La jueza Lauracelis Roques Arroyo excusó hoy, martes, a la renunciante presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández Hernández, del desacato por no cumplir con la orden del Tribunal de Apelaciones para abrir los portones del Recinto de Río Piedras.

Fernández testificó en sala que ayer en la tarde estuvo en comunicación con el Comité Ejecutivo de la Junta de Gobierno analizando el plan de trabajo que se disponían a activar para reabrir los portones del campus y cumplir con el ordenamiento del Apelativo a esos fines. Relató a la jueza que estuvieron despiertos hasta las 2:00 de la mañana, pero al notar la presencia de vehículos adicionales que llegaron a las afueras del recinto desistieron de ejecutar el plan.

Posteriormente, a las 10 de la mañana Fernández presentó su renuncia a la presidencia interina al presidente de la Junta de Gobierno, Carlos Pérez, quién la aceptó en una carta enviada poco después a ella. Por su parte, Pérez, renunció junto a otros dos integrantes de la junta poco después, dejando a ese cuerpo sin el quórum necesario para tomar decisiones.

Al presente, la Junta de Gobierno cuenta con solo seis integrantes. Hoy el gobernador Ricardo Rosselló designó dos miembros – Walter Alomar Jiménez y Zoraida Buxó - pero primero deben pasar por el proceso de confirmación en el Senado para entrar en funciones.

Por su parte, el abogado de los seis estudiantes demandantes, Pedro Vázquez, no pudo sugerir alternativas para proceder con el cumplimiento debido ya que hasta el momento no hay funcionarios que puedan responder a nombre de la UPR o el recinto riopedrense. Sentenció que a sus clientes están frustrados pues se les ha robado de un remedio para regresar a clases.

La juez Roques, no obstante, mantuvo las multas diarias de $1,000 contra la UPR, que hasta la fecha suman $11,000.

A su salida de la sala 907, varios funcionarios de la UPR se despidieron de la saliente presidenta interina con aplausos antes que ella ofreciera declaraciones a la prensa. 'Muy difícil para mí porque soy una universitaria que llevo este proyecto universitario en mi corazón y que no se entienda que esta difícil decisión que tuve que tomar es porque renuncio a seguir defendiendo la universidad, lo que representa para Puerto Rico nuestro proyecto universitario', expresó Fernández y añadió que el plan de trabajo tenía 'implicaciones serias'.

'La seguridad de cada uno de los miembros de la comunidad, mis estudiantes, los profesores, los no docentes, todos somos compañeros de trabajo. Estamos en una situación difícil que aparentamos estar unos contra los otros, pero verdaderamente estamos unidos. Es una situación de país muy difícil', agregó.

Fernández indicó, además, que los fondos federales por Título IV no se están recibiendo, los fondos para las investigaciones están en riesgo y ya están recibiendo comunicaciones al respecto. Señaló además que ahora el gobernador 'tendrá que hacer los nombramientos correspondientes para que en la medida más rápida posible se pueda reorganizar la Junta de Gobierno'.

El lunes en la mañana, en el Tribunal de Primera Instancia en Hato Rey, Fernández acudió a una vista judicial de un caso en su contra a raíz de un pleito incoado por seis estudiantes del recinto de Río Piedras, quienes reclaman la reapertura inmediata del campus.

El trámite judicial puso a la entonces presidenta interina en inminente riesgo de ser encarcelada por mantener un desacato a una sentencia del Tribunal Apelativo decretada hace dos semanas para ordenar la reapertura del recinto riopedrense. Esto a pesar que tanto la parte demandante como la parte demandada coinciden, en principio, que la UPR debe estar abierta.