Frank Torres Viada, quien representa a la empresa, denunció que la medida responde a una batalla interna del PNP y no a una evaluación objetiva de los servicios prestados.

Frank Torres Viada, abogado de Physician Correctional, cuestionó severamente la decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de cancelar el contrato vigente con la empresa y sostuvo que la medida responde a una “represalia política” dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) por encima de una evaluación objetiva de los servicios prestados.

Según Torres Viada, la carta de cancelación enviada por el DCR se fundamenta en dos señalamientos: la excarcelación del confinado Hermes Ávila y unos informes de la firma Uticorp que apuntan a supuestas deficiencias en los servicios médicos. En su análisis, ninguno de esos elementos constituye una justificación válida para terminar el contrato.

“El caso de Hermes Ávila se ha manipulado públicamente. Se ha querido decir que Physician fue negligente al certificar que él tenía paraplejia, pero esa determinación estuvo sustentada en el expediente médico del Fondo del Seguro del Estado, que le adjudicó 100% de incapacidad”, afirmó.

Torres Viada explicó que, según el procedimiento establecido por ley, el panel médico que evaluó el caso actuó correctamente al certificar una condición incapacitante.

“Physician no tiene autoridad para soltar a nadie. Fue el Departamento de Corrección la que lo excarceló sin cumplir con otros criterios esenciales como la peligrosidad del confinado, su historial delictivo y la supervisión requerida”, añadió.

Respecto a los informes de UTICorp, el abogado alegó que no fueron notificados oportunamente y tampoco se ofreció a la empresa el periodo de corrección que exige el contrato.

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Asimismo, dijo que mientras el DCR usa esos informes como justificación, la entidad nacional que establece los estándares utilizados por UTICorp otorgó una certificación de cumplimiento a Physician Correctional.

“Esto no tiene que ver con fallas en el servicio, tiene que ver con política”, denunció.

Según el licenciado, la cancelación del contrato se alinea con expresiones públicas de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien en el contexto de su campaña primarista contra Pedro Pierluisi afirmó que se trataba de un compromiso programático del PNP.

“Estamos ante un patrón de represalias. Primero se purgó a funcionarios vinculados a la administración Pierluisi y, ahora, se va contra contratistas que colaboraron con esa campaña». dijo Torres Viada.

«Las promesas políticas no son base legal para cancelar contratos, y hacerlo así plantea incluso violaciones a la libre expresión y al derecho constitucional de participación política”, argumentó.

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El licenciado de la empresa también advirtió que Physician ha sufrido un daño de reputación significativo, a pesar de contar —según él— con un equipo de profesionales altamente capacitado.

“Vamos a agotar todos los recursos legales para defender los derechos de la empresa”, adelantó.

Ante la posibilidad de que la compañía se reestructure o participe en el nuevo proceso de convocatoria bajo otro nombre, Torres Viada fue enfático: “No creo que Physician esté interesado aunque no lo he discutido directamente con mis clientes, lo que está planteado ahora es que hay un contrato vigente hasta 2028, con $48 millones restantes, y eso es lo que vamos a defender”.

A su vez, el abogado también cuestionó la legalidad del nuevo proceso de convocatoria iniciado por el DCR, señalando que se ampara en una orden ejecutiva y no en los procedimientos formales que rigen las licitaciones gubernamentales.

“Cuando el proceso se aparta de la ley y le da al secretario una discreción casi absoluta para contratar, y simultáneamente se cancela un contrato sin fundamento legal, eso sugiere que el contrato nuevo ya tiene nombre y apellido”, concluyó.

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