La acusación federal por soborno y fraude con fondos de ayuda pandémica fluye de una acusación anterior contra un exoficial de Oriental Bank.

Casi 30 años después de que el exrepresentante novoprogresista Jorge Navarro Alicea fuera procesado por defraudar el fisco inventándose empleados en su oficina legislativa, dos de sus hijos se inventaron registros de nómina para defraudar al gobierno federal, alegó la fiscalía mediante un pliego acusatorio que le puede representar hasta 30 años de cárcel a los hermanos Edgardo y Ricardo Luis Navarro Suárez.

La acusación no tiene alegaciones relacionadas con el gobierno de Puerto Rico, ya que ninguno de los acusados es funcionario público y el dinero del fraude no es una asignación al gobierno local, sino de ayudas directas que los ciudadanos y empresas recibieron durante la emergencia por el Covid-19. Pero uno de los cooperadores de las autoridades federales es un asesor legislativo, mientras que una de las empresas de los Navarro Suárez, que también está acusada, acumuló $14.4 millones en contratos para obras públicas, principalmente en escuelas.

La involucración del asesor Jesús Sierra Toro no se discutió ayer, y en el pliego no se le adjudican acciones directas que aclaren cuál fue su rol en este caso, pero el 12 de marzo pasado ante el juez Francisco Besosa Stubbe, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico le dio el tratamiento expreso de cooperador. Ese mismo día, se le presentó una acusación informal y se le aceptó declararse culpable por conspirar para cometer fraude electrónico consistente en que, de abril de 2020 a enero de 2022, tramitó cinco solicitudes de ayuda pandémica que resultaron fraudulentas porque incluyó formularios oficiales del Departamento de Hacienda con información falsa relativa a sus ingresos y a nómina que supuestamente pagó para empleados que realmente no existían.

Sierra Toro admitió culpa con relación a solicitudes de préstamo en el Programa de Protección de Nómina (PPP en inglés) ascendientes a $484,099. Dos préstamos fueron a título personal, dos a través de su empresa Outsourcing Group LLC (ahora MIXCO LLC) y uno con la empresa Outsourcing Group Services Corp. Por el trámite de estas solicitudes de préstamo con información fraudulenta, Sierra Toro pagó sobornos que suman $30,000 a otro participante del esquema quien, aunque no identificado, sería el exoficial de Oriental Bank, Rodolpho R. Pagesy Roussel. Como parte del negocio con fiscalía, a Sierra Toro se le confiscaría un apartamento en el condominio Baldorioty Gardens y un terreno en San Lorenzo. Su expectativa es una sentencia de alrededor de dos años de cárcel.

Desde 2015, Sierra Toro ha tenido contratos públicos con valor de $958,000 a través de Outsourcing Group Services, Corp., principalmente como asesor legislativo. Después de que se declaró culpable, se le cancelaron un acuerdo de incentivos con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y un contrato de consultoría en la Cámara de Representantes, con en la oficina del novoprogresista José Aponte Hernández. Sierra Toro es donante del exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia, los representantes Aponte Hernández, José Pérez Cordero, Gabriel Rodríguez Aguiló y Eddie Charbonier Chinea, el senador Thomas Rivera Schatz, la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y la gobernadora Jenniffer González Colón.

En cuanto a las empresas de los Navarro Suárez que están acusadas, solo una aparece hasta ahora con contratos públicos, JCA Development, Inc. En el registro de la contraloría, acumulan $14.4 millones en contratos desde 2017 para obras a través del Departamento de Educación, el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, la Administración de Servicios Generales, la Universidad de Puerto Rico, la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas y las autoridades de Edificios Públicos y para el Financiamiento de la Infraestructura. Al momento de su arresto, no tienen registrados contratos vigentes.

Esta empresa que contrató con el gobierno está inscrita a nombre de Edgardo, al igual que las otra acusadas, JCA Packaging Group, Inc., y JCA Industrial Supply Corp.. La cuarta empresa acusada, RVIP Group, Corp., está a nombre de Ricardo Luis.

Según el pliego, entre mayo de 2020 hasta noviembre de 2021, los Navarro Suárez pagaron $69,500 a Pagesy Roussel para que les tramitara 26 solicitudes fraudulentas de PPP y de otro programa, el de Préstamos por Daños Económicos (EIDL), con las que recibieron al menos $2,238,747. Los pagos al exoficial bancario se hicieron directamente y a través de dos compañías suyas, Lansar Group Company LLC y Top Notch Group Company Corporation. Aunque no identificó a Pagesy Roussel en la acusación de los hermanos Navarro Suárez, la fiscalía confirmó el vínculo cuando radicó una moción pidiendo que el caso de ayer se asignara a la jueza Aida Delgado Colón porque esta tiene pendiente el caso que involucra al exoficial de Oriental y ambas causas tienen “testigos, evidencia y asuntos inextricablemente entrelazados”.

Adicional a los casos criminales, Oriental Bank tiene una demanda civil pendiente contra Pagesy Roussel y otras 171 personas y entidades involucradas en transacciones fraudulentas con ayudas pandémicas.

En la tarde del jueves, los hermanos Navarro Suárez quedaron libres, Edgardo con fianza no asegurada de $10,000 y Ricardo Luis sin fianza. Su abogado, Francisco Acevedo Padilla, adelantó que sus clientes no iniciaron el esquema ni reclutaron a otras personas, sino que fue el oficial del banco el que los atrajo. “Aquí el responsable es el banquero, el de Oriental... el banquero los fue a buscar a ellos”, afirmó.

Además de los hasta 30 años que le representan los cargos de fraude electrónico que afecta a una institución financiera, soborno bancario, encubrimiento de lavado de dinero y lavado de dinero, los hermanos enfrentan también la confiscación de una propiedad en el barrio Río Cañas (Caguas), y dos apartamentos en el resort Palmas del Mar (Humacao), uno en la Jolla de Palmas y otro en Crescent Beach.

Ricardo Luis y su esposa, Laura Elisa Gallardo Caballer, tienen pendiente desde marzo de 2023 una sentencia en rebeldía que les condena pagar $17,601.98 por cuotas de mantenimiento correspondientes a otra propiedad en Palmas del Mar, pero en Marbella Club. Gallardo Caballer tiene contrato en el Departamento de Salud vigente hasta 2027.

Además de aportarle a su hermano, los acusados son donantes de Pierluisi Urrutia, Aponte Hernández, el comité municipal de San Juan, Rosselló Nevares, y el convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero.

Un tercer acusado es el contador público autorizado Ramón José Valentín Montalvo, de 53 años y a quien el representante Navarro Suárez dijo conocer. El hombre hace negocios como Valentín CPA Group y una entidad a su nombre, Liquids and Water Transport LLC, tiene contrato con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por $400,000 vigente hasta 2027 para tener disponibles seis camiones que la agencia podría usar para acarrear agua.

Al anunciar el caso, el jefe de fiscales federales, W. Stephen Muldrow dijo que era el sexto que su oficina presentaba por fraude con estas ayudas pandémicas y recordó que, en casos relacionados con estos fondos, tienen hasta 10 años para presentar cargos, en vez de los cinco años que tienen para casi todos los demás delitos que atienden. “Hay más personas (bajo investigación)”, consignó sobre la pesquisa a cargo del fiscal Daniel Joseph Olinghouse.

Igual que su padre tres décadas atrás, a los hermanos Navarro Suárez se les imputa mentir sobre la cantidad de empleados en sus negocios para recibir una cantidad de dinero mayor a la que debieron recibir.

Para leer el pliego acusatorio, pulse aquí.

Para leer el acuerdo de culpabilidad de Sierra Toro, pulse aquí.

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