La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado, presidida por Rafael “Rafy” Santos Ortiz, celebró una vista pública en la que agencias gubernamentales y organizaciones deportivas coincidieron en la necesidad de reforzar la fiscalización, reglamentación y protección de los menores en las actividades deportivas.
El Departamento de Recreación y Deportes (DRD), representado por su secretario Héctor Vázquez Muñiz, reconoció limitaciones en su capacidad de fiscalización debido a la falta de personal y, por ello, solicitó un aumento en el presupuesto a $79.3 millones para la contratación de 14 interventores. Según la agencia, esta medida permitiría una supervisión más efectiva de los eventos y torneos en categorías menores.
Además, destacó la importancia de fomentar la participación ciudadana, especialmente de padres y madres, para denunciar irregularidades.
Por su parte, Buzzer Beater, LLC, organización dedicada al deporte escolar, resaltó los avances logrados en la aplicación de la Ley 28-2019, pero subrayó la necesidad de seguir creando conciencia sobre la carga física en menores y de fortalecer las condiciones de las competencias. Señalaron como logros la limitación de juegos por semana y la eliminación de la doble participación en eventos paralelos.
Asimismo, informaron sobre sus esfuerzos educativos a entrenadores sobre la protección de menores en el deporte.
Desde el sector de salud, la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia, mediante el doctor Daniel Rivera Martínez, alertó sobre el impacto del sobre entrenamiento, la especialización temprana en un solo deporte y el agotamiento emocional (burnout) en menores. Propusieron medidas concretas como la inclusión de fisioterapeutas en eventos deportivos, la regulación del personal clínico, y la creación de una oficina de estadísticas de lesiones deportivas para prevenir y atender adecuadamente las condiciones físicas y emocionales de los jóvenes atletas.
Del mismo modo, el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), a través de su presidenta Sara Rosario, respaldó la investigación exhaustiva del cumplimiento de las leyes y reglamentos de protección a menores. Insistieron en la importancia de consultar la literatura científica y de incluir a las federaciones nacionales en el proceso de evaluación para garantizar que las medidas sean efectivas y adaptadas a las realidades de cada deporte.
Los deponentes coincidieron en que la seguridad, salud y bienestar de niños y jóvenes atletas debe ser prioridad y reclamaron recursos adecuados y una fiscalización efectiva para garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes.
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