Tres declaraciones de culpabilidad ponen en bandeja para la fiscalía federal más de dos décadas de movidas en Legislatura y municipios.

En los últimos seis meses, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico ha sumado tres cooperadores que, en conjunto, le abren las puertas a 25 años de movidas financieras, políticas y de contratos en el gobierno central, municipios y la Legislatura.

Para efectos de delitos federales, las autoridades no tienen opción de procesar cualquier evento en esos años, ya que el período de prescripción básico es de cinco años. Pero si se trata de conductas delictivas que se han mantenido activas por más de cinco años, o si se trata de capacidad para corroborar información sobre las operaciones públicas de la isla, esa convergencia de cooperadores presenta una oportunidad que probablemente no tiene precedente en la fiscalía federal en San Juan.

Los cooperadores son los contratistas Oscar Javier Santamaría Torres, cuyo acuerdo está confirmado desde diciembre pasado; John Stanley Blakeman Ortiz, cuyo acuerdo se mantiene confidencial en la investigación por la cual la exgobernadora Wanda Vázquez Garced espera ser arrestada esta semana; y Roberto Mejill Tellado, quien anunció el viernes pasado su intención de declararse culpable en el caso del fraude con inversiones en la empresa Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), del municipio de Mayagüez.

La regla de cooperación en la esfera federal, y en la estatal también, es básica: el cooperador tiene que divulgar a las autoridades todo lo que conoce de posibles actos delictivos no solamente relativo al tema de la pesquisa en la que está cooperando, sino cualquier otro acto, aunque todavía no sean objeto oficial de investigación. Si no lo hacen, y si la fiscalía obtiene evidencia para probar que dejaron de divulgar información, los cooperadores se corren el riesgo de que se les acuse tanto por la investigación activa como por cualquier otro acto delictivo en el que se hayan involucrado y que hayan callado.

Santamaría Torres inició carrera pública en el cuatrienio de 2000 a 2004 con el exrepresentante del Partido Popular Democrático (PPD) por el distrito 35 (Las Piedras, Humacao, Naguabo), Joel Rosario, y luego pasó a la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). Después de la Legislatura, comienza a amasar contratos de consultoría legal desde 2008 con el bufete Law Affairs PSC y luego su incursión en el negocio de los desperdicios sólidos en 2012 con Waste Collection Corp. Es desde esta empresa que realiza actos de corrupción en municipios del PPD y el PNP que ya han producido el procesamiento de seis alcaldes o exalcaldes, un vicealcalde y el contratista Mario Villegas. El jefe de la fiscalía federal en San Juan, W. Stephen Muldrow, confirmó que esa investigación todavía seguirá generando acusaciones contra alcaldes.

Por su parte, los inicios de Blakeman Ortiz en la escena pública se remontan al segundo cuatrienio del exgobernador Pedro Rosselló González y sus lealtades políticas también discurrido por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, el exalcalde de San Juan, Jorge Santini Padilla, el senador Thomas Rivera Schatz, la comisionada residente Jenniffer González y más recientemente Vázquez Garced, aunque aún esa incursión fue en el contexto de la infraestructura política que el senador le proveyó a la exgobernadora en su contienda primarista de 2020 contra el ahora gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Blakeman entraba libremente, y participaba a su arbitrio, en reuniones en Fortaleza mientras Vázquez Garced era gobernadora, según fuentes.

Blakeman apenas escapó la ola de procesamientos criminales que caracterizó ese segundo cuatrienio de Rosselló González cuando sirvió de administrador de Vivienda Pública en momentos en que la fiscalía federal desarrolló casos criminales exitosos relacionados a contratos de vivienda y cuando el propio Blakeman fue objeto de informes de auditoría y de inspectoría general en los que se le señaló directamente haber incumplido con las reglas de contratación y cometer otras irregularidades e incumplimientos que provocaron que fueran congelados fondos federales.

Más reciente, a través de la empresa JMB Consulting, ha tenido contratos desde 2008 con el municipio de Bayamón, el Senado, la Superintendencia del Capitolio y de vuelta con el Departamento de Vivienda y la Administración de Vivienda Pública.

De otro lado, Mejill Tellado es el primer involucrado en el caso por fraude con una inversión de $9 millones que podría apuntar directamente a actuaciones del alcalde suspendido de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, ya que, siendo el asesor financiero del alcalde, fue el que revisó y manejó la transacción junto con el coacusado, Eugenio García Jiménez. En un momento, Mejill Tellado y García Jiménez compartieron gestiones comerciales, pero cualquier vínculo que hubiera existido está disuelto hace tiempo y Mejill Tellado ha comparecido en demandas civiles para distanciarse formalmente de García Jiménez.

Aunque Mejill Tellado saltó a la vista del público con el caso de MEDI, mediante la empresa RWM Consultants Inc. lleva desde el 2000 dando asesoría, principalmente financiera, en administraciones del PNP y del PPD para los municipios de Guánica, Adjuntas, Rincón, Mayagüez, Canóvanas, Cabo Rojo, el Senado y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Del caso de MEDI, habría obtenido una ganancia ilegal de $444,000, según los documentos del caso.

De los $9 millones involucrados en el fraude, la Comisión de Intercambio y Valores (SEC en inglés) dijo que había recuperado $4.8 millones.