La primera orden administrativa de Waldemar Quiles elimina la multa de $25,000 que enfrentaban los suegros de Jenniffer González y abre paso a oficializar casas bote en Parguera.

El mismo día en que la gobernadora Jenniffer González Colón anunció su designación como secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, firmó su primera orden administrativa con el propósito de archivar el caso que pesaba contra los suegros de la mandataria por construcción ilegal y daños ambientales en La Parguera.

El caso administrativo inició en agosto de 2023 pero todavía se encontraba en proceso de adjudicación ante una oficial examinadora principalmente porque los suegros de la mandataria, José del C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, habían recurrido a recursos de revisión o de posposición.

La orden administrativa 2025-01 circuló anoche en redes sociales sin un anuncio de parte de la agencia.

En lo específico, los suegros de la gobernadora se benefician porque se ordena el archivo de su casos, y todos los relacionados a violaciones ambientales por parte de propietarios de estructuras en la Reserva Natural de La Parguera. En lo general, el matrimonio Vargas-Llavona, y todos los demás propietarios de estructuras que ubican en terrenos de dominio público, se benefician porque se legaliza su estadía allí mediante el cobro de un canon cada cinco años. Esto supone un intento de resolver, mediante la orden administrativa, décadas de tensión por la presencia en bienes de dominio público de estructuras privadas cuya sola presencia, y habitación humana, impactan permanentemente una reserva natural protegida.

El alcance de la orden está por verse en cuanto a impugnación judicial se refiere tanto por lo que decreta como por cómo esto pueda chocar con la jurisdicción de otras agencias y con leyes federales, pero el perito en asuntos ambientales, licenciado Pedro Saadé Lloréns, la definió como “una entrega a mansalva de bienes públicos y una pésima solución a un problema complejo”. Precisó que la orden sería ilegal por ser contraria al reglamento que pretende usar de base, el 4860, y que su “razón de ser” parece ser directamente librar a los parientes de la gobernadora de la imputación legal que enfrentaban.

Desde por lo menos 1952 hay registro de casas construidas clandestinamente en la reserva natural. A fines de la década del 1970, el gobierno federal y el local llegaron a un acuerdo para remover las “casas bote” que no estaban fijas en terreno. A las que estaban en terreno fijo, se les dio largas, siempre que no aumentaran la huella que ocupan con construcción nueva. El caso del DRNA contra los padres del esposo de la gobernadora involucra construcción nueva. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico ha procesado exitosamente durante el último año a personas que impactaron ilegalmente el terreno o realizaron construcciones en la reserva natural de Salinas, pero no han presentado casos sobre La Parguera.

En una acción que González Colón calificó del saque como un ataque político de su contrincante primarista, el exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia, en 2023 el DRNA emitió cuatro querellas contra propietarios de estructuras en La Parguera, incluyendo a los Vargas-Llavona. Los hechos eran similares, vigilantes y peritos de la agencia sostuvieron que hubo construcción ilegal o daño ambiental por parte de los propietarios.

Los hechos ilegales imputados a los suegros de la gobernadora son depósito de relleno, corte de mangle y construcción sin los debidos permisos del DRNA, específicamente, un tablado y terraza recientemente reconstruidos con 45 pies de tablones de madera 4’ x 8’ y 30 pilotes nuevos (3 por fila) de PVC rellenados de cemento.

La orden de Quiles Pérez dice que los casos “relacionados a los asuntos establecidos en la presente Orden Administrativa” se van a archivar por “convertirse en académicos”.

Aunque al anunciar su designación, La Fortaleza realzó el trasfondo de Quiles Pérez en el ejército y el gobierno federal, la realidad es que es director de la Oficina de Recuperación y secretario Auxiliar de Operaciones del DRNA desde el 2022, por lo que no viene de afuera de la estructura de gobierno y fue parte de la Administración Pierluisi. Es, además, hijo del exlegislador del Partido Nuevo Progresista, Waldemar Quiles Rodríguez.

Las posturas públicas de González Colón sobre el nombramiento que haría en el DRNA dejaban poca duda de que el caso contra sus suegros terminaría sin que estos tuvieran que responder por las imputaciones.

“Quien vaya a ser el funcionario de la agencia tomará las decisiones que tenga que tomar, pero te estoy diciendo que ninguna persona va a seguir lo que empezó la secretaria (anterior del DRNA) porque ella tuvo claramente un caso político, al punto que eso está en los tribunales, en el proceso de derecho administrativo y eso se va a caer porque evidentemente se violentaron simplemente porque eran mis suegros, eso el pueblo de Puerto Rico lo adjudicó en una primaria y en una elección general y yo no me voy a prestar para fabricarle casos a nadie”, dijo el martes en una entrevista tensa en el programa Rayos X.

Al anunciar la designación el jueves de Quiles Pérez, la gobernadora engañó sobre el proceso en el DRNA al decir que fue un procesamiento “selectivo” de sus suegros y obviar que se radicaron otros tres casos con imputaciones similares. “El secretario cuando llegue revisará”, dijo, mientras Quiles Pérez guardaba silencio ya que González Colón no permite preguntas de la prensa a los nominados en las conferencias que convoca, precisamente, para anunciarlos.

La orden define las estructuras como “enclaves de propiedad privada en zona marítimo-terrestre sobre terrenos de dominio público” y representa una oportunidad para que todos los propietarios legalicen cualquier modificación que hayan hecho a su estructura. Esto porque lo que establece no es que la agencia va a inspeccionar el área, sino que los mismos propietarios son los que van a someter una declaración jurada y planos sobre la “huella existente” de su propiedad y entonces la agencia actualizará sus récords de acuerdo a esa declaración jurada. Luego, los propietarios podrán pedir permisos para “mantenimiento y reparación de estas estructuras”, de forma que “sean seguras y mantengan la pintoresca y colorida arquitectura que las ha convertido en un atractivo turístico de la zona”.

Estas estructuras, y otras en el área, han llevado a que La Parguera se conozca como la “Venecia de Puerto Rico”, dice la orden.

“Como la gente visita Venecia, la gente va a visitar también La Parguera”, dijo González Colón en la conferencia al lado de Quiles Pérez.

Para leer la orden, pulse aquí.

Vea:

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Suegros de González Colón enfrentan multas de $25,000 por violaciones en La Parguera