Luego de más de dos años de relación, la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico continúan con sus discrepancias ideológicas en terminos de cómo implementar las medidas estructurales que Puerto Rico necesita para encaminarse al bienestar económico.

El caso más reciente surgió hoy, martes, cuando la JCF aprobó el Plan Fiscal del Gobierno y de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con las revisiones que la propia entidad sugirió. El voto unánime de los miembros arribó con la insistencia de que el Gobierno carece de voluntad política para ejecutar las reformas requeridas por la situación financiera.

'Hay medidas importantes, como la reforma laboral que se estaba discutiendo en versiones previas y medidas para facilitar el hacer negocios que no están incluidas en este nuevo Plan Fiscal porque la voluntad política de adoptar reformas adicionales en este tiempo no existe', exclamó la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko durante la decimoquinta reunión pública, celebrada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González.

Tanto Jaresko como los demás miembros de la entidad financiera adoptaron un discurso sombrío en sus respectivas alocuciones, enfatizado en la falta de consenso y entendimiento con el Gobierno.

El profesor Andrew Biggs, por ejemplo, señaló que por los pasados años ha presenciado la pesima toma de decisiones, acciones que no parecen cambiar en un futuro cercano. Del mismo modo, afirmó que el Plan Fiscal aprobado sirve de testimonio del fracaso en gran medida del Gobierno de Puerto Rico y, a un nivel menor, de la JCF, aunque no por falta de intentos.

El nuevo Plan Fiscal proyecta un superávit desde el presente hasta el año fiscal 2033, seguido por un deficit primario desde el 2034 hasta el 2058, basado en el fin del efecto estímulo de los fondos federales que han llegado a la Isla por motivo de la recuperación del huracán María.

Igualmente, el documento de la JCF no contempla la entrega del bono de Navidad para empleados públicos, uno de los puntos de disidencia con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Jose Carrión III destacó que 'el bono no está contemplado, pero si el Gobierno opta por pagar ese bono, nuestra preocupación es que algunas agencias no tendrían los recursos a largo plazo de pagar nómina. Depende de las agencias individualmente', expresó el Presidente del grupo.

Por lo demás, explicó que existen diferencias de criterio con el Gobierno y otros asuntos que son de 'índole político'.

En el período de comentarios, la tambien miembro de la JCF, Ana Matosantos, mostró reparos con las reformas sugeridas por entender que son muy profundas y tienen el potencial de lacerar el ofrecimiento de los servicios esenciales.

No obstante, hizo hincapie en que a nivel colectivo no se ha hecho suficiente para asegurar la reestructuración económica, por lo que defendió la pertinencia de la Ley PROMESA.

Aunque en una ocasión previa Matosantos votó en contra de la aprobación del nuevo plan, en esta instancia cerró filas con los demás miembros para certificar el documento.

En esta ocasión, Jose Ramón González y Arthur González, participaron de la reunión de manera presencial, mientras que Carlos García y David Skeel se dieron cita vía telefónica.

El Gobierno se niega a aceptarlo

El representante del Gobernador ante la JCF, Christian Sobrino Vega, en cambio, mostró su disgusto con las medidas de la entidad financiera y clamó porque se tomaran en consideración los esfuerzos de ahorro que el Gobierno ha implementado hasta la fecha.

'Me apena mucho que la forma Republicana de Gobierno nuestra este interfiriendo con el PowerPoint. La realidad del asunto es que yo no entiendo por que algunos miembros de la Junta están tan sombríos cuando nosotros tenemos un record tremendo de exito desde que empezamos el año pasado', citó Sobrino Vega.

El funcionario mencionó los acuerdos de reestructuración de deuda, los ingresos públicos, el comienzo de la privatización de la Autoridad de Energía Electrica, entre otros. En esa línea, criticó que la reforma laboral sea vista como la respuesta a todos los problemas de la Isla.

No obstante, cuando Matosantos le pidió que le recordara sobre las proyecciones que el Gobierno fijó en el plan sometido, Sobrino Vega se agitó y defendió que el análisis no es perfecto.

'Lo que te puedo recordar es que si yo hubiera hecho eso en el 1968, no hubiera vaticinado la creación del Internet, la caída del Comunismo, la 936 o su eliminación, 9/11 o la Gran Recesión. Perdóname si no soy clarividente, pero yo tengo un modelo. Dice cero al final, pero nosotros no podemos predecir cada uno de los desarrollos que van a suceder en los próximos cuatro años', destacó el funcionario.

A la vez que Sobrino Vega le reclamaba a la JCF, el Gobernador realizó una transmisión en vivo a traves de página de Facebook en que se negó a implementar la austeridad impuesta por la entidad financiera.

Más adelante, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario Cortes, anunció que combatirán algunas de las imposiciones del plan certificado en el Circuito de Apelaciones de Boston bajo el mismo argumento de ocasiones previas: la JCF no puede utilizar el Plan Fiscal para implantar política pública.