Presuntamente, habría 42 ejecutivos del consorcio hospedándose en el lujoso hotel.

Miembros de la UTIER protestaron esta noche frente al lujoso Hotel Vanderbilt de Condado, donde presuntamente se hospedan 42 ejecutivos de LUMA Energy, consorcio al que el gobierno de Puerto Rico otorgó un millonario contrato en una alianza público-privada (APP) para administrar la transmisión, distribución eléctrica y servicio al cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a partir del 2021.

En el vídeo facilitado a NotiCel, se escucha a Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, dirigirse al personal de LUMA.

«Aquí para que vean cómo vienen a robarse el dinero, ellos se pueden quedar en cualquier casa, se tienen que quedar en un hotel 5 estrellas, mientras nosotros necesitamos, mientras nosotros tenemos que buscar cómo defender nuestro sistema de retiro», expresó.

Tras la negociación de la APP en junio pasado, tanto Figueroa Jaramillo, como el representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, cuestionaron la secretividad y falta de participación que permeó durante el proceso de selección del consorcio.

También advirtieron sobre los nefastos efectos que podría traer para el pueblo de Puerto Rico este acuerdo de privatización, tramitado en medio de la quiebra de la agencia, y que la gobernadora Wanda Vázquez catalogó como una «transformación sin precedentes».

«La lucha continúa. LUMA Energy se va de Puerto Rico, como llegó, se va», dijo Figueroa Jaramillo frente al Hotel.

Por su parte, más temprano esta tarde, LUMA Energy emitió declaraciones en las asegura estar «comprometidos en garantizar que cada empleado tenga la capacitación, las destrezas y las herramientas adecuadas para el trabajo».

Esto, para exhortar a los empleados de la AEE que trabajan en transmisión y distribución o en servicios compartidos y el sistema de generación a que se empleen con su consorcio.

«Para esto necesitaremos contratar a varios miles de empleados», detallan en sus declaraciones escritas.

En su comunicación, también aseguran que los empleados de la AEE recibirán «prioridad en la contratación», y que estos tendrán la oportunidad de solicitar puestos en LUMA antes que otros.

Asimismo, informaron que «ningún empleado de la AEE perderá su trabajo como resultado de esta transacción». Puntualizaron que aquellos que no se unan a LUMA tendrán la opción de quedarse con la AEE o transferirse a otras agencias gubernamentales en Puerto Rico.

Contradiciendo lo que aseguran miembros de la UTIER, quienes alegan que la APP con LUMA, que se negoció a puertas cerradas y sin un proceso de inclusión ciudadana, traerá pérdida de beneficios y derechos adquiridos para su plantilla laboral, LUMA aseguró que no reducirá la compensación y los beneficios de los empleados, de conformidad con la Ley 120. De hecho, en el texto enfatizan que el paquete de beneficios será «igual o mejor que el proporcionado por la AEE».

Finalizaron sus declaraciones diciendo que su consorcio no quitará la pensión a ningún empleado, según se ha advertido.

«Como parte de la transición a LUMA, cada empleado tendrá la opción de permanecer con su plan existente o transferirse a un nuevo plan con LUMA», concluyeron.

Son varios los sectores que han condenado el acuerdo del gobierno con LUMA, y que han levantado bandera sobre la falta de transparencia del gobierno al tomar senda decisión en la industria más grande del país.

«De entrada debe crear dudas en lo beneficioso o no del acuerdo al pueblo de Puerto Rico», sentenció Figueroa Jaramillo a NotiCel en junio.

Por su parte, ante la falta de fiscalización y participación ciudadana, Torres Placa había anticipado tomar acciones que irían desde gestionar, como representante de los consumidores, una petición en el Negociado de Energía, hasta solicitar a las partes afectadas, incluyendo ciudadanos, que también tomen parte en la solicitud de reconsideración ante el ente.

«Ellos pueden ir sobre este contrato en un proceso público», amplió.

Esto equilibraría la balanza con la participación ciudadana que careció la contratación desde su inicio, según Torres Placa, quien recordó que la presión pública puede rendir buenos frutos.

Torres Placa también había advertido que un estudio del economista Ramón Cao concluía que el Acuerdo Definitivo de Reestructuración (RSA en inglés), según planteado, podría pasarle factura al pueblo mediante un alza de precio en el servicio.

Según el análisis de Cao, el RSA provocaría un golpe en su bolsillo de los consumidores, que comenzaría en 13 por ciento y llegaría a 47 por ciento en el año fiscal 2024.

«Los consumidores no pueden depender de un acuerdo que no les hace justicia», culminó Torres Placa en aquella ocasión.