Con los ojos del país puestos sobre ella, la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Nivia Fernández, acudirá hoy al Tribunal de Primera Instancia para responder si cumplió con la orden de reabrir los portones del Recinto de Río Piedras y en caso de que no pueda demostrarlo, estará expuesta a ser encarcelada.

A las dos de la tarde de hoy, martes, la presidenta interina deberá cumplir con la orden sea mediante la presentación de un plan de trabajo, el cualaludióayer que había confeccionado, o evidenciar que los portones deRioPiedras están abiertos.

Sin embargo, los que tienen el control de los portones -los estudiantes- no moverán un dedo hasta el jueves cuando se celebre una tercera asamblea de estudiantes para decidir si se aceptan los preacuerdos de la Mesa de Diálogo Multisectorial y se levanta la huelga o continúan el cierre.

Esa fue la decisión que tomó anoche el liderato estudiantil del recinto en una reunión celebrada en la sede de la Fundación Luis Muñoz Marín en Río Piedras.

Pero durante la tarde, poco más de 30 estudiantes que mantienenclausuradoel recintoriopedrensellevaron a cabo un sonoro piquete. El reclamo de la manifestación: que renuncie Fernández a la presidencia interina del sistema universitario.

La treintena de estudiantes que realizó un piquete de media hora frente al recinto recibió la visita deElizamEscobar,exconvictoencarcelado en la década de los 80 por su participación en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).

Al culminar el piquete, Escobar expresó que tras una reunión que tuvo junto otros ex-presos políticos junto aOscarLópez Rivera – quien recién cumplió los términos de su sentenciaconmutada– acordaron apoyar los estudiantes de manera incondicional.

'Nosotros los apoyamos a ustedes incondicionalmente. No estamos que si abran, que sicierran– no. Incondicionalmente estamos con los estudiantes. Estamos con la verdad. Estamos con la lucha y estamos en contra del gobierno corrupto, sea popular o seapenepé. No importa porque es la misma cosa', declaró.

Por su parte, uno de los portavoces del movimiento estudiantil, Gabriel Casal, dijo que continuarán con su jornada de manifestaciones en los próximos días, enfocándose en instituciones bancarias y coordinando una posible manifestación frente a la Fortaleza.

Sobre la posibilidad de que la administración autorice la entrada de una guardia privada – conforme lo que testificó Fernández en la vista – para reabrir los portones, manifestó que aunque el estudiantado tiene un miedo humano y real, el compromiso que tienen con hacer cumplir la voluntad de la asamblea estudiantil que autorizó el voto de huelga es superior a ello.

Sobre el uso de la fuerza, expresó: 'Nos parece increíblemente nefasto que ella (Fernández) esté usando dinero público… para pagarle a profesionales de seguridad privados para meterle macanazos a estudiantes. Esa no es la solución a los problemas, esas no son las soluciones al plan del país. El estudiantado va a permanecer con los portones cerrados porque así lo mandó la asamblea'.

Un proceso largo y tedioso

El lunes en la mañana, en el Tribunal de Primera Instancia en Hato Rey, Fernández acudió a una vista judicial de un caso en su contra. La misma surge a raíz de un pleitoincoadopor seis estudiantes del recinto deRioPiedras que reclaman lareaperturainmediata del campus.

El trámite judicial del caso ha puesto la presidenta interina en inminente riesgo de ser encarcelada por mantener un evidente desacato a una sentencia del Tribunal Apelativo decretada hace dos semanas para ordenarreaperturadel recinto deRioPiedras. Esto a pesar que tanto la parte demandante como la parte demandada coinciden, en principio, que laUPRdebe estar abierta.

Personal de administración, estudiantes, profesores, no docentes, periodistas y público en general ocuparon a capacidad los espacios disponibles en la sala 907 del Tribunal de San Juan. Durante la vista del jueves pasado lajuezaLauracelisRoques había advertido al abogado de laUPR, Enrique Figueroa, que Fernández estaba obligada a comparecer el lunes para mostrar causa por el desacato incurrido, y por el cual la universidad paga una multa de $1,000 por día.

Al iniciar labores en sala, Roques dio paso a la solicitud de la abogada de la rectora interina, Carmen Rivera Vega, para ser excusada de los procesos puesto que había renunciado a su cargo la semana pasada.

Tras reiterar los puntos principales de la sentencia del foro apelativo, lajuezallamó a la presidenta interina al estrado para testificar, reservándose el privilegio de lanzar las primeras tres preguntas:

El libre acceso se restableció en el día de hoy? – 'No se ha restablecido'

Qué acciones administrativas usted ha tomado contra las personas que impiden el acceso al recinto? – 'No se han tomado ningunas acciones administrativas toda vez que las personas que impiden el acceso son terceros que no han podido ser identificados'.

Qué medidas se han tomado para identificar los terceros? – 'Los nombres, las personas que se acercan al portón no son las personas que dicen que están impidiendo… un día hay unas personas otro día hay otras personas… no podemos establecer una identificación apropiadamente para establecer una acción administrativa.

El licenciado Figueroa dirigió su línea de preguntas para hacer constar las decisiones que la administración tomó para cumplir con la directriz del apelativo. Esto incluyó varias comunicaciones a distintos funcionarios del gobierno.

En primera instancia mencionó a la superintendente de la Policía,MichelleHernández deFraley, con quien sostuvo comunicación personal y mediante correo electrónico para verificar la posición de la uniformada sobre lareaperturadel recinto y, en un momento posterior, para consultar si pueden tomar un rol en el plan de trabajo que elaboraron el jueves para reabrir el recinto. Ambas recibieron respuestas en la negativa, según dijo la propia Hernández deFraleyla semana pasada.

Mencionó además que sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, y una comunicación por mensaje de texto con el gobernador, RicardoRossellóNevares.

Debido a una objeción levantada por el abogado de los seis estudiantes, Pedro Vázquez, la juez no permitió que abundara sobre el contenido por no estar relacionado con la muestra de causa por desacato. Aun así, a preguntas de Figueroa, la presidenta interina afirmó que las comunicaciones no fueron productivas.

Fernández insistió que agotaron todos los recursos a su alcance para cumplir con la orden, principalmente dialogar e intentar de convencer los estudiantes – algunos de los cuales admitió no pudo precisar si eran estudiantes por estar encapuchados - a cooperar con lareaperturadel recinto.

Dijo estar 'imposibilitada de garantizar la seguridad' dentro el recinto con los recursos que cuenta laUPR.

No obstante, afirmó que entre las primeras iniciativas que tomaron figuró la creación de un plan de acción para reabrir los portones, pero sostuvo que varias compañías de seguridad se negaron a participar del plan.

El licenciado Vázquez condujo sucontrainterrogatorioa modo de señalar incongruencias en el testimonio de la presidenta interina.

Sobre su incapacidad de poder identificar a los terceros en los portones, el abogado cuestionó si le consta personalmente que las personas en los portones eran estudiantes, a lo que Fernández tuvo que aclarar que desconocía si los encapuchados eran estudiantes.

Por otra parte, preguntó si dentro el reglamento de laUPRexiste disposición alguna que prohiba impedir acceso al recinto, a lo que Fernández guardó silencio por varios segundos y pidió que le indique dicha disposición textualmente. Posterior, dijo que la institución debe tener libre acceso para ofrecer sus servicios de educación e investigación.

Cuestionada sobre las sanciones impuesta, la presidenta interina admitió que no ha impuesto penalidades contra estudiantes, ni integrantes de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU).

Tras un breveredirectopor parte de Figueroa – en la que Fernández sentenció que de ser arrestada no se garantizaría lareaperturadel recinto – la juez concedió un plazo de 24 horas para presentar un plan para reabrir los portones deRioPiedras o cumplir con la sentencia el apelativo.

'Las diligencias no son suficientes hasta el momento', dijo Roques en referencia almandamusradicado por laUPRen la tarde del domingo para emplazar a la Policía asistir en lareaperturadel campus.

La juez advirtió solemnemente que tras 12 días de incumplimiento con la orden del apelativo y con varias alternativas a su alcance – que a su vez fueron ilustradas en la sentencia del Tribunal de Apelación – que la presidenta interina puede cumplir con la directriz o acogerse a las consecuencias. 'La llave la tiene en el bolsillo, según la jurisprudencia', dijo Roques.