A solo horas de presentarse ante la comisión legislativa que investiga el manejo de fondos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el presidente del sistema universitario, Uroyoán Walker Ramos se mantiene firme en que se registra en su gerencia administrativa una reducción global de posiciones de confianza y de los fondos de su nómina.

Esta información, apoyada por documentos oficiales publicados de forma virtual por Administración Central hace unas semanas desmiente así el posible aumento millonario en puestos de confianza que saliera a la luz públicada hace dos meses.

Contradice las tablas comparativas de salarios y posiciones de confianza en el período del 2011 al 2015, que previamente circulara el saliente representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno, Aníbal López Correa, cuyos datos reflejan un aumento de 67 puestos de confianza y de $6 millones aproximadamente en nómina, desde que Walker Ramos asumiera el rol de Presidente.

Por el contrario, las tablas publicadas por Administración Central reflejan una disminución global de 70 puestos de confianza y una reducción de $4 millones de nómina. Además, la mayoría de quienes ocupan cargos de confianza aparecen como empleados de carrera, lo cual quiere decir que forman parte de la plantilla del sistema y lo que reciben es una bonificación o un ajuste de sueldo por ocupar tareas administrativas desde la gerencia académica.

En el desglose de puestos, los aumentos en algunos salarios de empleados de confianza, sostuvo Walker Ramos, se deben a un aumento de 4.8% al salario de la plantilla docente, el cual se designó en julio de 2013, así como un aumento de sueldo de los empleados exentos no docentes. A su vez, el Presidente declaró que también hubo una reducción de 3% en el sueldo de todo el personal de confianza del sistema. 'Tomé esa decisión', dijo.

Mientras que la información ya está pública y accesible para la población a través de www.upr.edu, los datos continúan bajo escrutinio, a juzgar por cuestionamientos del exrepresentante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno, Christopher Torres Lugo. Los datos provistos por la comunidad universitaria contrastan con algunos de los datos oficiales de posiciones de confianza sometidos a la Oficina del Contralor bajo la Ley 103, enunció.

De las unidades que reportaron a la Oficina, existe una diferencia de 243 posiciones en comparación con los datos que figuran en el portal virtual de la UPR, a lo que se suman 102 empleados de confianza que no son empleados de carrera del sistema, notó Torres Lugo. Ante dicho cuestionamiento, Walker Ramos respondió que, aun cuando no le consta dicha esa información, cada unidad somete su información por separado a la Oficina del Contralor, y en el caso de Administración Central, los números coinciden.

A diferencia del Gobierno, en el sistema universitario, el personal de confianza comprende a decanos, directores de departamentos, entre otros puestos administrativos que trabajan directamente con la Academia o con la prestación de servicios estudiantiles, Administración Central posee lo que se conoce tradicionalmente como personal de confianza, que son puestos administrativos que se reportan a la Oficina del Presidente, algunos en calidad de asesores o ayudantes, y de los cuales algunos no proceden del contexto universitario.

Torres Lugo, quien precedió a López Correa en el puesto de representante estudiantil, criticó a su vez en las redes sociales algunos salarios de los empleados de confianza de la Oficina de Presidencia, por resultar muy elevados. Tal es el caso, según el estudiante de maestría del Recinto Universitario de Mayagüez, del Director Ejecutivo de la Oficina de Presidencia, quien recibe una remuneración de $100,800 anuales.

Torres Lugo objetó el salario por carecer el puesto de responsabilidades legales que se acerquen a las de los jefes de agencia, que ganan $80 mil por virtud del puesto, mientras el Gobernador de Puerto Rico recibe $70 mil y el Secretario de Estado, $90 mil.

No obstante, Walker Ramos aclaró que los salarios son comparables con los que ha habido en el pasado. En cuanto a los empleados de confianza que no son empleados de carrera del sistema - algunos provienen de la Autoridad de Carreteras y Transportación, o del sector privado - Walker Ramos aclaró que a algunos los conocía y otros atravesaron un proceso de entrevista para ser contratados.

A su vez, Torres Lugo también envió una petición a la Junta de Gobierno para que se hagan públicos los documentos oficiales sobre viajes pagados por la Oficina de Presidencia, desde el 5 de diciembre de 2013, fecha en la que comenzó su gestión Walker Ramos, hasta la actualidad. En la comunicación escrita, Torres Lugo pide que se refleje los nombres de los funcionarios que viajaron, las fechas de los viajes, el destino, el costo total desglosado en partidas y la justificación del viaje.

'La razón por la que hice la petición es porque me parece alarmante la cantidad de viajes que la oficina del presidente parece estar pagando. Además, hay viajes en lo sque hay sobre 10 y 20 funcionarios públicos, otros en los que participan funcionarios que no tienen peritaje en el área del asunto que se va a atender en el viaje', comentó a este medio.

Para abordar el asunto, Walker Ramos hizo hincapié en la misión de internacionalización que ha puesto en práctica en su gestión administrativa. El aumento en los viajes ha traído consigo, recordó, acuerdos colaborativos entre la UPR y la Universidad de Yale, la firma del acuerdo para crear una escuela de aviación en vínculo con Lufthansa, acuerdos con el Centro Comprensivo de Cáncer de Madrid, oportunidades de financiamiento, movilidad estudiantil, entre otras oportunidades de visibilización.

A su vez, Torres Lugo radicó una querella ante la Oficina del Contralor para atender el caso del Director de Sistemas de Información de Administración Central, Víctor Díaz Rodríguez, que vive en las residencias de la Facultad de la UPR. Torres Lugo denunció el 'uso ilícito del complejo', cuya renta de $500 mensuales está siendo costeada por la Oficina del Presidente.

De acuerdo a la reglamentación universitaria, las viviendas de la Facultad no se pueden utilizar para propósitos administrativos ajenos a las funciones asignadas a las viviendas, que sirven como recurso temporero para el reclutamiento o retención de profesores universitarios visitantes o que comienzan sus servicios en la UPR, así como para prestarle vivienda a un profesor cuyas circunstancias particulares justifiquen la prestación de residencia con carácter temporero.

Walker Ramos se limitó a decir que no ha recibido querella alguna ni notificación de la Oficina del Contralor.

Mientras tanto, la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, organismo de la Asamblea Legislativa, investiga precisamente el posible mal uso de fondos públicos de la UPR, sobre todo en los renglones de deudas que han dejado de cobrar, y señalamientos a prácticas administrativas respecto al desembolso de fondos, manejo de propiedad, administración de personal y uso de efectivo en caja menuda.

Ante este panorama, Walker Ramos manifestó que existe una meta clara por manejar la Universidad responsablemente desde el punto de vista financiero. 'Más allá de una intención, ha habido una meta de disminuir unos señalamientos, no quiero llover sobre mojado, pero que en algunos casos son históricos, señalamientos que se sostienen, porque no ha habido rendición de cuentas'

El Presidente aseguró que el 12 de agosto cuando se presente ante la vista pública, reafirmará su compromiso por erradicar los señalamientos y trastocar la cultura de que 'no suceda nada' cuando se falla en la auditoría de estados financieros.

'Eso nos cuesta la credibilidad de la institución y afecta particularmente a los estudiantes ya que unos estados financieros no auditados a tiempo pueden tener consecuencia con la Beca Pell. Somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, para cumplir la meta siempre y que los estados financieros estén disponibles', planteó.

Por su parte, la Rectoría del Recinto de Río Piedras ya había desmentido el alegado aumento en empleados de confianza en su Recinto, señalando que, por el contrario, también ha habido una disminución.

Ríos González, en carácter de Rectora Interina del Recinto, sostuvo que la cifra actual de empleados de confianza es de 189 con un presupuesto asignado a nómina de $13.3 millones. Estos datos mantuvieron congruencia con lo que reflejó el documento elaborado por el representante estudiantil ante la Junta de Gobierno, Aníbal López Correa.

Sin embargo, la incongruencia estriba en que, según la tabla de nóminas y bonificaciones englobadas presentadas como evidencia por Ríos González, el año académico pasado, 2013-2014, el Recinto alcanzaba 223 empleados de confianza con un presupuesto asignado de $16 millones, por lo que habría una disminución de casi 40 puestos y aproximadamente $3 millones a partir de la llegada a Rectoría de Carlos Severino Valdez.

Ríos González, quien informó que la tabla se encontraba disponible en la Oficina de Recursos Humanos del Recinto, así como en el informe anual de presupuesto, resaltó que en el Recinto, los puestos de confianza se ganan por mérito y no como nombramiento político-partidista, como 'ocurre en el Gobierno', lo cual ha criticado durante años desde su dirección de la Escuela Graduada de Administración Pública.

El término de empleado de confianza en la Universidad de Puerto Rico, incluye al cuerpo de rectores, decanos de facultades, directores de departamentos, directos de finanza, decanos sin facultad, vicepresidentes de gestiones académicas, estudiantiles y de investigación y tecnología, entre otros. Incluso, algunos de estos nombramientos, exigen un proceso de consulta con la comunidad universitaria, además de el cumplimiento con requisitos estrictamente académicos.

No obstante, también existe una gama de empleados de confianza que son los conocidos asesores y ayudantes, que pueden contratarse para brindar expertise sobre un tema o para apoyar en tareas administrativas, entre otros objetivos. Algunos de estos puestos los ocupan miembros de la comunidad universitaria a quienes se les concede una bonificación por sus labores por encima de su salario regular.

Según Ríos González, en Río Piedras los especialistas contratados que no pertenecen a la comunidad universitaria, proceden de las áreas de finanzas y tecnología, o son piezas claves para la elaboración de informes de cumplimiento con las acreditaciones de los programas académicos. 'No es que alguien venga de amistad', sostuvo.

Por su parte, López Correa aseguró que desde febrero llevaba pidiendo los datos correspondientes a empleados de confianza de todos los componentes de la UPR, y nunca recibió documentos finales y firmes proporcionados por Administración Central. Incluso, comentó que los datos que expuso en la tabla que elaboró, provienen de la Oficina de Recursos Humanos y de los diversos Recintos.

Mientras los estudiantes reclamaban que se hicieran públicas las listas, Torres Lugo cuestionó el porqué de la demora.

'La dificultad para acceder documentos oficiales se dio durante todo el periodo en el que participé de las estructuras de gobernanza universitaria, no solo mientras estuve en la Junta de Síndicos y de Gobierno. La falta de transparencia probablemente se deba a la cantidad de gastos excesivos que se realizan en la administración central y los cuales han sido denunciados una y otra vez por los distintos sectores de la comunidad universitaria', sostuvo unos días antes de que se hicieran públicas las tablas de salarios y posiciones de confianza.