El Comite de Transición culmina esta semana la celebración de vistas públicas, pero lo revelado durante este proceso ha demostrado la precariedad de las finanzas del gobierno y la manera apresurada que la presente administración implementó su política pública.

La semana pasada el Comité tuvo ante su consideración las dependencias del estado que más cerca están de la ciudadanía, agencias encargadas de los servicios esenciales que el gobernador Alejandro García Padilla juró poner antes de la deuda pública. Aunque los policías y maestros continuaron ofreciendo servicios, los administradores de estos componentes admitieron carecer de fondos y recursos para operar de manera más eficiente.

Por otro lado, también se pudo ver cómo la prioridad conferida a los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) logró resultados incompletos en la reestructuración de su deuda a gran costo para el erario. Otras dependencias aceptaron que el gobierno central los usó como alcancía para pagar parcialmente las Obligaciones Generales.

Para hoy, lunes, está pautada la comparecencia del Departamento de la Familia y el Departamento de Agricultura.

A continuación un resumen de lo acontecido la semana pasada en la vistas de transición.

Componentes de ley y orden estiran recursos disponibles

Pese a la clasificación de 'alto riesgo' que impuso el gobierno federal al Departamento de Justicia (DJ), el secretario César Miranda aseguró que su agencia aún recibe aportaciones federales que a su vez las pasa a otras dependencias. No obstante, el DJ tiene pendiente un desembolso de $12 millones por concepto del pago que supone hacer el Departamento de Salud (DS) a los Centros de Salud Primeria 330 – carga que asumió el DJ ante la falta de efectivo del DS – y otros $3 millones para la aportación patronal al retiro, que aseguraron la Oficina de Gerencia y Presupuesto desembolsaría antes de concluir el año.

Mientras, el Instituto de Ciencias Forenses enfrenta un preocupante escenario ante la falta de patólogos forenses y la creciente carga de trabajo, producto del crimen diario. De 11 patólogos dedicados a autopsias, sólo siete realizan autopsias criminales mientras otros dos médicos forenses también aportan en esa gestión. El resultado es un retraso en investigaciones debido a falta de personal especializado. Según la directora del ICF, Edda Rodríguez, la dependencia se arriesga a perder fondos federales si este patrón continua de cara al futuro.

Otra dependencia que mantiene en juego una asignación de fondos provista por el gobierno federal lo es el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La conclusión del caso judicial Morales Feliciano resultó en la asignación de 24.5 millones al DCR para invertir en mejoras a las instituciones penales en los próximos años. El problema es que esos fondos están retenidos en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por lo que la próxima administración no podría garantizar la separación de estos fondos. De no usar estos fondos el DCR tendría que desembolsar unos $50 millones según dispone la sentencia del caso Morales Feliciano.

Este fin de semana trascendió que el secretario del DCR, Einar Ramos, renunció a su cargo el pasado jueves para dedicarse a la practica de abogacía en Coamo.

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico tendrá que pagar el preretiro para 124 empleados y simultáneamente tendrá que pagar la nómina de unos 130 bomberos nuevos que se incorporaron durante este cuatrienio. La acción fue criticada por el Comité Entrante por no considerar los gastos adicionales que esto representaría, aunque el jefe de los Bomberos, Angel Crespo, insistió era una medida para proteger la salud de aquel personal no apto para salir a la calle.

A su vez, Crespo se puso a la disposición del gobernador electo, Ricardo Rosselló, para permanecer en su puesto, aunque la propuesta no fue vista con buenos ojos por parte del Comité Entrante.

Utilidades: Aumento tarifario, incumplimiento regulatorio y costosas mejoras capitales

Para el director de la AEE, Javier Quintana, la corporación pública ya ve la luz al final del túnel para el proceso de renegociación de la deuda con sus acreedores. Aunque Quintana y la presente administración dan por sentado que la asesoría de la principal oficial de reestructuración, Lisa Donahue, y su firma Alix Partners han producido millones en ahorros a la AEE, lo cierto es que hasta la fecha han desembolsado más de $43 millones en ese contrato, que se ha extendido por unos 2 años.

El fin de este proceso se anticipó sería el próximo año, pero tres meses después que culmine la tarifa energética aumentará 3.1 centavos que se usarán para pagar los bonos de la AEE que serían transferidos a la Corporación para la Revitalización de la AEE. A esto se suma la posibilidad que el aumento temporero de 1.3 centavos que entró en vigor en agosto se torne permanente a partir de enero, lo que aumentaría la tarifa de la luz un total de 4.4 centavos para mediados o finales del próximo año.

Entretanto el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto Lázaro, confirmó que de cara a enero no cumplirá con algunos acuerdos de consentimiento con la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). La corporación pública necesita unos $210 millones para cumplir con los requisitos de la EPA que al momento no tiene por lo que Lázaro indicó que se comunicará con la entidad federal para solicitar una extensión a esos acuerdos.

Según Lázaro, el incumplimiento con estos acuerdos podría desembocar en multas contra la AAA e incluso repercusiones legales criminales contra directivos.

Los directivos de la AAA y la AEE ambos reconocieron la necesidad inherente de avanzar con el Plan de Mejoras Capitales de sus respectivas corporaciones públicas para fines de su anticuada infraestructura y modernización necesaria. En el caso de la AAA el plan representa un costo de $3,000 millones mientras en la AEE sería de $2,400 millones.

Educación: Victoria presupuestaria e impase por política pública

A pesar de recortes efectuados desde la legislatura contra partidas asignadas a la educación especial, el secretario del Departamento de Educación (DE), Rafael Román, logró financiar el programa para este año fiscal con unos $24 millones de ahorro en nómina. Por otra, parte también afirmó que su agencia recién liquidó una deuda de $12 millones con el Sistema de Retiro para Maestros. A esto se sumará un superávit de $783 mil con lo que la agencia espera culminar el presente año fiscal.

Román celebró durante las vistas de transición el cumplimiento e su agencia con las disposiciones del pleito de clase Rosa Lydia Vélez para mejorar las condiciones académicas de los estudiantes de educación especial como también la leve mejoría registrada en las recién implantadas pruebas estandarizadas conocidas como 'pruebas META'. El Comité Entrante, sin embargo, disputó esta mejoría pues el secretario hizo una comparación entre estas pruebas y las anteriores pruebas puertorriqueñas, por lo que argumentaron no hay suficiente data para comprobar una mejoría.

El secretario además insistió que no mantienen una deuda con la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) por concepto de renta de escuelas, y aclaró esa asignación la desembolsa la OGP. De hecho, la AEP reveló esta semana que mientras incumplen con un pago de $70 millones a acreedores por virtud de la ley de moratoria, al mismo tiempo no han hecho gestiones de cobro de renta de sus propiedades, cantidad que alcanza los $300 millones.

Pero fue la carta circular para implementar la enseñanza de equidad de género en las escuelas el asunto que más críticas desató desde el comité entrante y el saliente. La controversia surge por una confusión entre los términos 'equidad de género' y 'perspectiva de género', que han sido objeto de discusión pública. El Comité Entrante insistió que Román ha puesto más énfasis en la perspectiva de género, una herramienta de enseñanza, que al propio concepto de equidad de género, lo que afirmaron cuenta con el respaldo de la administración entrante.

Para el secretario Román, el debate se presenta por parte de Comité Entrante como pretexto para eliminar la carta circular.

Carreteras sobrevive el cuatrienio mientras DTOP se queda sin dinero para las carreteras

La Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) tiene cada vez menos posibilidades de salir del atolladero fiscal en que se encuentra. Entre las líneas de crédito que incurrieron durante las pasadas administraciones y la activación del mecanismo de clawbacks por parte del gobernador, la directora ejecutiva de la ACT, Carmen Villar, reveló en vistas públicas que en este cuatrienio la agencia estuvo en constante riesgo de colapsar.

Mientras los clawbacks retiraron $262 millones durante este año a la ACT, la deuda con las líneas de crédito asciende los $2,000 millones.

En el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el secretario Miguel Torres, expresó preocupación ante la disminución de su plantilla laboral, que de 4 mil empleados a principios de cuatrienio bajó a 1,500 al presente. El mantenimiento de las carreteras también carece de suficientes fondos, indicando que al presente solo tiene más de $8 millones disponibles de los casi $25 millones que necesita para encaminar un mantenimiento adecuado.