La resistencia a distribuir el informe de becas presidenciales entre los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) estaba 'implícito', a juicio de la secretaria ejecutiva de la Junta, Sandra Espada, como una medida para 'proteger el debido proceso de ley' de los funcionarios implicados.

'Estaba implícito que es una medida para proteger el debido proceso que hay que tener con relación a los funcionarios que están ahí implicados, que al día de hoy ninguno de los miembros de la Junta ni yo sabemos qué es lo que dice el informe con relación a ellos. Así que, en realidad lo que estamos es estableciendo un proceso para anticipar una protección a los funcionarios', explicó Espada, durante la última reunión ordinaria del año académico.

Incluso, la misma Comisión externa integrada por tres abogados que investigó el programa de becas presidencialesy que generó el informe,consideró que no era 'propio' que se divulgaran los hallazgos contenidos en el informe ni que se señalara a las personas implicadas.

En la última reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la UPR, el consultor legal Samuel T. Céspedes, padre, ocupó una de las sillas de la Junta para rendir sus últimas palabras luego de finalizadas sus funciones.

En suintervención, Céspedes indicó que la investigación reveló incumplimiento reglamentario de significado y de ley que incluye desde faltas en la publicidad e igualdad de oportunidades a toda la docencia, trámite atropellado en el proceso de considerar, recomendar y otorgar becas presidenciales, incumplimientos con normas básicas de administración y de desembolso de fondos públicos, y claros privilegios concedidos a los becados del Recinto de Río Piedras.

Dados los múltiples señalamientos, el representante estudiantil ChristianArvelo Forteza, le preguntó a Céspedes que revelara al pleno alguno de esos señalamientos generales. Sin embargo, Céspedes respondió que no consideraba 'propio' revelar esos hallazgos, y señalar a las personas sin seguir 'el debido proceso de ley que debe observar la Junta y que debemos respetar'.

'El debido proceso de ley requiere que si ustedes van a hacer algo con respecto a los hallazgos de esta Junta, tienen que proceder conforme al reglamento de esta Universidad, darle una oportunidad a las personas que puedan ser objeto de cuestionamiento conforme a estos hallazgos y que ellos tengan la oportunidad de contestar y tener protección de la forma en que lo quieran conseguir o intentar. Pero hacer un issue de hecho en este foro no es el momento, porque no es la función nuestra', expresó claramente el consultor legal en la reunión ordinaria.

'Nuestra advertencia es que deben seguir el proceso de ley que conforme al reglamento se establecen y dar las oportunidades del debido proceso de ley a las personas que puedan ser objeto de señalamiento o de acciones por parte de la Junta', repitió.

Sin embargo, cuando el licenciado Fernando Lloveras San Miguel, quien renunció dos días después a su puesto en la Junta, preguntó si había algún derecho que la Junta estaría violando de hacer público el informe en esta etapa, dado que las personas en cuestión ya sabían que eran objeto de investigación pues fueron entrevistadas, y que el informe se publicará de todas formas, Céspedes se limitó a responder que 'yo no puedo asesorar esa parte'.

La Junta de Gobierno contrató a esta firma de consultoría legal y constituyó esa comisión externa para que realizara una investigaciónen torno a la concesión de becas presidenciales a raíz de una serie de delicados señalamientos que selevantarancontra laotorgación de becas.

De marzo a junio del presente año, la Comisión investigó los diferentes casos, haciendo requerimientos de información, citaciones y entrevistas, enumeró Céspedes. El informe final fue entregado en la tarde del lunes en la oficina de la secretaria de la Junta, Sandra Espada, y estaba dirigido al actual presidente de la Junta, Carlos Pérez Díaz.

El informe cuenta con 161 páginas y consta de varias secciones, de las cuales las más extensas están relacionadas con la lectura y el análisis de cientos de documentos. También la redacción intenta entablar un hilo conductor coherente que termina en hallazgos generales, particulares y consideraciones finales.

La Junta de Gobierno ya había decidido el pasado 23 de junio que se crearía un subcomitéque evaluaría el informe y emitiría recomendaciones sobre el proceder de la Junta. El mismo está presidido por la representante claustral Gloria Butrón, el presidente del Comité de Ley y Reglamento Carlos Pérez Díaz y el presidente del Comité de Auditoría, Juan Acosta, y el nuevo representante estudiantil graduadoGilbertoDomínguez,quien el día de la reunión aún no había sido electo y que entra en función el1rode julio, por lo que entonces es que el subcomité se reuniría-.

Sin embargo, el representante estudiantil Arvelosolicitó que se hiciera entrega del informe tal como fue provisto por la Comisión, a todos los miembros de la Junta, aunque sea ese subcomité quien evalúe sus hallazgos y recomiende el plan de acción a tomar. Fue ahí que la secretaria Espada pidió cautela, al igual que el representante claustral Edgar Resto.

No obstante, Arvelotrajo como ejemplo que cuando se discuten asuntos de personal dentro del Comité de Ley y Reglamento de la Junta, todos los documentos se cuelgan en Blackboard, una red interna de todos los miembros, incluso los que no forman parte del Comité, para que esté enterados de lo que ocurre. 'Con este informe estamos actuando de manera distinta', indicó el estudiante.

Sobre los fundamentos legales que cobijan la decisión de no circular el informe, Arvelo comentó a NotiCelque se trata de un cuerpo colegiado que decidió no divulgar entre sus miembros el informe. 'Cuán legítimo sea o si se sostiene en un Tribunal, no sé', reconoció el estudiante.

'El argumento que utilizan es que hay que darle oportunidad a las partes implicadas a que vean el informe y se orienten sobre el particular en un debido proceso de ley. [Pero] se contratóun ente externo para quehicierauna evaluación y no que la Juntahicierala evaluación', agregó.

El estudiante que termina sus funciones hoy, jueves, hizo un llamado para que se publique ya el informe, y se le hagan llegar los resultados al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental, cuerpos que también están evaluando el programa.

Ya el Senado de Puerto Rico aceptó una petición para que se le exigiera a la Junta de Gobierno la publicación del informe en un máximo de cinco días a iniciativa de la senadora del Partido Popular Democrático,Mari Tere González, y su homólogo del Partido Nuevo Progresista, Larry Seilhamer.

A su vez, el presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, Guillermo Guasp Pérez, advirtió que el atraso en la divulgación de los resultados puede tener como resultado que prescriban los posibles delitos cometidos, y que a todas luces, 'puede ser adjudicado a un interés de encubrir los delitos señalados por la comisión investigadora'.

NotiCel se comunicó con la Junta de Gobierno, y se notificó que está preparando una respuesta por escrito para explicar los fundamentos legales por los cuales aún no publican los resultados de la investigación del programa de becas presidenciales.

Vea la discusión sobre el informe en los primeros 35 minutos de este video.

*Nota editada tras su publicación para cambiar título y añadir video y citas.