Negociado de Energía ordena a LUMA confirmar desembolso de fondos federales

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público emitió una Resolución y Orden mediante la cual instruyó a LUMA Energy a detallar el estatus del desembolso de $41.552 millones realizado por el Departamento de Energía federal (DOE, por sus siglas en inglés) y a proceder con los ajustes correspondientes a la tarifa provisional.

El Negociado recordó que el pasado 31 de julio fue aprobada una tarifa provisional con vigencia de 10 meses, o hasta que se emita la orden final, la cual incluía un monto incremental de $41.552 millones identificado para los Proyectos de Estabilización Prioritaria del Sistema Eléctrico (PSP, por sus siglas en inglés).

“La aprobación estuvo expresamente condicionada a que, de proveer el Departamento de Energía de los Estados Unidos (‘DOE’, por sus siglas en inglés) financiamiento federal para dichos Proyectos PSP, el Negociado de Energía devolvería de inmediato la cantidad correspondiente a los clientes mediante un ajuste a la cláusula de la tarifa provisional”, detalla el documento.

 El Negociado advino en conocimiento por distintos medios locales y estatales, que el DOE asignó y desembolso dichos fondos, lo cual activa el mecanismo de ajuste a favor de los clientes.

“Por lo tanto, el Negociado le ordena a LUMA que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la presente Resolución y Orden, presente el estatus del desembolso de los $41.552 millones. Tras recibir la confirmación de LUMA, el Negociado de Energía procederá ajustar la cláusula de tarifa provisional para excluir la cantidad referida en beneficio de los clientes”, subraya la Resolución y Orden.

Finalmente, el Negociado advirtió sobre las consecuencias del incumplimiento.

“El Negociado de Energía advierte a LUMA que el incumplimiento con esta Resolución y Orden acarreará la imposición de multas de conformidad con el Artículo 6.36 de la Ley 57-2014”, concluyó.

Con esta acción, el Negociado busca asegurar que los consumidores no paguen costos que ya han sido cubiertos por fondos federales.