La Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia alertó sobre el posible colapso de ayudas a estudiantes con discapacidades por falta de presupuesto.

Proveedores de terapias y familias de estudiantes del programa de educación especial en Puerto Rico exigieron hoy, martes, a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y a la gobernadora, Jenniffer González Colón, que actúen con urgencia ante la carencia de fondos que mantiene en vilo los servicios del programa de Remedio Provisional.

El reclamo es claro y contundente. Si no se asignan los $100 millones necesarios para el próximo año fiscal, miles de niños podrían quedarse sin las terapias esenciales que requieren para su desarrollo.

Del mismo modo, la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia (APPST) denunció que los proveedores continúan sin recibir pago por servicios prestados desde febrero, debido a la falta de autorización de la Junta para liberar fondos ya identificados.

Actualmente, el programa opera con solo $22 millones, pese a que los costos reales anuales superan los $100 millones.

“Esto no se trata solo de impagos. Es una amenaza directa a la continuidad de un servicio esencial que ya se ofreció y que no puede detenerse”, expresó Víctor Moreno, portavoz de la APPST, quien a su vez advirtió que si la Junta no aprueba los fondos necesarios en el presupuesto 2025-2026, el sistema se enfrentará a una situación aún más crítica que la actual.

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Además, Moreno expresó su preocupación debido a que, de no aprobarse los fondos, el próximo semestre escolar estará marcado por interrupciones en los servicios, terapistas sin recibir paga y familias afectadas económicamente, ya que muchos de estos profesionales también son sostén de hogar.

Alertó también que algunos menores podrían perder incluso la continuidad esencial en sus tratamientos.

Según detalló Moreno, en años anteriores, los servicios del programa Remedio Provisional que excedían el presupuesto asignado se sufragaban con fondos federales de emergencia. Sin embargo, al congelarse esos fondos, el sistema quedó desprovisto de los recursos necesarios para cubrir el exceso, lo que ha generado la actual crisis de impagos. Aunque el programa cuenta con $22 millones aprobados por la Junta de Control Fiscal, esa cantidad, alegan los terapistas y padres, es insuficiente.

Algunos padres y familiares, por su parte, recalcaron que el Remedio Provisional solo existe porque el Departamento de Educación ha fallado en cumplir con sus responsabilidades.

“Cuando llegamos al remedio provisional es porque el sistema nos falló”, sostuvo Jinnete Morales, portavoz de grupo de padres.

Asimismo, hizo hincapié en que Remedio Provisional existe precisamente porque el Departamento de Educación ha fallado en ofrecer los servicios que por ley corresponden a los estudiantes de educación especial. Morales señaló que, al no garantizar tampoco la operación efectiva de esta alternativa, se está incumpliendo por partida doble con los derechos de los menores. También recalcó que los servicios relacionados son esenciales para el desarrollo académico de estos niños y que, sin ellos, quedan completamente desamparados dentro del sistema educativo.

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Morales incluso emplazó a la gobernadora por su falta de reacción ante la situación que atraviesan los estudiantes de educación especial.

“No he escuchado a la gobernadora hablar sobre el riesgo que están corriendo nuestros hijos. La escuché cuando era candidata decir que esto iba a ser una prioridad”, sostuvo.

Los reclamantes subrayaron que el Departamento de Educación ya sometió formalmente la solicitud de los $100 millones a la Junta Fiscal, por lo que ahora la responsabilidad recae exclusivamente en ese organismo. Mientras tanto, profesionales siguen sin cobrar y los servicios esenciales enfrentan interrupciones inminentes.

“Ya basta de tratar la educación especial como una posdata presupuestaria”, señalaron los portavoces.

Tanto padres como proveedores exigieron que se atienda de inmediato esta crisis, que no solo pone en peligro la operación del sistema, sino el derecho a una educación digna para miles de estudiantes en Puerto Rico.