El gobernador Ricardo Rosselló dijo hoy que aunque la educación puede calificarse como un servicio esencial, hay renglones administrativos en la Universidad de Puerto Rico (UPR) que, a su entender, no lo son.

Rosselló, sin dar detalles adicionales, contestó así los planteamientos de los estudiantes en huelga, uno de cuyos reclamos es que la UPR sea declarada servicio esencial para el gobierno de Puerto Rico.

Desde el inicio de su administración, Rosselló ha sido ambiguo al hablar sobre la educación universitaria como servicio esencial. En marzo pasado, cuando su administración detalló los 'servicios críticos' en el denominado Plan Fiscal, ubicó a la educación como parte de cinco grandes áreas.

Salud: Servicios de diagnóstico, prevención y tratamiento; Salud mental y tratamiento por sustancias controladas; Cuidado de emergencia.

Educación: De grados K-12,vocacionaly educación especial; Estudios post secundarios y en deportes y recreación.

Seguridad Pública: Litigación de querellas y asesoría legal para el gobierno; Adjudicación de querellas criminales y civiles, incluyendo disputas laborales y asuntos de administración de sustento de niños.

Departamento de Justicia: Prevención e investigación criminal; Respuesta a desastres y emergencias; Custodia de reos; Protección de menores y familia; Protección del ambiente.

Infraestructura Pública: Mantenimiento y reparación básica de carreteras públicas; Administración de edificios públicos; Puertos; Red energética; Suplido de agua y acueductos; Tecnología de información; Expedición de permisos; Capacidades básicas de desembolso y cobro; Tareas básicas legislativas y ejecutivas para asegurar continuidad de negocios y desarrollo económico.

Rosselló lamentó, además, la decisión de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal Superior de San Juan, quien le dio hasta el martes a las 2:00 de la tarde a la presidenta interina, para que haga los esfuerzos de abrir el Recinto de Río Piedras de la UPR, o por desacato a la orden del Tribunal de Apelaciones, irá a la cárcel.

'Simplemente eso no tiene una salida real para este problema. Vamos a buscar los mecanismos que nos permitan abrir la universidad y correrla como debe ser', dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre cuáles serían los mecanismos, el gobernador mencionó que 'hay un sinnúmero de estrategias que se podrían trabajar. Lo importante es que el estudiantado vea que una universidad abierta es mejor que una universidad cerrada'.

Reiteró que hay un riesgo de que la Universidad pierda su acreditación, que se pierdan las ayudas federales o que inclusive, la Universidad termine vendiendo recintos o en el peor de los casos, privatizada.

Por otro lado, Rosselló responsabilizó al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá por la determinación de solicitar que el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno Central entrara al Título 3 de la ley federal PROMESA.

'En el 2007, bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá se tomó una acción irresponsable que afectaba al pensionado. Esa acción no pasó por el juicio de la Legislatura. Y era que se iba a sacar una emisión de bonosutilizando como garantías las aportaciones de los patronos y los servidores públicos al Sistema de Retiro. Si no tomábamos la acción del Título 3, en unos meses se acababan los activos y poníamos en riesgo a los pensionados', expuso el gobernador quien además calificó la movida de Acevedo Vilá como ilegal.

'Para los pensionados esto implica que sus pensiones no están en riesgo', añadió el primer ejecutivo.

Como el Sistema de Retiro tiene poca liquidez, el pago de las pensiones lo asumirá el Fondo General.

Rosselló Nevares solicitó en la noche del lunes a la Junta de Control Fiscal, que tanto el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno Central, como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) entraran a la protección de quiebra del Título 3 de PROMESA.

En el en caso de la ACT, alegó que los acreedores de dicha entidad han rechazado categóricamente el Plan Fiscal del Gobierno.