El trámite en la Legislatura más diversa en tiempos recientes impidió que se concretaran leyes también en asuntos como controles a contratos de recogido de la basura, reglamentación de la marihuana, cambios para beneficiarios de la Ley 22 y enmiendas a la Ley Electoral.

Casi siete años han pasado desde el huracán María, cuando el tema del impuesto al inventario primero acaparó la intención de los medios por su presunto efecto en los abastos de ciertos productos. Sin embargo, el Ejecutivo, la Legislatura y los gobiernos municipales no han podido ponerse de acuerdo en un mecanismo para abolirlo, sin impactar las arcas de los municipios.

Esta iniciativa, reclamada por gremios del sector privado, lleva todo ese tiempo en el tintero, pero sin una resolución satisfactoria para las partes y se una a una serie de temas que nunca llegaron a una resolución durante las siete sesiones ordinarias de esta Legislatura.

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Otros temas sobre los que nunca se legisló fueron las terapias de conversión, la despenalización o aprobación del uso recreacional de la marihuana, enmiendas de la Ley de Armas para hacer aún más permisible, la creación de una nueva Ley de Costas, el decreto de una moratoria sobre construcciones en la costa, la eliminación o sustitución de la crudita, la regulación de los procesos de reproducción asistida y límites a la gestión de los alcaldes como exigirles subastas para otorgar contratos de recogido de la basura.

Por el contrario, se presentaron múltiples medidas para darle más poder a estos funcionarios, que vieron como múltiples de los suyos fueron acusados por corrupción a nivel federal.

También pasó otro cuatrienio en que se dejó inconclusa la eterna lucha entre los optómetras y los oftalmólogos. El Proyecto del Senado 1031, que permitía a optómetras recetar ciertos medicamentos, pasó el crisol del cuerpo de origen, a mediados de junio, pero no fue avalado en la Cámara.

La despenalización y el uso recreacional de la marihuana se atendieron en la Cámara a nivel de radicación de medidas, pero ninguna prosperó. Tampoco ganó tracción ni una nueva Ley Electoral (radicada en el Senado) ni un proyecto de enmiendas del estatuto (proyecto de la Cámara).

En ese tema, el gobernador Pedro Pierluisi siempre cerró la puerta a modificar el estado de derecho aplicable al voto por adelantado, que incluye el voto por correo. La Ley Electoral vigente es producto de legislación penepé.

También expresó reservas sobre modificaciones a los beneficios a los llamado inversionistas residentes que gozan de un tratamiento contributivo especial al amparo de la Ley 22 (ahora Ley 60).

Tampoco se dio paso en la Legislatura a nominados para ocupar plazas en el Tribunal Supremo o la Oficina del Contralor y el El Puerto Rico Innovation and Technology Servicios (PRITS) nunca tuvo un jefe o jefa en propiedad.

En los pasados meses, la Junta de Supervisión Fiscal se expresó sobre la deseabilidad de que se aboliera el impuesto al inventario y la Cámara llegó a aprobar una medida que establecía una especie de topo sobre el dinero que se podía recaudar por este impuesto y que estaría vigente durante un espacio de cinco años. Sin embargo, la medida nunca prosperó en el Senado.

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En abril, el gobernador Pedro Pierluisi confirmó que había recibido comentarios y recomendaciones de organizaciones que representan el sector comercial para que se enmendara la medida aprobada en la Cámara: el Proyecto de la Cámara 1798. El proyecto recibió un informe positivo de la Comisión de Hacienda del Senado y, aunque llegó al Calendario de Órdenes Especiales del Senado, el cuerpo legislativo nunca votó.

La versión atendida en la Cámara establecía que el inventario a “congelarse” sería el tributado en el 2022. Eso significa que una vez cada comerciante pague la cantidad que le corresponde, el inventario adicional importado no pagará el impuesto.

Pierluisi insistió en múltiples ocasiones que ninguna legislación sobre el tema podía afectar negativamente a los municipios y ahí murió el tema.

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Tras el arresto del contratista Oscar Santamaría y el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero por corrupción, miembros de la mayoría popular en la Cámara presentaron una medida para requerirle a los alcaldes que cualquier contrato de recogido y manejo de la basura tuviera que ir a subasta. La alarma por los esquemas de corrupción de Santamaría utilizando su empresa de recogido de desperdicios no rindió frutos legislativos.

En concreto, luego de un largo proceso legislativo, un proceso sustitutivo fue enviado para la firma del gobernador con el requerimiento de la subasta pública, pero antes de que Pedro Pierluisi tomara una decisión sobre la propuesta, la Legislatura pidió que la pieza legislativa fuera devuelta. Ese paso se dio, se incluyeron enmiendas, fueron avaladas por la Cámara al cierre de la sesión ordinaria de junio del año pasado y el proyecto no fue atendido por el Senado.

El Proyecto del Senado 184, que buscaba establecer una prohibición sobre las terapias de conversión y convertir esta conducta en una forma de maltrato fue sujeto a varias vistas públicas en el Senado en la primera sesión ordinaria del cuatrienio, pero un informe positivo de la medida no recogió suficientes votos para que el proyecto bajara al pleno.

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El principal propulsor del proyecto, José Vargas Vidot, no retomó el tema públicamente por el resto del cuatrienio. Las audiencias públicas celebradas en el salón Leopoldo Figueroa, que contaron con estrecemedores testimonios de personas que afirmaron ser víctimas de estas prácticas, colocaron de frente a Vargas Vidot y la senadora Ana Irma Rivera Lassén con la senadora Joanne Rodríguez Veve.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y la vicepresidenta, Marially González, optaron por no asumir una postura en el informe positivo.

En octubre de 2023, La Fortaleza le solicitó a la Legislatura que le permitiera devolver un proyecto de enmiendas a la Ley de Armas debido a la posición de representantes de armerías, grupos de interés y portadores de armas. Entre otras cosas, el proyecto eliminaba la restricción de la distancia entre una armería y una escuela. Una versión previa de la iniciativa legislativa permitía la portación simultánea de dos armas.

Los proyectos del Partido Independentista Puertorriqueño sobre la nueva Ley de Costas y la moratoria a construcción en la zona costera nunca pasaron el crisol del Senado por, entre otras cosas, la oposición del sector de la construcción y el propio Gobierno.

La propuesta para derogar parcial o totalmente el impuesto al combustible (La Crudita), que ganó tracción a principios del 2022, solo produjo ganancias parciales para el país ya que una moratoria sobre el cobro de este impuesto fue aprobada y convertida en ley, pero no se logró nada de carácter permanente.