Dos jóvenes fueron detenidos este domingo, durante la manifestación realizada en horas de la mañana, frente al Capitolio, por denuncias por daño a la propiedad pública y agresión, mientras que las autoridades adelantaron que se espera que haya más arrestos por delitos similares, ya que se trabaja en la identificación de las personas.

'Como adelantamos, toda manifestación será protegida para expresar el derecho a la libertad de expresión, pero de haber delitos se van a procesar', dijo la Superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, a través de declaraciones escritas.

La detención fue realizada por la Unidad de Arrestos Especiales, que visten de civil y no se transportan en patrullas, la cual es dirigida por el Teniente Rosa, indicó la Policía a través de un comunicado de prensa.

Las detenciones se efectuaron durante la marcha a favor de la auditoría a la deuda pública y de la educación pública.

A una fémina se le acusa de echarle gas pimienta a los agentes de la Uniformada. La joven fue trasladada al Cuartel General para el procedimiento correspondiente. Mientras, otro joven fue detenido y esposado por supuestamente causar daño a la propiedad pública.

Los jóvenes fueron identificados como Adriana Quiles y Josué Román.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, advirtió hoy que 'no quedarán impunes el vandalismo, las agresiones y las violaciones a la ley. Respetamos el derecho a la libertad de expresión y las manifestaciones, pero es inaceptable el vandalismo y las agresiones contra agentes del orden público', sentenció la titular de Justicia. De cometerse alguno de estos delitos o cualquier otro, tengan por seguro que serán procesados con el mayor rigor y responderán por los mismos hasta las últimas consecuencias', concluyó Vázquez.

Bajo una consigna a favor de una educación pública accesible para todos y la ejecución de una auditoría a la deuda pública, el movimiento estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR), respaldados por el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda Pública, convocó al público en general a una marcha hacia el capitolio.

La marcha contó con la participación de distintos sectores profesionales, como maestros, trabajadores sociales, abogados y personas jubiladas que se dieron cita hasta el parque Luis Muñoz Rivera en San Juan para reclamar una UPR sin recortes y la puesta en vigor del proceso de auditoría de la deuda.

La manifestación, convocada hace dos semanas por el movimiento estudiantil, ocurre tras dos amargos acontecimientos ocurridos la semana pasada: el anuncio de la administración de la UPR de que recortarán más de $500 millones de la institución en un plazo de 10 años y la aniquilación 'fast track' por la mayoría legislativa de la Comisión Integral para la Auditoria del Crédito Público – entidad creada para auditar la deuda pública.

Uno de los portavoces del movimiento estudiantil de la UPR, Mario González, explicó que en adelante redoblarán esfuerzos para contrarrestar las medidas impuestas por la administración de gobierno y reclamar, mediante manifestaciones en los bancos, el procesamiento criminal de los partícipes del endeudamiento ilegal del país. No obstante, aunque la eliminación de la Comisión supone un atraso en el objetivo de auditar la deuda, para González esto abre una oportunidad de para ampliar el reclamo y encaminar a ello.

'Dentro de lo peor, que fue eliminar la Comisión, ya no hay un solo frente sino múltiples frentes y todos están trabajando a favor de auditar esa deuda, encontrar los culpables y mostrar en realidad el patrón de corrupción que se hizo en estas emisiones', dijo González.

El trabajo que llevó a cabo la Comisión hasta su súbito fin no quedará en el olvido, pues el Frente Ciudadano inicia sus primeros movimientos para reactivar la encomienda. Según Eva Prados, abogada e integrante del Frente Ciudadano, ya comenzaron a reunirse con los comisionados de interés público de la difunta Comisión para evaluar la posibilidad de crear una comisión ciudadana para auditar la deuda pública.

'La intención inicial es darle continuidad a los trabajos de la comisión que incluían que ellos habían evaluado esta firma externa en Estados Unidos, experta en hacer este tipo de auditoria y que a su vez ya había pasado por un crisol donde se había evaluado que no había ningún tipo de conflicto de interés', indicó Prados quien insistió que no estarían reuniéndose con los excomisionados que representaban el sector político.

Prados explicó que esta nueva comisión ciudadana se encargaría de recibir y analizar los hallazgos de la auditoría que llevaría a cabo la firma MGO – ubicada en el estado de California. Explicó que la necesidad de contratar esta firma se debe a que poseen el peritaje y la debida asesoría legal, no solo para escudriñar el detalle de las distintas emisiones de deuda, sino que también sostener los hallazgos desde una perspectiva legal.