Otras siete mujeres obtuvieron ilegalmente aproximadamente $619,923 en beneficios por desempleo.

Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico acusó a una empleada del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y a otras siete mujeres por un esquema de fraude mediante el cual obtuvieron ilegalmente aproximadamente $619,923 en beneficios por desempleo, informó el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

“Estas acusadas utilizaron una posición de confianza dentro del Departamento del Trabajo para radicar múltiples reclamaciones fraudulentas de seguro por desempleo cuando no tenían derecho a esos beneficios”, dijo Muldrow en declaraciones escritas.

Según la acusación, las imputadas conspiraron para someter información falsa con el fin de obtener compensación por desempleo del Departamento del Trabajo, utilizando identidades de terceros, datos personales falsos y alegados historiales de empleo inexistentes.

La acusación señala que Luz Garay Osorio, quien era empleada del Departamento del Trabajo, utilizó su acceso al sistema de la agencia para hacer elegibles a familiares y allegados, crear historiales laborales falsos, alterar registros y emitir determinaciones monetarias y no monetarias fraudulentas. Además, radicó reclamaciones utilizando identidades de otras personas y provocó el desembolso de beneficios a otras conspiradoras.

El esquema permitió que las acusadas recibieran aproximadamente $619,923 en beneficios, mientras que Garay Osorio obtuvo cerca de $142,507 mediante pagos directos y transferencias realizadas por las demás imputadas como parte del esquema de sobornos y devolución de dinero.

Entre las personas acusadas figuran familiares de Garay Osorio, quienes presuntamente transfirieron miles de dólares a su cuenta bancaria tras recibir los beneficios fraudulentos. En algunos casos, los fondos fueron canalizados mediante órdenes de dinero y transferencias electrónicas.

Garay Osorio enfrenta cargos adicionales por lavado de dinero y apropiación ilegal de identidad agravada. La acusación también incluye cargos por conspiración para robar fondos federales y fraude postal por servicios honestos. Tras la investigación, Garay Osorio fue despedida del Departamento del Trabajo.

De ser encontradas culpables, las acusadas enfrentan penas de hasta cinco años de prisión por los cargos de conspiración y apropiación de fondos públicos. Garay Osorio podría enfrentar hasta veinte años adicionales por fraude postal y lavado de dinero, además de una sentencia obligatoria de dos años por apropiación ilegal de identidad agravada.

El caso es procesado por el fiscal federal auxiliar Scott Anderson. La investigación estuvo a cargo del Departamento de Trabajo federal, la Oficina del Inspector General, el Buró Federal de Investigaciones y otras agencias estatales y federales.

Las acusaciones constituyen señalamientos formales y no representan prueba de culpabilidad. Las imputadas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.

Destituida de su empleo

La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, María del Pilar Vélez Casanova, confirmó que la exempleada de la agencia, Luz Garay Osorio, fue destituida del cargo el pasado marzo, luego de que una rigurosa investigación interna detectara el esquema fraudulento para beneficiar allegados con fondos del Seguro por Desempleo.

Según la secretaria, los hallazgos de la pesquisa, que estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones y Seguridad Interna del DTRH, en colaboración con la Policía de Puerto Rico y organismos federales, fueron referidos al Departamento de Justicia Federal para la radicación de cargos criminales.

La titular del Trabajo explicó que Garay Osorio, quien estaba adscrita al Negociado de Seguridad de Empleo, fue destituida de su puesto el pasado 14 de marzo, luego de un procedimiento disciplinario que garantizó su debido proceso conforme a las leyes estatales vigentes. La investigación reveló un patrón de irregularidades en la aprobación de beneficios por desempleo, incluyendo pagos indebidos por más de $44,000, y aprobaciones fraudulentas a favor de personas no elegibles, entre ellas un miembro de su propio núcleo familiar.

“La acción que dio a conocer el Departamento de Justicia Federal se originó en una investigación interna iniciada y liderada por el equipo de la Unidad de Investigaciones y Seguridad Interna del DTRH.  Gracias a la agudeza, compromiso y sentido de responsabilidad de estos compañeros se detectaron las irregularidades, se tomaron las acciones disciplinarias correspondientes, y se protegieron los fondos públicos”, expresó la secretaria del DTRH.