El claustro de la UPR en Cayey presentó y aprobó por unanimidad varias propuestas como opciones específicas para cancelar el recorte acumulado de $450 millones al presupuesto de la UPR.

El claustro cayeyanoexpuso en primer lugar que actualmente el gobierno tiene una deuda de $300 millones con la UPR por servicios prestados hasta mayo 2016, tales como clínicas legales, médicas, etc.. Según el economista Argeo Quiñones, hay más de $1,600 millones que la UPR debió cobrar por servicios entre el 2004 y el 2015, que ya se han tirado a pérdida. Esto suma $1,900 millones en servicios no pagados. Las deudas se pueden condonar completamente si el gobierno desista de restarle $450 millones al presupuesto de la UPR.

También señalan que la UPR recauda aproximadamente $170 millones en ingresos propios que no dependen del gobierno. En el 2017-18 nos comprometemos a aumentar esta cantidad por un mínimo de $50 millones, sin aumentar la matrícula a los estudiantes. Pero reclamamos como garantía que estos nuevos ingresos se utilizarán solamente para fortalecer nuestros programas y servicios de enseñanza e investigación, así como el programa de becas a estudiantes.

'No obstante, ante la apremiante situación actual de falta de efectivo en el gobierno, proponemos para el año fiscal 2017-18 solamente reducir la aportación del Fondo General a la UPR por $50 millones, un 6% de la asignación actual, con la garantía de que la administración universitaria reducirá esa misma cantidad solamente en partidas presupuestarias de gerencia y administración incluyendo reducción de puestos de confianza, contratos y otros gastos relacionados a burocracia administrativa', indica el comunicado enviado hoy, jueves, con las propuestas.

De otro lado, el claustro se comprometió a recaudar, con carácter urgente una partida de al menos $2 millones mediante diversos mecanismos de recaudación y microfinanciación colectiva ('crowdfunding') para cubrir los costos de auditar la deuda pública, dirigiendo esos fondos a la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público. La meta sería tener resultados iniciales de la auditoría antes que finalice el 2017.

Asimismo, critican que el Senado de Puerto Rico se encuentre 'redactando una propuesta de reforma universitaria y repudiamos la manera antidemocrática y de bajo perfil que se ha utilizado. Por lo tanto, proponemos que se cree por ley una Comisión Independiente de Reforma Universitaria, separada de la rama legislativa, y con participación directa de todos los sectores de la UPR y la sociedad civil garantizando procedimientos con amplia participación democrática. Esta Comisión producirá un proyecto de reforma integral para la UPR, que fortalezca sus aportaciones sociales y económicas al país. El resultado de este esfuerzo deberá estar listo para ser considerado y aprobado en la Legislatura, en el 2018'. Después del 2018 se utilizará el resultado del proyecto de reforma para decidir sobre la inversión de dinero que aportará el gobierno a la UPR, a partir del 2019.