Tres exrectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), se cuentan entre las ocho personas contra a las que hoy, lunes, se le radicaron cargos por malversación de fondos públicos y fraude, como parte de un esquema de corrupción con fondos del Programa de CRECE-21, entre otros, creado para certificar a maestros del sistema público.

En total, 263 cargos fueron radicados como parte del esquemaque constó en defraudar al programa de Certificación y Re–Certificación, conocido como CRECE-21, mediante una serie de compras y servicios que realizaban los imputados para su uso personal, haciendo creer mediante la falsificación de documentos y la ayuda de empleados de un hotel, que los gastos eran relacionados al ofrecimiento de talleres para maestros. Dentro de esos gastos se encontraban servicios de spa, comidas en ostentosos restaurantes, barras, pago de habitaciones, compra de ropa de marcas reconocidas, zapatos, fiestas, productos de cabello, productos para la piel, entre otros.

Cabe destacar que CRECE-21 no fue el único programa afectado por este esquema. Los programas de Desarrollo Profesional para Maestros del K-3, Desarrollo Profesional para Maestros de Escuela Superior, Innovación en la Enseñanza de la Lengua Materna y la Cumbre Iberoamericana de la Honorable Academia Mundial de la Educación, también fueron impactados económicamente tras los actos fraudulentos.

De este modo, se estima que un total de $73,000 fue malversado como parte de estos hechos ocurridos entre junio del año 2011 y noviembre del 2012.

Esta situación llegó a la consideración del Departamento de Justicia a través de un referido de la Universidad de Puerto Rico. Durante la investigación colaboró la División de Auditoría Interna de la Junta de Gobierno de la UPR y la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.

'Este caso ilustra el arraigo de la corrupción en nuestras instituciones públicas, aun en aquellas que deben ser modelo de corrección como la Universidad del Estado. Igual ilustra que trabajando unidos, como lo hemos estado haciendo, podemos atajarla. El resultado de hoy es consecuencia de la colaboración entre la Oficina de la Contralora, la Oficina de Auditoría Interna de la UPR y el Departamento de Justicia', señaló el secretario Miranda.

Entre los parentescos de los imputados se destaca que Jonathan Ramírez Pérez es hijo del exrector de la UPR de Arecibo, Juan Ramírez Silva. Asimismo, se radicaron cargos contra varios miembros de un mismo núcleo familiar, ya que Ada Hernández Santiago es madre de Ada Liz López Hernández, directora del programa CRECE-21. A su vez, Hernández Santiago es abuela de Jason Ortiz López, exempleado de la UPR de Bayamón. Por su parte, Nilda Vázquez Cruz es hermana de Yanaira Vázquez, exrectora de la UPR de Utuado.

Los gastos ilegales fueron posibles mediante el concierto y común acuerdo entre funcionarios de la UPR y empleados del Hotel Caribe Hilton, quienes en conjunto alteraban las facturas para aparentar que eran gastos oficiales de la UPR como parte de los talleres.

'Seguimos encontrando servidores públicos que le fallan al Pueblo de Puerto Rico. Nuestros auditores continúan colaborando con el Departamento de Justicia en este y otros casos', indicó la contralora Yesmín M. Valdivieso.

Entre los hallazgos la bitácora de huéspedes reflejó discrepancia en los nombres incluidos para una misma reservación. De igual forma, los imputados certificaron que en las actividades de los talleres no hubo consumo de bebidas alcohólicas, pero la evidencia contrasta con dichas certificaciones. Los gastos ilegales ocurrieron a pesar de que en los acuerdos formalizados entre la UPR y el hotel para la realización de este tipo de actividades, se incluía desayuno, almuerzo, cena y dos meriendas para los participantes.

Entretanto, el doctor Carlos Pérez Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, aseguró que, 'La Junta de Gobierno de la UPR solicitó a la Oficina de Auditoría Interna (OAI) en abril de 2014 que realizara una auditoría del programa CRECE-21 y además notificó la situación a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, al Departamento de Justicia, a la Oficina de la Fiscal Federal y a la Oficina de Ética Gubernamental'.

La Junta de Gobierno advino a conocimiento de las irregularidades luego que públicamente se señalaron fallas y posibles violaciones de ley y el Recinto de Ciencias Médicas ordenara una investigación de este proyecto que implicaba una cuantía de hasta $49 millones en fondos federales. Esa investigación señalaba varios hallazgos relacionados con las áreas de contratación, recursos humanos, propiedad, compras, entre otras. La investigación de la OAI se amplió a todo el sistema universitario de la UPR.

'Nuestros esfuerzos en estos momentos van dirigidos a atender la agenda de futuro para la Universidad. Estamos planificando para lidiar con los inminentes retos fiscales. Estas acusaciones son una penosa situación que se ventilará en los tribunales pero no podemos distraernos de nuestra misión principal con la Universidad en estos momentos', declaró la doctora Celeste Freytes, presidenta interina de la UPR.

Por su parte, el secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, también aseguró que cooperó en la investigación del proyecto CRECE 21.

'Cumplimos con el deber ministerial de investigar el manejo de los fondos públicos relacionados a CRECE 21 y de paralizar la erogación de fondos una vez se identificaron las irregularidades que se cometieron en dicho proyecto. Esperamos que con esta nueva etapa en el caso, todos los que aspiran a tener la confianza de trabajar por la educación del país entiendan, de una vez y por todas, que el que falla en la confianza depositada, tarde o temprano no se queda impune', declaró Román.

La continuación de la vista de causa para arresto será el próximo 10 de noviembre de 2016 en la Sala de Investigaciones de San Juan. La jueza María de Lourdes Camareno estará a cargo de la vista.