La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión adversa que revela irregularidades con el manejo de multas y posibles fraudes en cambios de estatus.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Centro de Servicios al Conductor Metropolitano (CESCO), tras revelar irregularidades con el manejo de multas, posibles fraudes en cambios de estatus y la pérdida de más de $50 millones en ingresos.

Según el informe, “no se habían cobrado $47.9 millones de 543,711 multas sin corregir para el 2019”, debido a errores en el sistema y la falta de personal para procesarlas. El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) contrató una empresa por $350,000 para trabajar las multas, pero el 90 por ciento de los boletos no pudo corregirse por ser ilegibles.

En una muestra de 42 facturas por $6 millones, el 69 por ciento fue certificado por personal ajeno al proceso de digitalización, y el 31 por ciento se pagó sin hojas de control firmadas. Además, auditores encontraron cambios de estatus de multas sin evidencia de pago y casos en los que operadores invalidaron sus propias multas o las de otros empleados, fuera del horario laboral.

La Contralora identificó 19 operadores que cambiaron el estatus de 129 multas de forma irregular y alteraron otras 2,290 multas por $83,100 fuera de la muestra examinada. El informe señala que estas acciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental en febrero de 2022.

El DTOP confirmó en diciembre de 2024 la destitución de un empleado del CESCO Metropolitano y la intención de destituir a tres empleados de los CESCO de Bayamón, Caguas y Minillas.

La auditoría también reveló que entre el 48 y el 68 por ciento de las 921,322 multas de AutoExpreso emitidas entre 2016 y 2018, equivalentes a $29.2 millones, no se cobraron por falta de mecanismos para identificar a conductores de vehículos arrendados.

Mientras tanto, un portavoz del DTOP circuló unas declaraciones relacionadas al informe del Contralor.

“Desde el primer momento, esta administración ha colaborado plenamente con las autoridades, y hemos iniciado la evaluación y ejecución de medidas correctivas conforme a las recomendaciones recibidas. Nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y el buen uso de los recursos públicos es absoluto. Por ello, hemos tomado acciones disciplinarias y administrativas, incluyendo la remoción de accesos y la reasignación de funciones a personal relacionado con irregularidades, y continuamos cooperando con los referidos realizados al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental», reza la comunicación escrita no atribuidas a un funcionario específico.

“En cuanto al señalamiento de multas sin cobrar y deficiencias en el proceso de digitalización y cambio de estatus, ya se trabaja en la asignación de personal, la revisión de procesos internos y el desarrollo de un reglamento que uniformará las

directrices sobre la modificación de multas en el Sistema DAVID. Además, se están reforzando los controles internos y modernizando los sistemas para evitar que situaciones similares se repitan”, agrega sin entrar en los detalles específicos de los controles que están considerando poner en práctica.