Exigen aclarar estatus de plaza no docente de Arturo Ríos Escribano
El escándalo de grandes proporciones que se desatara la semana pasada por el aparente uso de influencias y amiguismos en la otorgación de becas y puestos docentes y no docentes en la Universidad de Puerto Rico (UPR) pica y se extiende, mientras continúa saliendo a relucir información que apunta a que las presunciones de corrupción academica estás basadas en hechos y no son mera especulación.
Hoy, la representante estudiantil del Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) de la UPR, Shelimar Velázquez, exigió a la Administración Universitaria del recinto de Río Piedras, a través de una carta abierta, que aclare si en efecto la otorgación de dicha beca presidencial es con el propósito de abrir una plaza docente para ese Instituto o para el Departamento de Gerencia.
Los señalamientos surgen luego de que la prensa del País reseñara la controversial otorgación de las becas presidenciales en la UPR y el halo de irregularidades que lo rodea.
'…Ha salido a relucir lo que parece ser un proceso manchado de conexiones y amiguismos vinculados a la política partidista y posiciones en el gobierno. Ante este escenario los y las estudiantes del IRT de la UPR, Recinto de Río Piedras, hemos decidido expresarnos…', lee la misiva fechada al 25 de febrero.
'El pasado 22 de octubre de 2015 a cuatro representantes estudiantiles, con en el momento director interino del IRT y procurador estudiantil, junto a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Dagmar Guardiola, y el señor rector Carlos Severino Valdez sostuvieron una reunión. Posteriormente, se publicó en el Portal Universitario www.uprrp.edu, un artículo titulado ‘UPR-RP Fortalecerá oferta académica del Instituto de Relaciones del Trabajo' y se identificó al IRT como área de prioridad dentro del Recinto. Como parte de los esfuerzos para fortalecer la misma se concedió una 'Beca Presidencial' en estudios de materia de relaciones laborales. En dicha reunión salió a relucir el nombre de Arturo Ríos Escribano, como receptor de la misma, quien actualmente ocupa una plaza por contrato (no docente) en el Departamento de Gerencia, de la Facultad de Administración de Empresas', continúa la carta.
La misiva señala posibles incongruencias en el proceso de recomendación de Ríos Escribano para la beca, que a su vez, se suponía le proveería con un puesto docente en el IRT.
'Según lo publicado por los medios, Ríos Escribano contó con la recomendación del entonces director interino del IRT. No obstante, la prensa detalló que como parte del acuerdo el Departamento de Gerencia es quien podría hacerle una oferta de plaza docente…recalcamos la situación crítica en la que se encuentra el IRT, la cual afecta la oferta académica para los y las estudiantes. El mismo, actualmente cuenta con solo tres profesores, del cual uno oficialmente se retirará al culminar el semestre en curso. Hemos exigido que se le otorgue una plaza para la docotra Virgen Cáceres quien ha laborado en la unidad por alrededor de nueve años. Hacemos hincapié sobre la apertura de, al menos, seis plazas docentes', indica la portavoz de los estudiantes en la misiva.
Finalmente, los estudiantes señalaron como un engaño la otorgación de la beca presidencial con el propósito de abrir una plaza docente en el IRT.
'Condenamos, a su vez, que se nos utilice y se engañe, poniendo en juego la existencia del IRT y nuestra educación. Igualmente, nos hacemos eco del llamado a la realización de una auditoría con respecto a la otorgación de las becas presidenciales. Así mismo, creemos pertinente que en un futuro la otorgación de las mismas sea mediante convocatorias públicas, para garantizar la transparencia en dicho proceso y alcance a mayor cantidad de posibles candidatos y candidatas', concluye el escrito.
El escándalo con las becas presidenciales se desató la semana pasada luego de que el analista radial Carlos Díaz Olivo, denunciara la otorgación de esta beca a varios recipientes que no cumplían con los requisitos que la Administración exige para ser considerados para la ayuda económica a estudiantes graduados y posgraduados y que tenían vínculos con la alta jerarquía de la Universidad y con la administración del gobernador Alejandro García Padilla.