Menos burocracia gubernamental, autonomía administrativa y la creación de un fondo monetario energetico, resumen los poco más de cincuenta comentarios ciudadanos remitidos a la Junta de Control Fiscal (JCF) como parte de una agenda para conocer la opinión referente al Plan de Ajuste Fiscal (PAF) presentado el mes pasado por el gobernador Alejandro García Padilla.

La propuesta que persigue crear un fondo monetario tiene como intención la compra de equipo para mejorar la infraestructura energética de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). De ser endosado por la JCF, este proyecto presentado por el ciudadano Miguel Bas, se alimentará económicamente de 'un impuesto de 11.11%' que el gobierno cobraría a la subsidiaria PrepaNet al permitirle proveer servicios de internet a los hogares puertorriqueños por una mensualidad de 45 dólares. Según un estimado realizado por Bas, 'de entrar 100,000 personas al servicio, se generarían unos $6,000,000', efectivo que se destinaría al fondo sin permitir transferencias para ningún otro propósito.

Por otra parte, la Asociación de Constructores de Hogares (ACH) y la Cámara de Comercio (CCPR) persiguen que la JCF avale una merma en la burocracia gubernamental durante el proceso de adquirir permisos para realizar negocios en la isla. Según la propuesta detallada por Emilio Colón Zavala, presidente de laACH, iniciar un proceso transparente que no limite a los negociantes 'conseguirá atraer inversionistas' a Puerto Rico. Esta iniciativa solicita también que se estudien modelos de países latinoamericanos que dicen, son más atractivos para el inversionista por tener 'mano de obra más barata y menos taxes'.

Mientras, en su carta sometida al ente federal, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico se mantuvo en la línea planteada durante la tercera reunión de este mecanismo que tuvo lugar en Fajardo. Allí, por voz del representante estudiantil Christian Arvelo, la UPR declinó, 'cualquier recorte presupuestario a la Universidad, por considerar que afectará el desarrollo de la Institución'.

En esta ocasión, la carta que firman Arvelo, Guillermo J. Guasp, Aníbal Y. López, Hannah P. Ortiz y Christopher Torres Lugo, aclara que la Junta de Gobierno de la institución pública 'se opone a PROMESA (siglas que corresponden a la ley federal que creó la JCF)' por entender que 'se pone en juego la autonomía de la UPR' al delegarle a los miembros del organismo federaldecisiones referentes al presupuesto de los 11 recintos que componen la Universidad.

Según establecen los miembros que firman la carta, como parte de las medidas que la JCF pudiera tomar para mejorar o incrementar las finanzas en el principal centro de educación del país, no apoyarían ningún alza en matrícula ni el cierre de recintos.

De igual modo, entre las 58 propuestas ciudadanas que encararon desde cartas hasta simples comentarios, las peticiones que aluden a minimizar el gobierno con una reducción de municipios sin despedir empleados, y el descontento con el modo propuesto por García Padilla, también se hicieron presentes en múltiples ocasiones.

En esta línea,Tony Pérez, vecino de Isabela, comunicó su deseo de 'reducir los municipios y delegar la educación pública que sostiene el Departamento de Educación (DE) a la UPR'. Mientras, José Carab, concordó con la iniciativa planteada por la ACH y la CCPR, estableciendo que para mejorar la situación fiscal de la isla es necesario 'acelerar los procesos de permisos de construcción' para así atraer inversiones.

No obstante, la mayor parte de los comentarios remitidos por la ciudadanía también solicitan la reestructuración de la deuda, algún proyecto que asegure las pensiones de los retirados y hasta minimizar los impuestos. En la mayoría de los casos las peticiones no estuvieron acompañadas de recomendaciones o un plan que trazara cómo lograr las mismas.

Asimismo, los comentarios en repudio a este ente federal, aunque en menor proporción, también dijeron presente cuando Carlos Cruz, a pesar de abogar por la reestructuración de la deuda, también instó a los miembros de la JCF a no continuar labores en Puerto Rico.

La JCF es un mecanismo creado bajo la ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en Ingles) que mediante la designación de siete miembros controlará las decisiones fiscales del gobierno y sus dependencias.