El plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que irá a discusión esta semana en su Junta de Gobierno, anticipa un futuro de deficits presupuestarios en el sistema universitario en la medida que las aportaciones del gobierno bajen a tan solo $429 millones en el 2026 de los $733 millones que recibieron este año.

Y a pesar de que el documento ilustra varias medidas concretas que buscan allegar mayores recaudos mediante aumentos al costo de servicios estudiantiles y ahorros por atrición y reducción del plan médico a empleados, becas a estudiantes y puestos de confianza y temporeros, lo cierto es que aun tomando estas medidas el propio plan anticipa la persistencia de un déficit que alcanzará los $123 millones en 2026 y que no tomará en cuenta el pago de la deuda que – aún con todas las propuestas medidas – se estima alcanzará los $133 millones ese año.

En síntesis, el plan Fiscal de la UPR, además de contener todas las propuestas que el estudiantado rechazó y que dio paso a una huelga que duró más de dos meses en varios recintos, parece aludir a que se tendrán que implementar aumentos y recortes más agresivos de cara al futuro.

Una de las propuestas que apuntan en esa dirección es el aumento en los costos el crédito de $56 a $115 para estudiantes subgraduados y de $140 a $270 para estudiantes graduados a partir del 2019. Sin embargo, en caso de que la UPR no logre cumplir con las proyecciones de ingresos o ahorros para el 2023, el plan provee para un aumento a la matrícula de 20% adicional ese año.

Para mitigar ese impacto a la población estudiantil más pobre, el plan sugiere la creación de un fondo de becas institucional que a partir del 2019 se nutrirá de una aportación máxima de $50 millones al año y que se estima reduciría el costo del crédito hasta un mínimo de $14.75 y hasta $53.10 a estudiantes sin la beca Pell. Aun así, el documento vislumbra que esa aportación – que a su vez será sujeta al cumplimiento de proyecciones de ingresos y ahorros – disminuirá en los años subsiguientes, de $40 millones en el 2021, $30 millones en el 2022, hasta llegar a $10 millones en el 2026.

Esto supone que en la medida que los costos de crédito aumenten a partir del 2023, las ayudas que proveería la Universidad a sus estudiantes más desventajados económicamente irán disminuyendo. En esa misma línea, otra área de recorte a los estudiantes se llevará en las exenciones que reciben atletas, hijos de empleados, veteranos, estudiantes de honor y otros.

El documento establece que habrá un recorte de 25% al monto de estas exenciones, lo que equivale un recorte de $4.55 millones. Mientras tanto, las becas especiales a estudiantes graduados y a estudiantes desventajados también se reducirán por $350,000 y $100,000 respectivamente. Con estas medidas esperan generar ahorros de $5.6 millones para el 2026.

Por otra parte, para allegar $6.4 millones adicionales al presupuesto universitario, se contempla una nueva estructura tarifaria para servicios estudiantes que aumenta costos y añade unos nuevos. Habrá aumento en las cuotas de laboratorio, graduación, para mantenimiento durante el verano, un aumento al costo de la solicitud de admisión, transcripciones, identificación estudiantil y aplicación tardía. Mientras, se añaden cargos por bajas parciales y totales, como también por repetición de cursos.

Maestros también sentirán el cantazo

Un elemento que perseveró desde la pasada propuesta de plan fiscal presentada por la anterior Junta de Gobierno de la UPR fue la consolidación de los recintos menores con Río Piedras, Mayagüez y Cayey para crear cuatro recintos principales, incluyendo a Ciencias Médicas. Bajo este modelo, Mayagüez absorbe los recintos de Arecibo, Utuado y Aguadilla; Río Piedras recoge Carolina, Bayamón y Cayey se consolida con Humacao y Ponce.

La estrategia detrás de esta movida es reducir la duplicidad de labores en los recursos humanos y reducir la oferta académica para eliminar programas de baja tasa de graduación y retención. En total, el plan estima que unos 72 programas se podrían eliminar gradualmente en la medida que entren en moratoria y sus estudiantes se gradúen.

Por otra parte, la movida responde a una medida para reducir la nómina pues a la vez que se lleven a cabo estas consolidaciones, se espera que la reducción de empleados sea de 6% en los recintos menores y 2% en el resto. El documento estima ahorros de $134 millones en gastos de recursos humanos para el 2026.

A los empleados que permanezcan en el sistema UPR se le reducirá el bono navideño a $600, se le eliminarán los bonos especiales y la aportación patronal al plan médico bajará de $695 mensuales a $600. De mismo modo, se planifica una reducción de 20% en la nómina de confianza y de 50% en la nómina de empleados a tiempo parcial.

Con las reducciones en el bono y las posiciones de confianza y a tiempo parcial se estima que producirán ahorros de $33 millones para el 2026, mientras que para el plan médico se estima el ahorro será de $14 millones para ese año.

Progresivo aumento a la deuda

El plan fiscal de la universidad contiene un 'disclaimer' inicial que especifica claramente que el documento toma información de los estados financieros no auditados del 2016, mientras que el 'baseline' del plan fiscal establece mediante asterisco que el déficit que producirá el recorte en las aportaciones del estado no incluye el servicio a la deuda.

Por tanto, aunque el documento establece una serie de propuesta para que a fuerza de aumentos y ahorros se pueda lograr un déficit de $123 millones para el 2026, que sería de $519 sin tomar en consideración las propuestas medidas. La deuda, que no está contenida dentro esas cifras, aumentaría el déficit por $133 millones para ese año.

Concisamente, el plan pone sus esperanzas en que cualquier superávit que se produzca en el sistema universitario dentro los próximos años pueda ser dedicado exclusivamente al pago de la deuda. Sin embargo, ante un panorama que anticipa un futuro deficitario con todas las propuestas sugeridas, el documento propone emprender conversaciones con los acreedores de la UPR para así lograr alivios que permitan aplazar el interés, reducirlo, extender el vencimiento de esos bonos, perdonar deuda y hasta inyectar nuevo capital.

No obstante, el plan concluye indicando que cualquier solución de reestructuración debe reducir el pago de la deuda por al menos 30% hasta el 2026 antes de tomar en cuenta otra medidas como la separación de efectivo para gastos operacionales y la ejecución más temprana de otras las medidas identificadas y los riesgos que estas suponen.

Plan Fiscal UPR - NotiCel_26408