Si el Comite Organizador de las Fiestas de la Calle San Sebastián decide rechazar el segundo contrato que envió el Municipio de San Juan (MSJ) para el tradicional evento, sería la primera vez que ese grupo es excluído de la festividad que inició Rafaela Balladares y Ricardo Alegría hace 44 años.

Ese grupo tenía hasta el miércoles pasado para notificar al ayuntamiento su decisión, luego de negar ser partícipes del festejo y tras rehusar la primera negociación que el MSJ envió.

En entrevista con NotiCel, el portavoz de la mayoría en la Legislatura Municipal de San Juan, el licenciado Marco A. Rigau, admitió que si esa organización echa a un lado las negociaciones, el municipio entonces continuaría con las fiestas y asumiría las actividades del comité.

'Nadie es indispensable. El Estado es indispensable porque tiene que haber una entidad gubernamental que mantenga el orden y evitar que la genta decida las cosas por la fuerza. Toda entidad es bienvenida y, si el comité quiere participar conforme a las reglas establecidas, pues la Alcaldesa le da ha dado la bienvenida', indicó el legislador a este medio.

'Esas reglas le permiten a ese comité tener ingresos para llevar a cabo sus actividades, pero que también le permiten al municipio tener ingresos para costear los miles de dólares que se invierten en este evento, al que asisten miles de puertorriqueños y hasta personas de otros países. Si ellos quieren participar, estoy seguro que es bienvenido. Pero si no quieren porque quieren la exclusividad, pues lo veo muy difícil', añadió.

El exsenador popular sostuvo, además, que esa entidad estaría imposibilitada de celebrar eventos en las fiestas, como lo es el torneo de ajedrez, la talla de santos o actividades culturales y musicales, si no se consigue un remedio al tranque.

Destacó, igualmente, que, de insistir en celebrar los eventos sin haber llegado a un acuerdo, el mismo tendría que ser en un lugar privado y no en las plazas públicas, donde por las pasadas cuatro décadas se han llevado a cabo.

'Ellos pueden hacer todas las actividades privadas que quieran porque eso no se puede impedir, lo que ninguna entidad privada puede hacer es utilizar las vías o las plazas públicas sin permiso de la entidad pública que es dueña. O sea, nadie puede utilizar la propiedad del otro sin permiso del dueño de la propiedad', dijo sobre el particular.

Por otro lado, el legislador independentista en ese cuerpo, Adrián González Costa, anticipó que de continuar el pleito, el mismo llegaría hasta los tribunales a pocas semanas del festejo pautado para el 15 al 18 de enero del próximo año.

NotiCel hizo varias llamadas a la representante legal del comité, Yolanda Álvarez, pero ninguna fue contestada. También se intentó, sin éxito, obtener una reacción de la tesorera del grupo, Carmen Julia Díaz y el portavoz, Juan R. 'Tato' Ramos y López.

Trascendió esta semana que la abogada de la entidad, especialista en propiedad intelectual, aún no había analizado el nuevo contrato que establece básicamente los mismos elementos del primero, aunque con algunos cambios.

Con relación a los quioscos, elemento protagonista en la controversia, el documento establece que serán cuatro de comida y cuatro de bebidas, instalaciones que exentas del pago del alquiler, a menos que decidan subarrendarlo. De ser así, entonces el pago sería de $3,000 por los de comida y $4,000 por los que vendan bebidas alcohólicas.

Mientras, el ayuntamiento se quedaría con unos 40 que alquilará al precio ya establecido en la ordenanza municipal aprobada la semana pasada en vistas públicas.

Sobre los contratos a la emisora Spanish Broadcasting System, Carmen Serrano, portavoz de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto, explicó que solo es un intercambio de auspicios y desmintió que el ayuntamiento pagaría $300,000 por las tarimas, música y animación.

Esas conversaciones están inconclusas, por lo que declinó ofrecer más detalles.