Aunque permanecen en probatoria por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), los ocho recintos y unidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR) implicados recibieron el visto bueno por parte de la agencia en tres renglones de acreditación.

La única recomendación que hizo la MSCHE a la Universidad consistió en que deben presentar los estados financieros auditados de la institución sin retrasos.

'El problema siempre es que los recintos tardan en enviar el estado financiero sin auditar a la Administración Central, para que la Administración Central lo envíe a Ernst & Young, que son los auditores de la UPR, para que entonces se produzca el estado auditado', expresó Gilberto Domínguez Escalera, representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno de la UPR.

Los estados financieros auditados más recientes disponibles en la UPR son del año 2015. De acuerdo con el representante estudiantil, la compañía Ernst & Young aún no ha entregado el informe sobre el 2016 a la Junta de Gobierno de la UPR para su aprobación.

Las expresiones de los representantes de la Middle States se dieron en el marco de la evaluación de los Informes de Monitoreo sometidos por la administración universitaria el pasado 1 de septiembre, y una visita a la UPR esta semana que se extendió por cuatro días.

Durante la misma, los representantes de la entidad acreditadora entrevistaron a representantes de la administración, la comunidad academica y estudiantil, y sostuvieron una reunión entre el comite evaluador, la administración universitaria y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares.

Durante el proceso, se evaluó al Recinto de Río Piedras, y a las unidades en Arecibo, Carolina, Cayey, Bayamón, Humacao, Utuado y Ponce en terminos de los Requisitos de Afiliación 3 y 8, los cuales abordan la continuación de operaciones academicas y la suficiencia económica de la universidad, respectivamente.

Igualmente, la institución educativa fue sometida a una valoración de su Estándar academico 3, que tambien comprende los asuntos financieros y los recursos suficientes, entre otros requisitos como acceso a los recursos humanos, financieros, tecnicos y de instalaciones necesarias para lograr su misión y sus metas.

'Todos los recintos eran [evaluados] por los mismos requisitos de afiliación y el mismo standard. Todos los ocho están en probatoria por cada uno de ellos y todos ellos individualmente 'meet the requirements' para cada uno de los requisitos de afiliación y el estándar de acreditación', expresó Domínguez Escalera, estudiante de Derecho.

El pasado mayo, el Departamento de Educación federal paralizó el proceso de reinstalar la elegibilidad para recibir fondos federales y ayudas económicas a ocho recintos y unidades de la UPR, debido a las paralizaciones causadas por la huelga estudiantil.

En el transcurso de los pasados meses, los ocho recintos recibieron la notificación de reinserción a los fondos federales de Título IV del Departamento de Educación federal.

En las próximas dos semanas, el presidente del Comite Evaluador enviará un informe escrito al presidente interino de la UPR, Darrel Hillman Barrera, con el fin de que pueda ser revisado por la administración universitaria. Una vez completado ese procedimiento, el Comite Evaluador enviará el informe a la MSCHE.

La agencia acreditadora entonces se reunirá durante el mes de noviembre y determinará si retiran la probatoria a las ocho unidades de la UPR.

La determinación se hará de forma individual para cada unidad academica.

En un comunicado de prensa, Hillman Barrera agradeció la labor del gobernador Rosselló Nevares, quien se reunió con la agencia mientras sus ejecutivos se encontraban en la Isla, y a la vicepresidenta de Asuntos Academicos, Ilka Ríos, a los rectores de las unidades academicas y a la Junta de Gobierno.

A pesar de que la prioridad de la administración universitaria es levantar la probatoria, la acción pondría en tela de juicio si la Middle States consideró a profundidad los efectos que tendrán en la estabilidad de la Universidad los recortes económicos propuestos por el gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF).

'Mi preocupación es que habiendose propuesto que se levante esa probatoria en el standard de financiamiento por ejemplo, lo que abre la puerta es a que la Universidad está en una situación normal en cuanto a lo que tiene que ver con su situación financiera, lo cual no es lo correcto en estos momentos', argumentó Domínguez Escalera.

El representante estudiantil aludió a que la UPR cuadró los recortes para el año fiscal en curso con $50 millones de un fondo de reserva no recurrente, por lo que el próximo año se enfrentaría a un recorte mayor.

A finales de agosto, por ejemplo, la JCF, solicitó enmendar el plan fiscal de la UPR con el fin de intensificar los ajustes presupuestarios, el costo de la matrícula y justificar los ingresos a la institución por parte de iniciativas gubernamentales.