Entienden que el derecho a la salud no debe estar condicionado por barreras políticas ni burocráticas, razón por la cual han desarrollado varias iniciativas; entre ellas, impulsar el proyecto de la Cámara 331.

El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunciaron una alianza estratégica para garantizar que toda persona, independientemente de su estatus migratorio, pueda acceder a servicios de salud sin miedo ni restricciones.

La iniciativa surge en respuesta a la ola de redadas y detenciones de inmigrantes en la Isla; algo que ha generado incertidumbre, desolación y miedo a tal punto que ha llevado a muchos a cancelar o evitar sus citas médicas.

“Todos somos pacientes, no hay distinción de nada”, exclamó el presidente del CMCPR, Carlos Díaz, al enfatizar que el derecho a la salud no debe estar condicionado por barreras políticas ni burocráticas.

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Por su parte, el director legal de la ALCU; Fermín Arraiza, aseguró que la comunidad inmigrante en Puerto Rico no está sola y que el Colegio de Médicos Cirujanos ha asumido un compromiso valioso para garantizar su acceso a servicios esenciales de salud, un derecho constitucional reconocido tanto en la Isla como en Estados Unidos.

Arraiza señaló, sin embargo, que «son tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de totalitarismo», lo que hace aún más urgente la defensa de los derechos de los inmigrantes y la protección de su bienestar.

«Nosotros nos hemos dado a la tarea de ir desarrollando unos talleres donde no solamente se orienta a la persona migrante que no tiene su estatus migratorio normalizado, sino además a todo aquel personal en el sector público o en el sector privado que sienta la obligación de asistir y dar servicios a esta población», añadió el licenciado.

Como parte de esta colaboración, el CMCPR y la ACLU han desarrollado un plan de acción que incluye varias iniciativas, como por ejemplo: la expansión del acceso a la telemedicina, orientación telefónica para quienes teman acudir a consultas presenciales y la organización de visitas médicas en las comunidades afectadas.

Además, ambas organizaciones expresaron que se encuentran en proceso de gestionar con agencias federales para que se declaren las oficinas médicas, laboratorios, farmacias y consultorios dentales como espacios libres de intervenciones y operativos.

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También impulsan el proyecto de la Cámara 331, que busca establecer salvaguardas legales para los inmigrantes en el acceso a la salud.

«A los médicos y los directivos de estas facilidades, no tengan miedo en recibir a inmigrantes», indicó el presidente del CMCPR, enfatizando que la preocupación no solo afecta a quienes buscan atención, sino también a los profesionales de la salud y al personal de laboratorios y farmacias.

Por su parte, Arraiza se dirigió hacia los médicos y les explicó que «están protegidos en el sentido de que la ley HIPAA les da unas garantías para que ustedes puedan proteger lo que es la información médica y la información personal de sus pacientes».

Asimismo, el presidente del CMCPR enfatizó que es fundamental garantizar un ambiente seguro en estos espacios, evitando que el temor a posibles incidentes o interrupciones afecte la prestación de servicios médicos.