La juez Lauracelis Roques emitió un ultimátum a la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, y la rectora del recinto de Rio Piedras, Carmen Rivera Vega, al ordenar mostrar causa por el incumplimiento de la orden del Tribunal Apelativo a los fines de abrir los portones del recinto riopedrense.

Según advirtió la juez durante la vista de hoy – celebrada para constatar el pago de una multa de $5,000 como parte del desacato civil impuesto contra la UPR – Fernández y Rivera Vega están obligadas a comparecer el próximo lunes ante el tribunal y explicar las razones por la cual los portones no se han abierto. De no presentar razones concretas para justificar el incumplimiento o de no cumplir con la apertura del recinto antes del lunes, ambas se exponen a un periodo de excarcelación no mayor de seis meses.

Previo a la determinación, el abogado de la UPR, Enrique Figueroa Llinás, afirmó que en la tarde del miércoles cumplieron con el pago de $5,000 por desacato civil impuesto durante la vista del martes. Sin embargo, Roques indicó que el pago está atrasado pues suponía emitirse ayer, y de hoy en adelante debió pagar la cantidad de $1,000 diarios, por lo que el próximo pago debe reflejar la cantidad que suponían pagar hoy.

A su salida de la sala 907, Figueroa Llinás, reconoció que sus clientas en este caso, Fernández y Rivera Vega, deben comparecer el lunes en la mañana a la corte para cumplir con la directriz de la juez. Sin embargo, no quiso revelar si en efecto radicarán un recurso de reconsideración ante el apelativo o si solicitarán un auxilio del Tribunal Supremo. De hecho, dijo que desconocía de donde proviene el dinero que usaron para pagar la multa.

Por su parte el abogado de los seis estudiantes demandantes, Pedro Vázquez, se mostró sorprendido por la determinación de la juez y la firmeza que empleó al emitirla en sala. Aun así señaló que la Universidad ha optado por continuar incumpliendo con la orden del Tribunal Apelativo, cuya fecha límite fue el jueves de la semana pasada.

'Ciertamente las acciones que ha tomado la Universidad no han convencido al Tribunal. Eso lo pudimos ver desde el viernes cuando la juez sacó una orden contestando la moción de la Universidad. Yo no he visto… ninguna otra acción, así que si la Universidad sigue en este mismo patrón, anticipo, lamentablemente, unas consecuencias muy graves para la presidenta', manifestó el abogado al salir de la sala.

El Tribunal Apelativo emitió el pasado viernes 5 de mayo una orden de mandamus e interdicto provisional obligando a la presidenta interina y la rectora interina de Rio Piedras a reabrir los portones de ese recinto metropolitano en o antes del jueves 11 de mayo antes de las 6 de la mañana. Aunque el abogado de la UPR informó durante la vista del martes que la administración realizó intentos de diálogo y mediación con los estudiantes en los portones en aras de cumplir con la orden, previo a la fecha límite, Roques sentenció que los intentos fueron insuficientes para demostrar cumplimiento.

Así las cosas, tanto Fernández como Rivera Vega tendrán que exponer el próximo lunes las razones por la cual se ha incumplido con la directriz del foro apelativo para reabrir los portones a la mayor brevedad. No obstante, la UPR tiene hasta el próximo sábado 20 de mayo para radicar ante el apelativo un recurso de reconsideración, lo que a su vez tendría el efecto de paralizar los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia hasta tanto se tramite esa acción.