La desconfianza que tiene el gobierno federal, liderado por el presidente Donald J. Trump, con el Gobierno de Puerto Rico ha desembocado en que 16 agencias se sumen a la supervisión del desembolso de fondos de recuperación para la Isla tras el paso del huracán María.

Estas entidades efectuarán labores de auditoría para prevenir fraudes o corrupción, entre otros, y se trata de una supervisión adicional a las restricciones contenidas en el acuerdo que regula $8,221 millones en fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR). 

Sin embargo, las cortapisas podrían continuar. A preguntas de NotiCel, el secretario del Departamento de Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet, confirmó la incursión de las 16 agencias estatales y federales y mencionó que cada acuerdo de uso de fondos CDBG-DR requerirá sus propias condiciones, por lo que una próxima subvención podría llegar con los mismos o más condiciones.

'Cada asignación conlleva un acuerdo, eso es correcto. No sabemos [si cada paquete va a tener sus propias condiciones]. O sea, en el tercer paquete ellos no han anunciado condiciones adicionales, así que honestamente no sabemos qué pueda ocurrir en el tercer paquete. Estas restricciones en el segundo paquete [de $8,221 millones] nosotros enviamos una carta y son restricciones con las que se puede trabajar', señaló el Secretario.

Entre las exigencias para que Puerto Rico maneje las subvenciones CDBG-DR se encuentra que los proyectos a realizarse deben ser aprobados por el nuevo monitor financiero federal para la Isla, Robert Couch, y que la Junta de Control Fiscal (JCF) certifique que las propuestas cumplen con el plan fiscal y el presupuesto de la Isla.

Vivienda mantiene activos 8 de 26 programas de recuperación con un primer paquete de fondos ascendente a $1,500 millones, por lo que la cifra de $8,221 millones responde al segundo paquete que aún no ha sido habilitado por falta de una firma de un funcionario del Departamento de Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés).

En entrevista con este diario digital, Fernández Trinchet indicó que Vivienda federal justifica la falta de aprobación en que el secretario de esa entidad, Ben Carson, 'ha estado bastante ocupado y no ha podido firmarlo'.

El tercer paquete, para el cual se desconocen las condiciones de uso, consistiría de $8.3 billones para trabajos de mitigación. 'En o antes del 4 de septiembre [de 2020], hay que enviar un borrador del Plan de acción a Vivienda federal', explicó Fernández Trinchet.

Ese proceso alargaría la ruta hacia la recuperación, pues el gobierno federal debe proveer comentarios en un tiempo extendido y debe ser evaluado por las agencias locales. 

Ante el Senado, mientras se evaluaba su nombramiento, Fernández Trinchet confirmó que el desembolso de los fondos por parte del gobierno federal 'ha sido lento'.

Estos montos forman parte de la asignación de sobre $20,500 millones en fondos CDBG-DR aprobados en 2018 por el Congreso de los Estados Unidos y deben ser administrados por Vivienda federal.

En cuanto a las 16 agencias, 'eso no sale como una condición, eso sencillamente las diferentes agencias están diciendo 'te voy a auditar'. Eso es lo que está ocurriendo, pero no es una condición en el contrato. Eso, pues, depende cómo uno lo vea. Yo lo veo como, 'pues mira, eso implica que al yo tener 16 entidades distintas auditando el programa. Uno: me va a ayudar a prevenir cualquier tipo de fraude. Dos: pues tengo que contratar más personas, así que implica más empleos en Puerto Rico, más gente creando más actividad económica en Puerto Rico, así que esa es la forma optimista. En vez de tener 50 personas trabajando en un área de cumplimiento, pues voy a contratar a 50 más, tengo 100 personas generando ingresos en Puerto Rico', aseguró Fernández Trinchet.

Entre las agencias y entidades se encuentran el monitor Couch —nombrado por Carson—, los componentes del Congreso de los Estados Unidos (Senado y Cámara), la JCF, la Oficina del Inspector General, HUD, el nuevo coordinador federal para la recuperación de Puerto Rico, Peter Brown, así como auditores internos y auditores externos, entre otros.