Un programa de educación cívica del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sesionó por primera vez en la isla para ofrecer una mirada al interior del Poder Judicial federal.

En esta tarde de junio, hubo mucho nerviosismo en una de las salas frías, amplias y de techos altos que distinguen al Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

La expectación no era de algún testigo en medio de un contrainterrogatorio o de un acusado a punto de recibir una condena que probablemente lo saque de la isla por muchos años en una cárcel continental. Era de unos 25 estudiantes de escuela superior que aguardaban su turno para dar un informe oral sobre un caso del Tribunal Supremo federal argumentado hace 50 años. Antes de que algunos de sus padres hubieran nacido y definitivo que mucho antes de que ellos hubieran nacido.

Sin embargo, es un caso que todavía tiene resonancia hoy, que salió de Puerto Rico y que fue argumentado ante los jueces del Supremo federal por puertorriqueños. Específicamente por Miriam Naveira Merly, quien con ese caso se convirtió en la primera mujer puertorriqueña que presentaba una argumentación en el foro federal máximo. Luego sería la primera jueza presidenta del Tribunal Supremo local.

Todos estos pesos que la historia puede tener todavía hoy, y las interioridades del Poder Judicial federal, son el foco del programa de educación cívica The Supreme Court and My Hometown, que la Sociedad Histórica del Tribunal Supremo comenzó en 2023 y que ocurrió en la isla por primera vez con dos sesiones. Una de las sesiones fue del 9 al 13 de junio y otra del 16 al 23 de junio.

Mientras los padres orgullosos ocupaban las bancas, los jóvenes se acercaban al micrófono para, en inglés, hacer su informe sobre distintos aspectos del caso Examining Board v. Flores de Otero. Allí se cuestionó una ley que tenía Puerto Rico que prohibía a extranjeros ser elegibles a tener licencias profesionales, específicamente la de ingeniero, aunque tuviera residencia legal. Una discusión que todavía resuena hoy en medio del recrudecimiento de la política pública antinmigración bajo la segunda presidencia de Donald Trump.

Cuando el tribunal emitió su decisión en 1976, el bloque mayoritario 7 a 1 tenía a cinco jueces conservadores que, por voz del juez Harry Blackmun, dijeron que esa ley era inconstitucional porque el estado requería un interés apremiante para imponer ese discrimen. Ninguna de las tres justificaciones que el Estado Libre Asociado ofreció a través de su entonces Procuradora General, Naveira Merly, cumplían con este criterio, concluyeron. Por el lado de la ingeniero mexicana que reclamaba discrimen, argumentó el licenciado Max Ramírez de Arellano.

Además de los padres, desde las bancas seguían el desempeño de los estudiantes cuatro personas que hicieron posible estas sesiones: el licenciado Néstor Méndez (miembro de la Sociedad Histórica), el juez presidente del Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, la magistrada Giselle López Soler y su asistente, Heidi Pantoja. El subsecretario del tribunal, Jorge Soltero Palés, la jueza Gina Méndez Miró, el licenciado Jeremy Marwell y los profesores Hiram Meléndez y Marta Almeida también contribuyeron al desarrollo de las sesiones.

“Los estudiantes en Puerto Rico son algunos de los más brillantes con los que he tenido el privilegio de trabajar. Encontré increíble la profundidad de su conocimiento sobre historia de Estados Unidos, su historia local y del gobierno”, resaltó Nicole C. Maffei, directora de Educación Cívica de la Sociedad, al mencionar la disposición de los estudiantes, lo rápido que estaban listos para hacer preguntas y su capacidad de trabajo aún fuera de las horas regulares del programa.

Maffei anticipó volver a la isla en 2028, para sesiones que comenzarán a recibir solicitudes en 2027. Los estudiantes deben ser bilingües y estar próximos a graduarse de secundaria o que se acaben de graduar en 2028. No necesitan estar encaminados a estudios de Derecho. Aunque los jueces del distrito recomiendan escuelas, pueden solicitar estudiantes de cualquier escuela, siempre que cumplan con el requisito del lenguaje. Los jueces del distrito también sugieren los casos relacionados a Puerto Rico que se pueden considerar.

Arias Marxuach reconoció que el requisito del lenguaje puede limitar la participación porque la Sociedad no produce los materiales del cursillo en español. Pero apuntó que el Distrito de Puerto Rico mantiene un programa de educación cívica en español que se realiza tres veces al semestre en el que los participantes pasan una tarde en el tribunal aprendiendo a cómo diferir con respeto, dialogando con abogados practicantes, realizando argumentaciones orales y tomando pruebas sobre distintas circunstancias de la vida diaria de un adolescente que pueden tener consecuencias legales.

“Soñar no cuesta nada, a lo mejor un día podemos dar este (del Supremo federal) en español”, comentó.

Durante las sesiones, los estudiantes escucharon los argumentos que ofrecieron ante el Alto Foro federal Naveira Merly y Ramírez de Arellano aquel 8 de diciembre de 1975.

“Como puertorriqueño, me dio orgullo ver que en cinco minutos (Naveira Merly) había resumido muy bien su argumento”, contó el juez presidente al recalcar que uno de los objetivos es que los estudiantes puedan ver “que los puertorriqueños pueden ejercer la profesión que sea, a los niveles más altos”.

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