Según la APPU, Manuel Colón Pérez, a cargo de la oficina de Recursos Humanos de la administración central de la UPR, también avaló un contrato de unos $290,000 para la instalación de ponchadores, de los que solo se han entregado menos de media docena.

En el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han pagado $164,750 por un contrato con la empresa Inovative Consultants Associates para la digitalización de documentos, pero el trabajo se ha limitado a la remoción de grapas, denunció hoy la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU).

Según se indicó en conferencia de prensa, ese no es el único contrato cuestionable en el mismo recinto: otro establece el pago de un total posible de $290,000 para la instalación de 44 ponchadores, pero solo se han colocado menos de media docena.

El denominador común en estos contratos, según la APPU, es Manuel Colón Pérez, entonces decano interino de Administración del RCM y actual director de la Oficina de Recursos Humanos de la administración central de la UPR.

El también exaspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP) -perdió en primarias con Miguel Romero- avaló los contratos y hoy, al menos uno de ellos, está en la mira de la Oficina de Asuntos Legales del RCM, que en diciembre de 2021 envió referidos a la Contraloría, Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Justicia, así como a la Oficina de Auditoría Interna de la junta de gobierno de la UPR.

Mientras, el presidente de la APPU, Ángel Rodríguez, declaró que la organización llevó el caso hace dos semanas ante el presidente de la UPR, Luis Ferrao Delgado, quien "no se había enterado y dijo que iba a averiguar qué había estado pasando con esos contratos".

En el detalle, Rodríguez indicó que "según los documentos obtenidos, el 12 de marzo de 2020 se suscribió un contrato con Inovative Consultants Associates por $385,000 para la digitalización de expedientes del personal del RCM (docentes y empleados, que suman más de 3,000), que fue enmendado el 8 de marzo de 2021 y llegó a 416,800, pero que la cantidad total podría ascender a $1,186,800. Pero aparentemente, los únicos servicios obtenidos por el RCM a raíz de estos contratos fue, según un informe de la Oficina de Asuntos Legales, la remoción de grapas de algunos documentos".

Por este contrato y la "remoción de grapas" ya el RCM ha desembolsado $164,750 y todo comenzó cuando la licenciada Cristina Parés Alicea, a cargo de la Oficina de Asuntos Legales, "se encuentra con una factura y nadie sabía de los servicios por los que se estaba facturando".

Lo que sí se sabe es que la labor encomendada a la empresa, tras entrevistas a ejecutivos de la compañía y del RCM por parte de Asuntos Legales, "es que el trabajo no se podía realizar, que eran tareas no posibles de desarrollar", dijo Rodríguez.

En cuanto al otro contrato, la presidenta del capítulo de la APPU en el RCM, Lida Orta Anés, abundó que se trata de la empresa AVAC, con la que el recinto pretende la instalación de 44 ponchadores.

"El contrato es por $203,000, con un total posible de $290,000. Son 44 ponchadores digitales, pero de la propuesta solo se han instalado menos de media docena y nadie sabe dónde están. Tampoco hacen ninguna falta, sobre todo en este momento de crisis económica. Ya hay mecanismos para eso", apuntó.

Ante la inacción de la administración central de la UPR, la APPU decidió a denunciar los casos y pedir la renuncia de Colón Pérez, que según Rodríguez fue un "aterrizaje político partidista" en la principal institución educativa del país.

"Él (Colón Pérez) llega con Segundo Rodriguez Quilichini al RCM y luego pasa a la administración central con Luis Ferrao. Debe ser destituido porque su desempeño deja mucho que desear y para permitir que la investigación corra de buena manera. Además, es la segunda persona al mando de la UPR y está bajo la supervisión del presidente. Tiene amplios vínculos con el PNP", sostuvo el portavoz del sindicato.

Se expresa el presidente de la UPR

Horas después de la denuncia de la APPU, el presidente de la UPR se expresó en torno al asunto.

En una declaración escrita, Ferrao Delgado señala que “luego de la reunión con los portavoces de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios se validó que en efecto la Oficina de Auditoría interna de la junta de gobierno de la UPR está investigando los alegados señalamientos".

Ferrao Delgado sostuvo que, como institución, "nos mantendremos al tanto de la conclusión emitida en las investigaciones para tomar las acciones disciplinarias y cualquier proceso legal que corresponda a los supuestos hechos. Éstas son las únicas declaraciones que estaremos emitiendo sobre este asunto”.