Los portones de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras amanecieron hoy, martes, cerrados para los vehículos tanto de estudiantes como de profesores en protesta por el nuevo Plan Fiscal que es discutido en reunión pública convocada por la Junta de Control Fiscal (JCF).

A su vez, educadores de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) se manifestaron a las afueras del Centro de Convenciones de Miramar, donde se lleva a cabo la reunión del ente instaurado mediante la ley federal PROMESA.

El acto de desobediencia civil en Río Piedras se realiza por la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND).

'Nosotros estamos haciendo un acto de desobediencia civil, la cual implica la no entrada de vehículos al recinto... Se puede entrar, no hay interrupción en las labores academicas ni administrativas', expuso en Pulso Estudiantil, Jose Torres, vicepresidente de la Heend.

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'El propósito nuestro es protestar contra los abusos de la Junta de Gobierno de la Universidad', dijo tambien Torres apuntando a que la Junta de Gobierno de la Universidad ha estado al filo con la JCF para establecer las reducciones que indica el Plan Fiscal.

Particularmente, el documento que hoy será certificado por el ente creado bajo la Ley federal PROMESA, establece una reducción de personal que redundaría en despidos del 5% del personal temporero para 2019 y otro 4% para 2020. Los despidos suponen continuar en el 2021 con el 5% del personal y en 2022 con otro 2%.

Asimismo, el documento que supone enderezar las finanzas de la principal institución educativa del país, establece una reducción en la aportación al plan medico para empleados docentes como no docentes. En esa línea, los empleados no docentes tendrán una aportación de $125 y los docentes de $390. La cifra establece menos del doble de aportación para los trabajadores no docentes.

'Lo que están cometiendo es una gran injusticia contra nuestras familias trabajadoras. Nuestra matrícula no gana salarios extraordinarios como sí lo hacen las batatas políticas del gobierno de turno y los contratistas de las campaña. Es gente humilde a la que están arrinconando y tratando de empobrecer. Ahora, hablan de despidos y de quitarnos nuestro derecho a la salud con el plan medico. Nuestra respuesta es sencilla: no lo vamos a permitir', expresó la dirección de la unión luego en declaraciones escritas a la vez que indican que continuarán la lucha 'en la calle'.

Entretanto, el presidente de la APPU, Javier Córdova, expresó que mientras la Junta de Control Fiscal dice reconocer el importante y extraordinario valor de la UPR para el desarrollo económico de Puerto Rico su plan fiscal propone una reducción de más del 50 por ciento del presupuesto y mayores medidas de austeridad para los universitarios en lo que describió como 'un asalto a la autonomía fiscal de la institución'.

'La política de recortar la inversión en la educación pública universitaria contradice los objetivos de desarrollo económico de la propia Ley PROMESA', advirtió Córdova en comunicado de prensa a la vez que exigió en nombre de la APPU una auditoría forense independiente de la deuda.

APPU se opone al aumento de matrícula, la eliminación de exenciones de matrícula para atletas y estudiantes destacados, el desmantelamiento del sistema de retiro, y la reducción salarial y de beneficios, contenida en el plan fiscal.

Consecuentemente y cuestionado sobre los recortes a la UPR, que tambien suponen un alza en matrícula para los alumnos del sistema público de enseñanza, el presidente Jorge Haddock Acevedo indicó en una entrevista radial (Radio Isla 1320), que estas movidas afectarán la comunidad universitaria.

'Va a tener un impacto. Nosotros entendemos que más recortes van a impactar negativamente a la Universidad', terminó diciendo mientras aseguró que se mantiene buscando opciones de recaudos para ayudar a la institución.

La APPU hizo un llamado a la Junta y el Gobierno a enmendar el plan fiscal y hacer las asignaciones presupuestarias que permitan cumplir con la misión de la UPR.