La montaña rusa que ha sido el pleito legal de los seis estudiantes de la Universidad de Puerto Rico ( UPR ) que demandaron a la institución para exigir la reapertura del recinto riopedrense, tras ser clausurado por decisión del estudiantado, no fue lo que esperaban enfrentar los demandantes desde el principio.

'Este caso no para de sorprendernos. Desde el primer día nosotros entendíamos que el entredicho provisional estaba más que probado', dijo a NotiCel el abogado de los seis, Pedro Vázquez.

El trámite del caso, radicado 10 días después de la ratificación del paro por parte de la asamblea estudiantil de Rio Piedras, ha sido visto en el Tribunal Apelativo, que dio paso al recurso de mandamus de la parte demandante para reabrir el campus, y el Tribunal Supremo, que denegó un recurso de auxilio solicitado por los demandados para frenar el desacato incurrido por la UPR al incumplir con la sentencia del apelativo.

El martes continuó la vista de mostrar causa contra la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, quien debía presentar un plan de acción para reabrir el recinto de Rio Piedras o constatar que había logrado cumplir con la apertura del mismo. Sin embargo, al mediodía la administración universitaria confirmó que, en efecto, Fernández había renunciado 'de manera irrevocable'.

Horas antes se había confirmado la renuncia de tres integrantes de la Junta de Gobierno – el presidente Carlos Pérez, el vicepresidente Carlos del Rio y Francisco Catalá, quien nunca fue formalmente confirmado por el Senado desde la pasada administración. No obstante, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares designó de inmediato al profesor de la facultad de derecho de la UPR, Walter Alomar Jiménez, y aZoraida Buxó, quien fue secretaria de Corrección durante la primera administración de Pedro Rosselló.

En su testimonio, Fernández admitió a la jueza Lauracelis Roques que durante la madrugada de ese día – martes – había activado el plan de acción para reabrir el recinto durante la madrugada, pero desistió de ejecutarlo en su totalidad por notar un aumento en la presencia de manifestantes y de la prensa.

En efecto, en la madrugada del martes varios efectivos de la compañía de seguridad privada, Capitol Security, se ubicaron en Plaza Universitaria en aparente antelación a una posible apertura forzosa del campus, algo que no sucedió.

A fin de cuentas, Roques reconoció la renuncia de Fernández y la excusó de desacato, librándose así de un arresto que la jueza había advertido desde el jueves pasado.

A su salida del tribunal, Fernández se limitó a comentar que el plan de trabajo 'tiene unas implicaciones muy serias y me mantuve firme en la posición de que cualquier plan de trabajo tenía que garantizarme la seguridad'.

Con la renuncia en masa de los altos directivos de la UPR, el primer centro docente de Puerto Rico queda, por primera vez en su centenaria historia, sin un rumbo claro para proceder.

Esto en medio de la elaboración de un presupuesto y un plan fiscal que debe contemplar – por directriz del gobernador - recortes de cientos de millones de dólares al sistema universitario, una huelga estudiantil que mantiene siete recintos cerrados, una amenaza inminente a su acreditación por parte de la organización acreditadora Middle States Comission on Higher Education y este pleito legal que le cuesta $1,000 diarios por concepto de desacato civil y que hasta la fecha asciende a $11,000 desembolsados.

Para Vázquez, el argumento que esgrimió la parte demanda al indicar que la UPR está acéfala y no cuenta con alguien que pueda responder la demanda no necesariamente es cierto, señalando que cuentan con una línea de sucesión.

'Vimos que no hay mucho interés de la universidad, no hay nadie supuestamente a cargo de la universidad. Esa no es la información que tenemos. Nosotros entendemos que según la ley y los procesos del recinto, sí hay una persona', dijo el abogado al indicar que han identificado esa persona como uno de los vicepresidentes del sistema universitario.

La UPR cuenta con tres vicepresidencias: la de asuntos académicos, presidida por Carlos Ramos Bellido; la de asuntos estudiantiles, presidida por Nitza Hebe Ribera; e Investigación y Tecnología, presidida por José Lasalde.

No obstante, el nombramiento oficial de quien presidiría la universidad de modo interino tiene que ser elegido por el presidente de la Junta de Gobierno, quién a su vez debe ser electo tan pronto la Junta de Gobierno cuente con el quórum necesario para tomar decisiones.

Aunque los nombramientos primero tienen que pasar por el crisol del Senado antes de entrar en vigor, Vázquez aseguró que el tramite sería expedito.

'Entendemos que el Senado va a actuar bien rápido en esto. Ellos saben que hace falta quórum en la Junta. Con esos dos nombramientos que hizo el gobernador ya hay ocho miembros', dijo el abogado, haciendo referencia al mínimo de miembros necesario para cumplir con el quórum necesario.

Latente posibilidad que la Policía intervenga por mandamus de la UPR

Sobre el mandamus radicado por la ahora expresidenta interina para compeler a la Policía a asistir en el esfuerzo de reapertura del recinto riopedrense y hacer cumplir la directriz del Tribunal Apelativo, Vázquez dijo que no había estudiado el recurso. Aunque afirmó que ahora procede la consideración de ese recurso insistió que la universidad aún tiene el poder de sancionar estudiantes, profesores y empleados que respalden mantener el recinto cerrado.

'Parece que ellos prefieren dejar esto ahora en manos de la Policía, pero confiamos que una vez haya una nueva administración en la Universidad se den cuenta que hay otras medidas que es la que estamos esperando hace dos meses para que se tomen', manifestó el abogado de los seis estudiantes demandantes. Asimismo, sostuvo: 'Entiendo que es un deber ministerial de la policía hacer cumplir las leyes'.

Así las cosas, el propósito de los recursos judiciales solicitados por los seis demandantes no logró su objetivo en el corto plazo deseado. El caso permanecerá congelado hasta tanto los demandantes puedan identificar alguien quien pueda responder en lugar de un presidente de la UPR, o hasta que la parte demandada elija un presidente interino, lo que penderá sobre la celeridad del Senado y la prioridad que su presidente, Thomas Rivera Schatz, le confiera a la controversia.

Entretanto, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico tienen cinco días para responder al mandamus radicado por Fernández, lo que también podría resultar en el uso de recursos de la uniformada para reabrir el campus de Rio Piedras.

Según Vázquez, sus clientes se sienten 'defraudados' por la administración universitaria por no simpatizar con los reclamos que llevaron hasta la rama judicial, aunque el abogado confía que los nuevos miembros designados simpatizarán más con los seis. En ese sentido, insistió que el sistema judicial no ha fallado, pero sí los funcionarios universitarios.

'El sistema se ha movido quizás más lento de lo que quisiéramos, pero eso es un lamento que tiene casi todo el mundo que se envuelve en el sistema judicial. Aquí quienes les han fallado a ellos (los seis) son personas, y esas personas tienen nombre y apellido. Hay que decirlo así. Ha sido la ahora expresidenta de la universidad, la doctora Fernández, y la hasta el jueves rectora, la doctora (Carmen) Rivera… los defraudó', sentenció Vázquez.