La representación legal del expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker Ramos, y el exrector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, señalaron a la persecución política y la envidia profesional como las motivaciones principales para encontrar culpabilidad en los exfuncionarios en referencia a la otorgación de las becas presidenciales.

'En todos los recintos habían rectores y en todos se dieron becas. La pregunta es por que escogieron al Recinto de Río Piedras. Yo lo atribuyo a que es una cuestión política en todo esto. Yo no se si es racismo o si es racismo político', exclamó Harry Anduze, abogado del doctor Severino Valdez a su salida de la vista de determinación de causa.

Según la radicación del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), ambos se enfrentan a violaciones a la Ley de Ética en cuanto a la concesión de beneficios a otros (Sección 4.2b), interferencia indebida en operaciones gubernamentales y malversación de fondos.

El licenciado aludió a que, de los 16 testigos que fiscalía tiene en lista, uno de ellos es Carlos Díaz Olivo, quien 'salió en cuanta estación de radio hay y en un programa que el tiene despotricando contra la universidad porque el ve detrás de cada piedra en esto a Tony García Padilla'.

De la misma manera, cuestionó el hecho de que la exjueza Mercedes Bauermeister no se encuentra entre los testigos ya que fue ella quien firmó el documento entregado por el comite encargado de revisar el otorgamiento de la Beca Presidencial de la UPR.

Según el análisis de Bauermeister, la primera investigación sobre el asunto fue parcializada y discriminatoria contra Recinto de Río Piedras.

'Hay, para sorpresa de nosotros, testigos que ni acabándolos se acaban. Sin embargo, no aparece Mercedes Bauermeister que fue quien redactó el informe que se vio hoy y que es un informe que está lleno de errores y de percepciones equivocadas. Me imagino que las fiscales no la presentaron porque no les convenía', acotó Anduze.

Para sostener su argumento mencionó, además, que las fiscales que lideran el caso --Iris Melendez Vega y Zulma Fúster Troche-- solo presentaron declaraciones juradas que podrían ser indicativas de las 'peleas internas de la Universidad y podemos decir que son hasta envidias profesionales, y que en cierta forma desvirtúan el carácter universitario y academico'.

Las incongruencias con la otorgación de las becas presidenciales tambien involucraban al exdecano de la Facultad de Arquitectura, Francisco Rodríguez Suárez, quien recomendó a la arquitecta Mónica Sánchez Sepúlveda para recibir una de las subvenciones. La arquitecta es sobrina del entonces presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez Colón.

Empero, esos nombres no figuran entre los citados por los fiscales para la radicación de cargos.

Con los planteamientos de Anduze concordó Jose Velázquez Grado, abogado del doctor Walker Ramos, quien tambien esperaba contrainterrogar al analista político Díaz Olivo. Igualmente, no descartó someter una demanda por difamación contra el locutor.

'A mí lo que me molesta en el día de hoy es que se sometan declaraciones juradas, porque a mí me gusta contrainterrogar a los testigos. A mí me hubiera encantado contrainterrogar a Carlos Díaz Olivo', aseguró.

Ambas partes están citadas para el martes, 19 de diciembre, a las 9:00 a.m. para la continuación de la vista, en donde la defensa presentará ante la jueza, Geisa Marrero Martínez, prueba que alegan es exculpatoria.

Por su parte, el expresidente Walker Ramos, subrayó que la situación rayaba en la envidia y el interes de manchar el nombre de la UPR.

'Hubo envidia, había una necesidad y quizás hasta un interes de desestabilizar la Universidad y juzguen todos ustedes dónde estaba la Universidad de Puerto Rico hace 18 meses y dónde está ahora', sostuvo a su salida.

En las afueras, más de una veintena de profesores, abogados, líderes comunitarios y gestores culturales se congregaron para mostrar su apoyo al exrector del recinto riopedrense, tambien convencidos de la necesidad de que se supiera la verdad.