Pugna entre suplidores de guaguas públicas porque la agencia le mantiene un contrato al que el Supremo descalificó, aunque era el más barato.

La empresa Transporte Sonnell LLC recurrió al Tribunal Supremo para solicitarle que encuentre en desacato al director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo, por mantener contratado a un suplidor que ese mismo foro descalificó por entender que acreditó correctamente su capacidad financiera.

La solicitud del miércoles tiene que ver con proveer guaguas para operar y mantener ocho rutas que complementan al Tren Urbano. El trámite inició con un requerimiento de propuestas en 2022 y llegó hasta una resolución de julio de 2024 en la que el Alto Foro descalificó a First Transit PR, Inc., el proponente que había resultado agraciado.

El Supremo instruyó a la ACT a que, “de aún entenderlo procedente”, convocara un nuevo proceso para adjudicar este servicio de rutas. Mientras estaba en trámite el caso ante el Tribunal de Apelaciones, la agencia firmó contrato con First Transit como suplidor agraciado. Luego de la decisión del Supremo, la ACT estableció calendario para un nuevo proceso de requerimiento de propuestas pero, según la moción de Sonnell, la adjudicación se haría el 15 de octubre y la firma del contrato nuevo en diciembre.

“Una vez la Opinión y Sentencia (del Supremo) advino final y firme, la ACT venía obligada a cancelar inmediatamente el contrato con (First Transit). Al día de hoy, han transcurrido más de seis meses desde que la Opinión y Sentencia advino final y firme y la ACT mantiene una relación contractual precisamente con el licitador que fue descalificado en la solicitud de propuesta aquí en controversia”, argumentó Sonnell en su solicitud de desacato.

El transportista solicita también la cancelación del contrato y la devolución del dinero pagado a First Transit bajo el mismo. González Montalvo fue director de la ACT en la Administración Pierluisi y se mantiene en esa posición, así como que fue aprobado como secretario de Transportación y Obras Públicas, bajo la actual administración.

La propuesta de Sonnel para proveer el servicio de rutas fue $10 millones más cara que la de First Transit, pero el Supremo, por voz de la jueza asociada Mildred Pabón Charneco, descalificó a éste por entender que comparecieron al proceso como una entidad autónoma, pero quisieron acreditar su capacidad financiera usando los datos de su matriz y otras entidades relacionadas.

En una disidente, el juez asociado Luis Estrella Martínez dijo que el foro debió respetar la pericia de la ACT al hacer la adjudicación del contrato porque protegía el interés público al escoger un suplidor con experiencia y más barato. El erario “ya estaba siendo protegido por las medidas que había tomado la ACT”, dijo.