La Universidad de Puerto Rico (UPR) se dispone a consolidar las funciones administrativas de diez recintos para reducir a tres las estructuras gerenciales del sistema universitario, proceso que además buscaría reducir por la mitad los puestos temporeros, recortar la nómina de confianza en un 20% y revisar procesos para reasignar personal regular.

Según el informe que presentó la presidenta interina, Nivia Fernández, estas medidas para consolidar y reducir la nómina de confianza resultaría en ahorros de $12 millones mientras la reducción de 50% de los puestos temporeros representa $5 millones en ahorros.

Dicho informe ilustra una propuesta para que los recintos de Rio Piedras, Mayagüez y Cayey absorban las funciones administrativas de los recintos más pequeños que los rodean, incluyendo rectoría, oficinas de recursos humanos, finanzas, presupuesto y servicios administrativos. Dentro este proceso se contemplaría además reasignar personal regular a otras áreas.

Dentro de esta propuesta de reestructuración universitaria además se incluye una propuesta para colocar en moratoria unos 77 programas académicos con baja efectividad por un plazo de dos años. El lunes, la Junta de Gobierno de la UPR, determinó que serán los rectores de cada recinto quienes determinarán cuáles programas entrarían en moratoria y al cabo de ese periodo decidirán si optan por fortalecer el programa o cerrarlo. Esta propuesta se ejecutaría en dos fases, iniciando el próximo año académico 2017-2018 con un 50% de los programas menos efectivos y otro 50% para el 2018-2019.

Durante la reunión la presidenta interina insistió que esta movida busca evaluar la oferta académica existente en aras de fortalecer la retención en otros programas. Ese proceso de evaluación tomará en consideración aquellos programas acreditados y otros factores que sirvan para disuadir la puesta en moratoria.

Del mismo modo, los rectores de cada recinto también se encargarán de proveer a la Junta de Gobierno un análisis con datos y puestos validados a más tardar el 31 de marzo. Así las cosas, la información que provean los rectores de cada recinto servirá como punto de partida para reestructurar el sistema universitario.

Sin embargo, durante la reunión del lunes se dio a conocer que la propuesta consolidación de funciones no afectaría la estructura de la Administración Central. El director de finanzas, Norberto González, defendió mantener esa estructura por ser el enlace entre todos los recintos de la UPR y además por encargarse del presupuesto de la institución.

Por otra parte, a partir de agosto la UPR implementaría un aumento a la matrícula según la aportación familiar esperada del estudiante que someten aquellos estudiantes que aplican a la beca Pell. El modelo de matrícula ajustada por ingreso se implementaría a partir del 2018-2019.

Sobre el plan fiscal de la UPR la presidenta interina afirmó que han solicitado al director ejecutivo interino de la Junta de Control Fiscal (JCF), Ramón Ruiz Comas, una extensión para someter el documento. Explicó que el pedido surge por el volumen de información que deben procesar para entregar un plan detallado.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Gobierno, Carlos Pérez, sentenció que de cualquier manera los recortes a la institución se efectuarán eventualmente, por lo que insistió que las propuestas que presentó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para allegar ingresos adicionales a la UPR deben garantizarse. Esto pues ante una precaria situación de liquidez dentro el gobierno le preocupa que puedan desembolsar los fondos que necesitará la UPR para cumplir con sus obligaciones.