el esfuerzo de la Comisión para mejorar la seguridad de los visitantes y promover prácticas responsables entre los anfitriones de alquileres a corto plazo, aunque señalaron que el proyecto podría implicar cargas significativas para las plataformas y operadores individuales. Además, indicaron que podría generar información desactualizada y causar efectos distintos a los previstos.

En ese sentido, el representante Axel “Chino” Roque Gracia, presidente de la Comisión, indicó que estará convocando a la empresa a una vista ejecutiva para discutir posibles enmiendas al proyecto.

En respaldo al proyecto, la CTPR señaló que la agencia destina $140,000 anuales, por concepto de rotulación en distintos balnearios.

El DRNA, igualmente, recordó sus programas Zona Costera, Comisionado de Navegación y Cuerpo de Vigilantes que coordinan esfuerzos de rotulación, instalación de boyas y contratación de salvavidas entre otros aspectos para mejorar la seguridad costera.