Jueza de quiebras desestima pleito contra la JSF y la UPR sin entrar en los méritos, mientras está pendiente otra demanda a nivel estatal.

La intención de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Inc. (APPU) de mantener a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fuera de las decisiones sobre el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (SRUPR) quedaron frenadas en el Tribunal de Quiebras porque las expresiones del ente fiscal no han pasado de ser recomendaciones y los profesores todavía no han sufrido cambios en su plan.

De esta manera, la jueza Laura Taylor Swain ratificó la recomendación que había emitido el mes pasado la magistrada Judith Gail Dein de desestimar el pleito que presentaron la APPU y nueve profesores contra la JSF y la UPR. La desestimación ocurrió sin entrar en los méritos y en sus escritos la JSF ni siquiera discutió la reclamación de si tienen poder para afectar el SRUPR a través del plan fiscal o de ajuste de la universidad.

A nivel estatal, la APPU tiene pendiente ante el Tribunal de Apelaciones un pleito contra la administración universitaria que plantea negligencia en su administración del Sistema de Retiro.

La base de los argumentos de APPU es que el SRUPR es un fideicomiso que no es propiedad de la UPR, por lo que su administración no es materia del Plan Fiscal o de un Plan de Ajuste de Deuda, excepto como un acreedor al que la administración universitaria le debe decenas de millones.

Sin embargo, en el Plan Fiscal que la Junta certificó para la universidad pública, indicó que su análisis actuarial es que el Sistema de Retiro se quedaría insolvente en el 2031. Además, presentó tres recomendaciones a la administración, a saber: 1) no hacerle cambios al SRUPR y que la UPR saque $161 millones anuales de su presupuesto para las aportaciones, 2) congelar el plan de beneficios definidos y comenzar uno de contribuciones definidas, lo que requiere $140 millones anuales en aportaciones del sistema y 3) reducir los beneficios acumulados, congelar el plan de beneficio definido y moverse a un plan de contribuciones definidas, lo cual es más cercano a lo que ocurrió con los sistemas de retiro del gobierno central y maestros y requiere aportaciones de $100 millones anuales de parte del sistema.

La JSF expresó preferencia por la alternativa tres pero la UPR no ha tomado una decisión y, “sin embargo, los demandantes asumen que se adoptará la tercera opción”, resalta la magistrada Dein en su argumento a favor de la desestimación.

“La JSF sostiene que los demandantes no han identificado un daño real que haya resultado de las acciones de la Junta y, por lo tanto, no han podido plantear un caso o controversia que esté maduro para adjudicación. Consecuentemente, argumenta la JSF, los demandantes no tienen legitimación constitucional para mantener esta acción…. este tribunal está de acuerdo”, añadió la magistrada en un razonamiento que la jueza Swain adoptó por completo el martes.

Dein tampoco concedió capacidad para la reclamación de la APPU que busca una orden para que la UPR le pague daños al SRUPR porque dicha acción tendría que presentarla el plan y no una asociación de profesores.

La magistrada concedió que los argumentos de la APPU presentan “asuntos complejos de Derecho”, pero no le pareció que era el momento todavía para la intervención judicial.

“[E]s irrefutable que no ha ocurrido reducción a los beneficios de pensión, y que la UPR no ha seleccionado, mucho menos implementado, ninguna modificación al Sistema de Retiro que reduzca los beneficios a los que los demandantes reclaman tener derecho… la JSF declaró expresamente que la decisión de cómo financiar el Sistema de Retiro era de la UPR”, concluyó Dein.

Para ver la recomendación de Dein adoptada por el tribunal, pulse aquí.