La aprobación del Proyecto de la Cámara (PC) 1089, el cual propone suspender pagos de nómina a empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) mientras los servicios esten detenidos, es innecesaria y no ataja el problema real que enfrenta la institución.

Así coincidieron miembros de la Oficina Jurídica de laUPR, la Junta de Retiro de la universidad, profesores y empleados no docentes citados a deponer durante la última vista pública del proyecto.

Pero a pesar del amplio rechazo a la medida legislativa, el representante Gabriel RodríguezAguiló, autor de la medida, insistió en su importancia y afirmó que no la retirará.

'La obligación principal de la Universidad [de Puerto Rico] es educar. Educar al estudiante. […] La Universidad de Puerto Rico le pertenece al Estado', justificó el representante.

'Aunque me opongo a lo que se conoce en la calle como la huelga estudiantil, el Proyecto de la Cámara 1089 está mal concebido y debe ser abandonado', afirmó el profesor de Inglés JamesConlandurante su ponencia.

A esto le añadió que la medida 'indica un profundo desconocimiento de la naturaleza del problema, de los bienes jurídicos involucrados, de los derechos y deberes contractuales de las partes, del papel culposo que ha jugado la Secretaria de Justicia en mantener el problema, de la relación contractual entre laUPRy el Estado bajo ley, y las consecuencias de imponer en cada individuo el deber de abrir el Recinto como requisito de recibir sueldo'.

Junto aConlan, depusieron los profesores Ana Cristina Gómez Pérez, de la Escuela de Derecho; yGiuseppePandolfideRinaldiseIvonneFigueroa Hernández, de la Facultad de Educación, todos del Recinto de Río Piedras de laUPR.

Gómez Pérez fue enfática en que elPC1089 afectaría laacreditaciónde laUPR, pues pone en jaque la estabilidad y autonomía financiera de la institución educativa.

'Hay otras maneras de atacar el problema, como una reforma universitaria', expresó la profesora. No obstante, RodríguezAguilóno le permitió continuar con el planteamiento.

Por su parte, la Oficina de Asesoría JurídicaUPR, representada por MarcosDíazGalarza, aseguró que la medida propuesta es equivocada y atenta contra los procesos internos de gobernanza.

Al igual que los otros deponentes,DíazGalarzaexplicó punto por punto cómo elPC1089 está mal redactado y viola convenios colectivos y derechos de empleados.

'ElPC1089 atenta en contra de la autonomía universitaria reconocida en la Ley de la Universidad de Puerto Rico.Adolecede ambigüedad, viola el debido proceso de ley al privar a los(as) empleados(as) de su propiedad, menoscaba obligaciones contractuales de forma retroactiva e inconstitucional y elimina derechos adquiridos en contravención al ordenamiento jurídico', sentencióDíazGalarza, coordinador de la Oficina de Asesoría Jurídica.

'Resulta alarmante que el presente proyecto de ley no considera ni exceptúa las instancias en que las interrupciones de los servicios de educación y de enseñanza sean llevados a cabo por terceros, estando fuera del control de la Universidad y sus recintos', agregóDíazGalarza.

En cuanto a la Junta de Retiro de laUPR, el presidente EduardoBerríosTorres rechazó la medida porque no es 'una favorable quecontribuyaa promover la solvencia fiscal' del Sistema de Retiro de la universidad. Igualmente, elPC1089trastocaríalos procesos de pago y recaudos, entre otros.

'ElPC1089 representa un riesgo porque intenta resolver una situación atípica y transitoria. Su aprobación conlleva la derogación parcial o total de los reglamentos y la desarticulación de las normas que actualmente rigen laUPR', declaróBerríosTorres.

El representante Luis Vega Ramos, por su parte, exclamó que la medida surge como una táctica decoersiónpara los profesores para así obligarlos a abrir los portones de la institución, que se encuentra cerrada desde finales de marzo.

En esa línea, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), por medio de su presidente José Torres, invocó la Política Institucional de No Confrontación de laUPRy catalogó la medida legislativa como una provocación aviolentarla. A su entender, presiona indirectamente a los empleados a intentar abrir los portones de la universidad.

Del mismo modo, laHEENDse opuso a la aprobación de la medida porque, a pesar de la paralización, los trabajadores han estado dispuestos a cumplir con sus labores. En esa línea,aludieronal hecho de que las manifestaciones, losparosy las huelgas de este semestre académico no fueron originados por ellos.

'Cuando existe un impedimento fuera del control de un trabajador o trabajadora queimposibilitaque pueda realizar su trabajo, es inaceptable que sea penalizado', depuso Torres.

El líder sindical enfatizó en que, si se detienen los pagos, 'setrastocaríael Sistema de Retiro, el Seguro Social, Asume,AEELA, entre otros'.

Entretanto, el Departamento de Hacienda rechazó el proyecto, ya que entienden que laUPRgoza de autonomía. No obstante, aprobarían el proyecto si se elimina la cláusula que ordena al Departamento a detener toda transferencia de dinero a la universidad si ésta se encuentra paralizada.

'El Departamento de Hacienda no tendría objeción al trámite delPC1089, siempre y cuando se elimine lo dispuesto en la Sección 2 de la medida porque con lo dispuesto en la Sección 1 de la medida sería suficiente', comunicó la licenciadaRoxanaCruz Rivera, subsecretaria de Hacienda, mediante declaraciones escritas.

El representante RodríguezAguilóadelantó que el proyecto seráenmendado, por tanto se desconoce cuándo bajaría a votación.

La vista pública también incluía la discusión delPC820, el cual crearía la 'Comisión Especial de la Comunidad Universitaria para Auditar la deuda de laUPR'. No obstante, fue relegada a un segundo plano, pues la jornada se enfocó en discutir elPC1089.

Los representantes Jorge Navarro,DenisMárquez, JoséVarela,JoséApontey VíctorParéstambién estuvieron presentes en el transcurso de la vista. También, en el público estuvoEdwinMundo, así como miembros de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y abogados de laUPR.