Con la aprobación del plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Junta de Control Fiscal (JCF) procederá a certificar el mismo para entrar en el proceso de negociar su deuda al amparo del Título VI de la ley federal PROMESA.

Así lo confirmó el representante de la Autoridad de Asesoría Financiera Y Agencia Fiscal (AAFAF) en la Junta de Gobierno de la UPR, Alejandro Camporreale, quién indicó que la certificación del plan será el primer paso para comenzar una conversación seria con los acreedores de la institución educativa. Esto en aras de mitigar el déficit operacional que anticipa el plan fiscal y alcanzar un acuerdo bajo el Título VI.

"La gran apuesta, aparte de todas las transformaciones que la Universidad pueda llevar, es que parte de este documento certificado se use para negociar con los acreedores", explicó Camporreale en un aparte con NotiCel.

El plan fiscal vislumbra fuertes periodos de déficit presupuestarios en la UPR a partir del 2018 hasta el 2026, pero las proyecciones no toman en cuenta el servicio a la deuda. En ese periodo, la deuda -que según el documento ronda unos $48 millones anuales- se acumularía hasta ascender a $470 millones para el 2026.

Por su parte, la vicepresidenta interina de la Junta de Gobierno, Zoraida Buxó, indicó que la certificación del plan fiscal es necesaria para empezar este proceso de negociación con los bonistas a fin de reducir el servicio de la deuda de la UPR y proveer un alivio de cara al periodo deficitario. Sin embargo, Buxó no descartó que el plan fiscal pase por un proceso de modificación si así lo exige la JCF.

"Nosotros no podemos llegar a eso (Titulo VI) si no hacemos lo que vamos a hacer mañana o iniciamos ese proceso, presentando un plan, que lo evalúe la Junta y depende de la contestación que nos den porque podría ser que entonces tengamos que volver a la mesa o tener conversaciones con ellos para hacer ajustes al plan. Pero en términos conceptuales, el plan contiene los principios que la Junta de gobierno avala para poder comenzar este proceso", dijo Buxó al reiterar la importancia de tener un plan certificado pronto.

Al presente, la JCF ha logrado solo un acuerdo al amparo del Título VI que corresponde al Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Sin embargo, el mismo es disputado por otros sectores, principalmente los alcaldes, que aseguran el acuerdo es nocivo al priorizar el repago a ciertos acreedores.