El interes capitalista en la Universidad de Puerto Rico proviene no sólo de acreedores sino además de inversionistas que esperan aprovechar los grandes activos financieros de lo que ven como una institución inservible desde el punto de vista capitalista, que puede ser descuartizada y convertida en nuevas inversiones en el mercado.

Con el enorme recorte presupuestario diversos pedazos de la Universidad se abrirían al mercado, donde capitales particulares esperan comprar a bajo precio, especular e invertir. La privatización sería desde luego indiferente al significado social e histórico de ese golpe mortal, que a su vez, para los inversionistas, sería una fiesta. Quienes argumentaban que la huelga estudiantil redundaría en privatización porque debilitaba la UPR, admitían indirectamente que la privatización seguiría al recorte, pues éste debilitará la institución mucho más que cualquier huelga.

Tras el hachazo se reducirían los ofrecimientos y programas de los tres principales recintos; los ocho restantes serían privatizados o convertidos en otras cosas. Disminuiría severamente el dinero público en la UPR; el capital privado sería hegemónico y determinaría cambios académicos, salariales, laborales y gerenciales. Característico del capitalismo es que convierte en nuevos mercados recursos destruidos por el mismo mercado.

Que empresas privadas retomen los recursos desechados permite —según el capital— reintegrar los miles de estudiantes, profesores, empleados y administradores de esos recintos que quedarían desamparados si no hubiese la privatización. Prevalecen la impulsividad del mercado y el criterio de ganancia, en conflicto con la libertad académica y el trabajo digno y permanente. Son marginados el interés social y los esfuerzos para sustituir la competencia por la cooperación, la planificación y la atención a las generaciones futuras.

Hay al menos dos razones para que los estudiantes y el pueblo se alcen en protesta: crear presión para detener el recorte, y el carácter ajeno del poder decisional. Deciden otros, con intereses distintos y contrarios al país. Si la comunidad universitaria y algún gobierno de Puerto Rico, que nunca hemos tenido, reorganizaran la UPR, quizá eliminarían la presidencia, las rectorías y otra burocracia; los altos salarios de administradores y docentes; espacios académicos y administrativos que se reproducen por conservadurismo político, etc. Pero la Junta exhibe solidaridad gerencial con los salarios elevados, incluso obscenos como los de sus propios miembros.

No es imposible que la misión de la Junta se empantane. Ningún contrincante es poderoso absolutamente, en principio porque su fuerza es siempre relativa a la de su contrario. Si la de éste aumenta, la suya disminuye y viceversa. Quien quiera avanzar debe producir fuerza suficiente para reducir la del otro.

Si la defensa de la UPR se convierte en un movimiento poderoso de pueblo puede hacer que los inversionistas desistan en tanto se malograra el clima de inversión, pues es contraindicado invertir si hay resistencias (o 'levantamientos') populares, sobre todo si amenazan con persistir durante años. No les importa tanto que haya crisis social y tumulto por algunos meses, como que después haya paz de mercado. Pero la lucha por la Universidad podría expandirse a diferentes espacios sociales, evolucionar y aumentar.

Sobran razones para el escepticismo, pero hay pocas alternativas en un país sin poder. Puerto Rico nunca ha amasado poder suficiente para tener su propio gobierno; es su gran problema histórico. El de los estudiantes es un paso excepcional de auto-organización que aborda este problema. Por eso provoca admiración entre el pueblo y preocupación en las clases dominantes. La movilización del estudiantado ha incluido discusión inteligente sobre universidad y sociedad y generado introspección. Se trata de cuestiones complejas; no son sólo académicas sino del conjunto social; ni limitadas a una coyuntura, sino culturales e históricas.

Hay que interrogar la vieja tradición de reducir la Universidad a simbolismo y retórica, y apreciar que la institución puede ser fuente de poder político para el país. Lo económico es inseparable de lo político. Usualmente las investigaciones de ciencia y tecnología se remiten a las necesidades de la industria norteamericana —los grants expresan sus prioridades— y poco a las necesidades y recursos de Puerto Rico. El gobierno padece una proverbial ignorancia colonial sobre cómo insertarse internacionalmente y vender las producciones científicas de la UPR en el mercado mundial, lo cual traería considerable riqueza a la Isla. Requeriría estado propio y voluntad.

Uno mismo también debe interrogarse. Todos participamos de las costumbres que forman el conjunto; no sólo el gobierno. No es rara la predisposición a reproducir la rutina, limitarse al buen salario, suponer a la UPR grandiosa y pomposa por imitar universidades norteamericanas y europeas de renombre, y obviar el carácter antillano, colonial y precario del montaje oficial y de la realidad circundante.

Se cuestiona poco si la constante obligación a seguir instrucciones americanas no coartará nuestras destrezas de organización y el desarrollo de instituciones que nacieran de las condiciones puertorriqueñas. Una burocratización del conocimiento se manifiesta en celosos avalúos, simulaciones parlamentarias y demás obligaciones con la Middle States, en la suposición de que la UPR desaparecería si no estuviese atada al sistema norteamericano. Las becas federales serían innecesarias en otra estrategia económica que redujese los costos de la educación, si bien habría que hacer una transición respecto a ésta y otras ataduras a Estados Unidos.

Parte importante de la Universidad son la rebeldía y el debate, las organizaciones políticas de estudiantes y los otros grupos, las publicaciones periódicas y demás espacios que enriquezcan la información y saquen a relucir, contra la ideología dominante, las contradicciones latentes en la normalidad.

La sociedad burguesa opone el intelecto a la realidad material, y lo encarga de disimularla. Separa la actividad sindical de la educación política, burocratiza el liderato, reglamenta la iniciativa intelectual, fragmenta los saberes, privilegia unos académicos mientras oprime a otros, fomenta la fantasía de que solamente el yo hace las contribuciones, y esconde el carácter político del saber, limitando su rol en la cooperación social.

Durante generaciones el talento puertorriqueño ha ocupado el espacio universitario público para asumirlo como plataforma de un posible futuro colectivo propio, mediante el trabajo, la reflexión y la creatividad. Pero este espacio es ambiguo en cuanto a cuán propio es.

El elogio al símbolo de la academia a menudo evade la importancia de la Universidad en la descolonización. Desde los años 50 se promovió una imagen de grandiosidad occidentalista de la UPR, que incluyó por ejemplo la icónica arquitectura de Spanish Colonial Revival —moda estadounidense de las primeras décadas del siglo XX— del cuadrángulo entre la torre y el teatro del recinto de Río Piedras.

Pero la Universidad no es sólo símbolo, es el núcleo potencial de una economía nueva. Este potencial incluye especialmente los ocho recintos avistados como los primeros en el desmantelamiento. Son recintos cercanos a regiones específicas, a las clases populares y a la geografía del país: costas y aguas, ruralía y agricultura, áreas urbanas y empresas, particulares estratos sociales y raciales; y al entramado complejo que une lo afectivo y lo científico, lo significativo y lo económico, lo sentimental y lo político, las dimensiones personal y colectiva.

Es probable que en 1903 el gobierno de Estados Unidos inventó la UPR como propaganda, para difundir en América Latina la imagen de que su colonialismo representaba una civilización ilustrada. En la década de 1940, bajo Tugwell, la UPR se abrió a grandes masas populares; se le vio como parte de una productividad puertorriqueña, agrícola e industrial. Pero después su ciencia y tecnología se pusieron en función de las industrias estadounidenses. Tampoco el gobierno integra la producción intelectual de las artes, humanidades y ciencias sociales a una estrategia puertorriqueña de desarrollo autosostenible, que no existe.

Como el gobierno persigue sólo crear empleos, la UPR principalmente provee empleo a sus empleados y califica trabajadores —una 'clase media'— para que se autoempleen o busquen trabajo en la Isla o Estados Unidos. Rara vez se interroga para qué son los empleos, o el mundo académico en relación a la sociedad y al desarrollo de fuerzas productivas y de la cultura general. Una empresa social formidable del país se subutiliza.

La huelga de la UPR protesta contra la marginación prospectiva de los estudiantes y jóvenes, y que se les empuje a la emigración y al subempleo. Cuando se les obligaba al ejército eran carne de cañón; ahora son bagazo de la molienda del capital financiero. La huelga exige lo que un gobierno respetable debería promover: la producción social y la educación.

Aunque no se use adecuadamente por falta de un plan puertorriqueño de desarrollo, la UPR es un medio de producción. Produce ciencia y tecnología para la industria, y conocimiento y pensamiento creativo que inciden en la economía y en las relaciones socioculturales que reproducen a un país. De aquí que paralizarla ejerce presión. Si la huelga obrera generalmente tiene metas de corto plazo, la universitaria se remite al conjunto de la producción y al futuro del país.

Desarrollo socioeconómico aquí es desarrollo nacional. Identificar 'crecimiento económico' con negocios privados, fondos federales y reparaciones de carreteras —como hace el discurso colonial—, sin discutir qué sería en realidad desarrollo de Puerto Rico, abona poco a la discusión sobre la UPR.

Un 'empoderamiento' de la UPR que la integrase con una estrategia socioeconómica puertorriqueña podría darse por cauces institucionales y cívicos, usando foros que se han logrado. Pero tendría que partir de una posición de poder popular independiente, claramente opuesta a la agresión de la dictadura financiera. La huelga estudiantil parece un primer paso.

Cómo específicamente sería un contra-poder; qué forma organizacional asumiría para que no se agote y se reproduzca; cómo se nutriría de alianzas entre diversos sectores del país y la diáspora; qué medios de comunicación requeriría; cómo podría impactar el establishment norteamericano; y cómo se formaría su concepto, son las grandes preguntas.

Las simpatías amplias hacia el estudiantado entre el pueblo se fundan en la ristra de atropellos a través de la historia de Puerto Rico. Desafían el discurso de que la rebelión juvenil significa inmadurez y cada cual debe fungir según la clase y rol que la sociedad le asigna.

Pero es poderoso el universo que confronta la huelga. No sólo enfrenta el aparato de policía y tribunales y las coerciones administrativas. Los medios de difusión vienen exhibiendo una campaña de menosprecio de la UPR, de asombrosa superficialidad, que luce orquestada. Una ética de trabajo absolutista y sumisa exige que todos laboren conformes sin parar; evade que la 'normalidad' es definida por el capitalismo financiero y salvaje.

Esta es la primera junta de control fiscal federal que no opera para una ciudad o localidad de Estados Unidos, sino para un territorio que, en realidad, es una comunidad humana que viene reclamando derechos básicos desde hace generaciones.

Ayudaría a esta gesta que el gobierno del Partido Nuevo Progresista se uniese al reclamo de que se audite la deuda y se detengan los recortes a la UPR, incluso llevarlo al Congreso. Pero la UPR puede ser núcleo de una autonomía económica de Puerto Rico que desinfle el mito de la estadidad, y por su centralidad simbólica en la identidad nacional puertorriqueña.

El movimiento de defensa de la UPR avanza si amplía su convocación y propulsa una movilización general del pueblo que no simplemente proteste, sino que organice una estructura o red de lucha, gestión y cooperación: un poder paralelo a la Junta. Su voz debería llegar a los foros internacionales.

Es dificil predecir qué formas tomaría. Si la movilización popular obstruyera el proceso de acumulación de capital de empresas privadas industriales, financieras y comerciales, podría movilizar la opinión pública en Estados Unidos. La crisis que se desatara podría estropear la política estadounidense, diseñada hace décadas, de invisibilizar a Puerto Rico y de que no haya noticias de lo que ocurre aquí, y el mundo ignore qué es esto.

Tendría que ocurrir una movilización lo suficientemente amplia y resuelta como para crear un margen que mostrara que no podrían proseguir los planes para cobrar la deuda agrediendo la UPR como se propone, y, por primera vez, no habría más remedio que una verdadera negociación.

*El autor es profesor de ciencias sociales en la Universidad de Puerto Rico.