La Universidad de Puerto Rico se enfrenta a pocas salidas ante los recortes inminentes que propone el gobierno y la Junta de Control Fiscal. Esto basado en una comparativa entre el Plan Fiscal Sostenible para la Universidad de Puerto Rico (Plan SoS UPR), sometido por profesores de la institución, y el Presupuesto de la universidad presentado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares el pasado miercoles, 31 de mayo.

El presupuesto propone un recorte de $202 millones a la UPR para el próximo año fiscal, cuya partida más grande le corresponde a los gastos de funcionamiento por recinto, además de los pagos de nómina y los desembolsos para materiales y suministros.

Este ajuste es mayor al que anteriormente se había comentado, uno de $149 millones que la administración reflexionaba solucionar con recortes a empleados y un costo de matrícula estudiantil ajustado a los ingresos.

En respuesta, y ante la ausencia de un plan fiscal certificado por su Junta de Gobierno UPR, el colectivo Profesorxs Transformándose en Solidaridad Tornada en Acción (PROTESTAmos) presentó un borrador con tres escenarios de manejo fiscal de la universidad.

La primera proposición redistribuye el mayor peso de la reducción de la inversión del gobierno a subsidios privados a industrias e individuos. El segundo escenario propuesto se rige por el cumplimiento de la enmendada 'Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico' (Ley 2 de 1966). Dicha ley congeló gastos en el presupuesto del gobierno con cargo al Fondo General, entre ellos la fórmula de 9.6% la UPR, la cual representa la base de ingreso más grande de la institución educativa.

Bajo este panorama, PROTESTAmos presentó tres opciones para manejar el desembolso de estos fondos:

Basarse en la fórmula 9.6% con recaudos parciales que había entre el 2006 y 2014.

Seguir las disposiciones de la Ley 66 de 2014, la cual establece $834 millones 'porque una reducción presupuestaria a la Universidad, por sus características particulares, sería fiscalmente contraproducente y dañino a la economía del país', según la ley.

Fórmula 9.6% en donde se consolidan recaudos de COFINA y Fondo General (2017-2018 en adelante). De aceptarse esta variación, la Universidad recibiría una aportación mayor a la que está recibiendo actualmente.

Sin embargo, de acuerdo al Presupuesto presentado por Rosselló Nevares, estas opciones quedarían descartadas porque la reducción de $202 millones es, precisamente, a la fórmula 9.6%.

'Atentar contra la viabilidad económica del sistema de la UPR implica: (1) una traición generacional inédita; (2) una catástrofe social a corto plazo; y, (3) la imposibilidad de revertir la continua contracción económica del país. Esto hará más escabrosa la recuperación económica y disminuirá, de inmediato, la capacidad de hacerle frente a los reclamos de los acreedores privados de Puerto Rico', esboza el Plan SoS UPR.

El tercer escenario del borrador tomaba como base el ya mítico recorte de $149 millones al presupuesto de la universidad. Reducía puestos de confianza en Administración Central para así cortar excesos y procesos burocráticos, pero sin sacrificar la eficiencia de la institución ni al bolsillo del estudiantado.

En esa línea, el presupuesto presentado por el gobierno invierte esa propuesta del Plan SoS y sugiere recortes mínimos a la administración de la UPR y su Junta de Gobierno.

'La UPR presupuestará sus recursos en el siguiente orden prioritario: (a) fortaleciendo la docencia, la investigación y los servicios directos a estudiantes y entornos comunitarios; (b) fortaleciendo el Fondo de Retiro de la UPR por medio de nuevas convocatorias probatorias; (c) honrando condiciones laborales justas; (d) reduciendo primero en la esfera administrativa inefectiva, es decir, en la que no ofrece servicios de manera directa a estudiantes; (e) reduciendo al máximo la burocracia y el aumento relacionado en costos administrativos ineficientes; y (f) reduciendo los servicios privados antes que las condiciones laborales regulares', estipula el plan fiscal.

Aunque el Plan SoS UPR no regirá la institución educativa, representa lo más cercano a un escrito público y abarcador sobre las finanzas de la universidad ya que la UPR aún no cuenta con un plan fiscal certificado por su Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno de la UPR tiene pendiente la discusión de un plan fiscal alterno, luego de rechazar el documento presentado por la expresidenta interina de la institución—Nivia Fernández Hernández—a finales de abril.

Sin embargo, el cuerpo de gobernanza continúa sin quórum tras la dimisión de tres de sus miembros y, los dos nombramientos hechos por el gobernador aún esperan confirmación del Senado de Puerto Rico.

Presupuesto UPR_25285