El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Miguel Muñoz, insiste en que se procede de forma usual en referencia a la reunión sostenida hoy con la Junta de Síndicos tras el reciente allanamiento que diligenció ayer la Oficina del Inspector General (OIC) de parte de la National Science Foundation (NSF), como parte de una pesquisa federal. Sin embargo, le restó prioridad en la reunión para discurtir este asunto, a la vez que se presentó a votación su destitución.

En dicha reunión se entregó copia de la orden de allanamiento a algunos de los síndicos, y el vicepresidente de Investigación y Tecnología de la UPR, Dr. José Lasalde, aprovechó la ocasión para asegurar que la UPR está lista para la visita de la NSF.

Sobre la votación para la destitución del Presidente de la UPR, esta resultó desestimada ya que sólo 4 síndicos optaron por solicitarle la renuncia, ante los 9 miembros que decidieron retenerlo.

Aníbal López Correa, quien fungirá como síndico estudiantil dentro de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR), intentó entregarles hoy a los miembros de la Junta una carta solicitando la renuncia a varios miembros de la colectividad, aunque luego se rechazó su presencia en la reunión.

'Por ahora debemos esperar a que se investigue todo el asunto', señaló Felipe Carro, uno de los síndicos que votó en contra de la destitución de Muñoz.

En la carta entregada por López, se denuncia que, 'Ustedes, con la excepción de una minoría que constantemente ustedes ignoran, le han dado rienda suelta a la incompetencia, la inacción, la mediocridad a tal grado que bajo esta Junta de Síndicos, y por primera vez en la historia, la institución tuvo una pérdida de 10,000 estudiantes por su caprichosa cuota de $800, estuvo en una probatoria sistémica de parte de la Middle States Comission on Higher Education, y ahora se encuentra suspendida de recibir nuevos fondos por parte de la NSF'.

Los síndicos que votaron a favor de la destitución de Muñoz fueron Christopher Torres Lugo, Carlos Pérez, Ana Matanzo, y Carmen Ana Miranda.

Desde la izquierda, Christopher Torres y la síndico Ana Matanzo. (Juan Costa para NotiCel)

De otra parte, el actual síndico estudiantil, Christopher Torres Lugo, opinó que el hecho de que la Junta solicitó los servicios de Drinker Biddle, <><><><><><><><><>& Reath, un bufete de abogados especializados en crímenes de cuello blanco, para lidiar con las autoridades federales, es algo que la NSF obervará como la adopción de una postura adversaria de la Administración Central ante ellos, especialmente después que el presidente de la UPR, Miguel Muñoz, y otros síndicos alegaran que la administración está en perfecto cumplimiento con la NSF. La contratación, que asciende a unos $300,000 según confirmada, lleva en vigor desde el 22 de octubre del 2012 y concluye el 30 de junio del 2013./p

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Sin embargo, el presidente de la Junta de Síndicos, Luis Berríos Amadeo, aseguró que el bufete contratado no se especializa en crímenes de cuello blanco, y que esta decisión no debe ser notoria. La semana pasada vino un abogado de esa colectividad, Charles Rose, para investigar el caso./p

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En la reunión de hoy también se propuso la idea de nombrar a María Vargas, la Directora Asociada del Centro de Recursos de Ciencia e Ingeniería (CRCI), como encargada de la Oficina de Cumplimiento. O sea, se propuso que Vargas formará parte de la entidad encargada de evaluar el trabajo de CRCI, lo que representa 'un claro conflicto de intereses' según Torres. Sin embargo, ese nombramiento se retiró poco después./p

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Cuando se le cuestionó a Muñoz sobre el nombramiento, discrepó y prometió que 'no es un conflicto de intereses porque ella estaría abandonando su puesto para así poder trabajar en la Oficina de Cumplimiento.'/p

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También se divulgó que el inspector del OIC que investiga el caso puede solicitar documentos de otras agencias federales, no solo la NSF, incluyendo la Administración Nacional de Aeronaútica y del Espacio (NASA), el Departamento de la Defensa, Departamento de Educación Federal, Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), y el Departamento de Energía (DOE), entre otras./p