La cifra estará destinada a un fondo administrado por el Departamento de Hacienda.

Completo respaldo por parte de las agencias municipales al proyecto de ley que otorgaría 1% del presupuesto general de Puerto Rico aprobado para el año fiscal previo para nutrir las arcas de los ayuntamientos.

Las asignaciones irían al Fondo de Servicios Esenciales y Responsabilidad Fiscal Municipal.

El Proyecto del Senado 566, de la autoría del senador José Santiago Rivera, deroga y enmienda artículos del Código Municipal de Puerto Rico para tales fines.

No es un secreto que los municipios llevan años alertando sobre la precaria situación económica que se encuentran y la necesidad de establecer un fondo recurrente que los mantenga a flote.

Los recursos aliviarían las finanzas de 37 municipios, cuyos presupuestos operacionales dependen de sobre 40% de las transferencias provenientes del Fondo de Equiparación que está a punto de quedar eliminado.

Desde la implementación de planes fiscales en el 2017, el gobierno central ha realizado recortes en la transferencia de fondos a los gobiernos locales.

Según la exposición de motivos, a pesar de que los municipios cuentan con fuentes de ingreso, los mismos son inestables. Todos dependen de recaudar por concepto patentes, arbitrios, licencias e inventario.

Estos a pesar de que representan una fuente importante de ingreso para los municipios, se han otorgado concesiones parciales o totales sin que los municipios tengan la oportunidad de negociar.

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«De hecho, hasta el 2017 el Fondo de Equiparación recibía hasta sobre $450 millones, recursos que fueron disminuidos por vez primera en el 2017 cuando se implementó el primer recorte promovido en el Plan Fiscal, el cual redujo en $150 millones las transferencias del gobierno central a los municipios. Desde entonces, año tras año los Planes Fiscales han mermado paulatinamente los fondos asignados al Fondo de Equiparación, y se proyecta su total eliminación al primero de julio de 2025», reza el proyecto de ley.

«Esta determinación de política pública ha creado una situación de insolvencia para cerca de 37 municipios, cuyos presupuestos operacionales dependen en sobre un 40% de las transferencias de recursos provenientes del Fondo de Equiparación», agrega el texto.

El P de la S 566, de ser convertido en ley, establecería el fondo especial denominado Fondos de Servicios Esenciales y Responsabilidad Fiscal Municipal y ordena a que sea custodiado por el Departamento de Hacienda.

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Este fondo se nutrirá, al comienzo de cada año fiscal, del 1% del presupuesto general aprobado para el año fiscal previo y dicha transferencia solo se realizará si al cierre de cada año fiscal surgiesen sobrantes en el presupuesto general.

Los recursos transferidos no se podrán utilizar para:

-Contrataciones de servicios profesionales.

-Festivales, fiestas de temporada, actos de juramentación o toma de posesión, reconocimientos u homenajes.

– Aumentos salariales a empleados de confianza.

-Viajes oficiales.

Ismael Rodríguez Ramos, alcalde de Guánica, endosó la medida argumentando que su municipio es de los más afectados por los desastres naturales y que la recuperación se ha visto empañada por la burocracia y la lentitud de los trámites para acceder a fondos de recuperación.

«Nuestro municipio ha tenido que asumir responsabilidades del gobierno central, como las mejoras y el mantenimiento de carreteras estatales, la vigilancia y conservación de nuestras playas y zonas costeras, así como el mantenimiento de la infraestructura escolar. El uso de recursos para estos fines ha creado una carga insostenible para nuestras arcas municipales, dificultando aún más nuestra capacidad para ser independientes y autosuficientes. Hacemos cuanto podemos para ayudar sin recursos y con las manos atadas», expresó Rodríguez Ramos.

Por su parte, la Asociación de Alcaldes sugirió varias enmiendas, entre las que se contempla que sea el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y no el Departamento de Hacienda la entidad administradora del fondo, ya que el CRIM maneja remesas municipales y tiene acceso a las métricas fiscales de los ayuntamientos.

También sugirieron que, en vez de que se desarrolle una fórmula para distribuir los fondos entre los municipios, opten por metodologías ya existentes que considera niveles de pobreza, propuesto funcional per capita, valor tasado de la propiedad tributable y densidad poblacional.

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«Utilizar fórmulas ya reguladas reduce el riesgo de discrecional, asegura mayor transparencia y beneficia a los municipios con mayores necesidades», reza la ponencia de la Asociación de Alcaldes.

La Federación de Legisladores Municipales también sugirió que en la medida propuesta se incluya el orden preferente de los municipios más afectados por la eliminación del Fondo de Equiparación.

Mientras, también la Asociación de Legisladores Municipales endosó el proyecto de ley.

Según expone el P de la S 566, de ser convertida en ley, estará entrando en vigor tan pronto sea firmada por la gobernadora, Jenniffer González Colón.

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