En menos de una semana la administración de Ricardo Rosselló Nevares develará el verdadero alcance de su plan para el próximo año fiscal, dando a conocer que servicios y programas serán prioridad para la operación de gobierno, cómo evitarán profundizar la crisis fiscal y que acuerdos ratificarán con los bonistas.

La fecha del 30 de abril cobra gran importancia con una administración bajo el ojo vigilante de la Junta de Control Fiscal (JCF), que fijó ese día como la fecha límite para que el gobierno presente su presupuesto para el próximo año fiscal. Junto a ese documento, la administración tendrá que entregar un plan detallado de implementación del Plan Fiscal certificado que incluya la identificación de una reserva de $200 millones que necesitarán a partir del 30 de junio.

De no identificar esta reserva, el gobierno se expone a tener que reducir la jornada laboral en el sector público.

El domingo, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela, anticipó en declaraciones escritas que cumplirán con la entrega del presupuesto a tiempo. 'AAFAF está bastante adelantado en la elaboración de los presupuestos en colaboración con la Junta de Supervisión Fiscal de conformidad con el Plan Fiscal aprobado el pasado 13 de marzo de 2017 y estará entregando los mismo en o antes del 30 de abril de 2017', manifestó Portela.

Paralelo a la confección del presupuesto, el día después del 30 de abril, lunes 1 de mayo, vence la paralización de litigios de cobro que puso en vigor la ley federal PROMESA contra acreedores del gobierno. Originalmente, dicho plazo vencía el 15 de febrero, pero fue extendido por la Junta a solicitud del gobernador Rosselló Nevares para poder llegar a acuerdos de buena fe con los acreedores del estado, bajo el título VI de PROMESA. La ley federal no dispone de más extensiones a ese plazo y no se materializó ningún movimiento en el Congreso para cambiar este plazo.

Las negociaciones – que empezaron hace apenas un mes – proceden en un ambiente de secretividad entre los acreedores, personal de AAFAF y de la JCF. Al mismo tiempo, los acreedores 'senior' de COFINA acordaron entrar en un proceso de mediación privada con el gobierno, aunque los acreedores 'major' dijeron que no participarán de ese proceso y a partir del 1 de mayo darán a conocer su posición ante el juez federal de distrito, Francisco Besosa.

Portela, por su parte, señaló el domingo que el vencimiento del 'stay on litigation' no afectará la continuación de las negociaciones. 'AAFAF continúa activamente negociando con múltiples grupos de bonistas en coordinación con la Junta de Supervisión Fiscal en busca de acuerdos al amparo del Título VI de Promesa. El plazo que vence el 1 de mayo de 2017 no afecta la continuación de las negociaciones. El contenido de dichas negociaciones es objeto de acuerdos de confidencialidad y por tal razón no pueden ser divulgados', dijo.

Por otra parte, esta será la última semana para que la Universidad de Puerto Rico entregue su plan fiscal propio. Ya la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras (ACT), y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) entregaron sus planes fiscales, pero no han sido publicados ni certificados.

En el caso de la UPR, la presidenta interina, Nivia Fernández, adelantó el jueves en una reunión con los representantes estudiantiles en la Junta Universitaria que la administración de Rosselló Nevares propuso encaminar un plan de recortes por 10 años a la formula presupuestaria para recortar hasta $512 millones de esa aportación – que permanecerá congelada. Tanto la presidenta interina como el gobernador han apostado a una estrategia de generar ahorros reduciendo costos de administración y generar ingresos mediante contratos con otras dependencias del estado.

El lunes la Junta de Gobierno de la UPR discutirá el plan fiscal y decidirán si respaldarán ese documento para así pasarlo adelante a la JCF, quien pasará juicio sobre el mismo. El Comité de Asuntos Financieros de esa Junta ya rechazó los escenarios que está contemplando AAFAF para la UPR.